Más de la mitad de las 38 economías agrupadas en la OCDE protegen las nóminas de sus pensionistas de las tendencias de la inflación a través de subidas vinculadas a la evolución de los precios o de los salarios, con diferente frecuencia. La organización internacional cree que es una medida necesaria para proteger el poder adquisitivo de los jubilados, si bien, en el último informe 'Pensions at a glance' también plantea que esta no debería ser la prioridad de todos los países en momentos excepcionales de "presión económica y fiscal" en los que las pensiones más altas deberían asumir parte de la carga del escenario inflacionista que en términos generales, soportan los trabajadores al ver reducidos sus ingresos en términos reales.
"Aplicar las reglas de indexación con consistencia es clave para generar confianza en la promesa de las pensiones. Sin embargo, proteger a todos los pensionistas contra la inflación ha sido costoso" reza el documento publicado este jueves. Algunos países tienen esta regulación desde hace décadas mientras que otros, como es el caso de España la han recuperado en la última reforma del sistema público de pensiones. Un cambio que entraba en vigor en un escenario en el IPC alcanzaba los dos dígitos y la subida de las pensiones de 2023 llegaba al 8,5% -un 15% en el caso de las mínimas- lo que ha supuesto un contratiempo en términos de balance de gastos e ingresos que impedirá acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que los 'babyboomers' comiencen a poner fin a sus carreras laborales para acceder a la jubilación.
Es por esto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cree que en contextos de crisis estos países deberían estudiar la posibilidad de aplicar "ajustes de tarifa plana", esto es, elevar en un porcentaje o cantidad estipulada con independencia de cuál sea la evolución de los precios y de los salario; o la alternativa, hacer un "ajuste completo" de la inflación pero que solo se aplicaría hasta un umbral de forma que las nóminas de las pensiones más elevadas quedarían excluidas del este incremento. "Puede ser justo que en momentos excepcionales de presión económica y fiscal, los pensionistas con ingresos de jubilación por encima de cierto umbral compartan la carga con la población en edad de trabajar en términos de ajustes reducidos en los beneficios" recoge el informe.
La OCDE entiende que esta sería una política oportuna si se tienen en cuenta los cambios en el patrón por el que evolucionan los precios y los salarios. "El episodio actual de alta inflación revierte la forma estándar de pensar en la indexación de las pensiones" aseguran los analistas, quienes recuerdan que hace unos años muchos países decidieron ligar las pensiones a la evolución de los precios en lugar de a los salarios como medida de contención del gasto público, algo que ha dejado de servir con la última escala inflacionista generada por la invasión de Ucrania. "En circunstancias normales, los salarios crecen más rápido que los precios debido a las ganancias de productividad (...). A corto plazo, debido a la caída de los salarios reales, la indexación de precios se ha vuelto más favorable para los pensionistas".
Este fenómeno no solo altera el poder adquisitivo de los trabajadores, que son los que hacen las aportaciones para sostener las pensiones públicas, sino que también ha trastocado las cuentas que los diferentes estados habían realizado a corto y medio plazo, como advierte la OCDE. "[La indexación de precios] resulta ser más costosa de lo inicialmente previsto para las finanzas públicas o los proveedores de pensiones en general". El Ministerio de Hacienda ya admitía este miércoles que la Seguridad Social necesitará otros tres años para reducir a cero el déficit, a pesar de que en España el esquema de ingresos necesario para sostener esta política se realizó a posteriori, en la segunda pata de la reforma de pensiones culminada hace apenas unos meses.
La normativa española ha puesto el foco en los trabajadores que más cobran para engrosar los ingresos públicos y en menor medida, en las pensiones máximas para lograr un cierto ahorro. La norma aprobada en marzo recoge una subida anual de las bases máximas de cotización que aumentarán tanto como lo haga el IPC medio del año anterior más 1,2 puntos porcentuales, de forma que si la inflación de 2023 fuera del 3% el alza de la base máxima de cotización sería del 4,2% para el próximo año. Además, introduce la 'cuota de solidaridad', un impuesto adicional que gravará la parte del salario que exceda de este límite con entre un 5,5% y un 7% en función de cuánto excedan los ingresos de la cuantía de la base máxima de cotización.
Sin embargo, los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de los que la OCDE se hace eco en el citado informe no esperan que estos refuerzos de los ingresos sean suficientes para cubrir el aumento del gasto, al menos al final del periodo que abarca la reforma, 2050. Para los dos organismos, la mayor parte del esfuerzo público vendrá forzado por la vinculación de todas las pensiones al IPC, que se ve engrosado por las subidas adicionales de las pensiones mínimas, el 'perdón' de las lagunas de cotización por cuidado de familiares y el auge del número de pensionistas que el Gobierno espera que toque un máximo a finales de la década de 2040, a la par que el número de población en edad de trabajar se habrá reducido considerablemente.
