El sector público estatal sigue aumentando su dimensión mientras la crisis económica y social, generada por la pandemia del coronavirus y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sigue avanzando, al tiempo que se dispara la inflación, un contexto que sitúa en el límite a las familias más vulnerables. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer -martes- un importante paquete de medidas sociales para paliar, a través del incremento de la deuda -ronda supera ya el 116% del Producto Interior Bruto (PIB)- y nuevos impuestos a las grandes empresas, los graves efectos de las diferentes crisis en los bolsillos de los ciudadanos, pero sigue descuidando un frente, el de los altos cargos, los asesores y los entes públicos, una carga presupuestaria que no ha parado de incrementarse durante su mandato.
Bruselas, debido a las circunstancias económicas excepcionales, ha pasado por alto este año los aumentos de la deuda y el déficit público, pero la situación cambiará, casi con toda seguridad, el próximo año y España se verá obligada a una reducción del gasto entre 12.000 y 15.000 millones de euros, eliminando subvenciones, empresas deficitarias y gastos innecesarios. Según los datos que aportan sobre la estructura pública estatal tres fuentes oficiales -el Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas, el registro de personal del sector público que elabora el Ministerio de Hacienda y las Estadísticas de Ejecución Presupuestaria- el staff de la Administración estatal sigue engordando y suma ya 1.223 cargos a dedo, a los que habría que añadir a los funcionarios de carrera que se destinan a labores de asesoría, y hasta 746 altos cargos.
El Gobierno de coalición con Unidas Podemos -22 ministerios frente a 13 del Ejecutivo de Mariano Rajoy- ha sido sin duda el desencadenante de una situación que supone que a fecha de enero de 2022 haya 307 asesores eventuales más que en 2018 -el 28% más-, un incremento de 75 altos cargos -un 11%- y 471 entes estatales administrativos y no administrativos más que hace tres años -un alza del 20%-. El último censo de trabajadores de las administraciones públicas muestra que solo en los ministerios están ocupados 803 eventuales, personal con sueldos medios de más de 56.000 euros anuales.
A final de año, la nómina de los altos cargos y asesores de Sánchez habrá supuesto un desembolso de más de 160 millones de euros
A final de año, el coste salarial de la cúpula del Gobierno -altos cargos y asesores- superará los 160 millones -hasta abril ya se habían desembolsado más de 53 millones de euros a modo de retribuciones, 13 millones más que en el mismo periodo de 2018. Según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con fecha de enero de 2022, de los 730 asesores con los que contaban los ministerios, casi la mitad estaban a disposición del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que tenía a sueldo 347 efectivos designados a dedo. Mientras, Política Territorial era el segundo departamento que tenía contratado mayor número de asesores, 141.
Esta plantilla contrasta con la que tenía Mariano Rajoy en julio de 2018, 603 asesores, pero coincide en que el mayor número de estos empleados eventuales se concentraba en Presidencia y Política Territorial -434- y que a lo largo del mandato del presidente 'popular' también fue aumentando progresivamente el personal a dedo, 100 más que enero de 2012. Según la ejecución del presupuesto del Gobierno, durante el año 2021 se desembolsaron 18.373 millones solo para pagar al personal público al servicio del Estado.
Mientras, el número de entes del sector público administrativo estatal, excluidos los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado, sumaba a 31 de diciembre del año pasado 234 entidades, a las que hay que añadir otras 237 no administrativas -empresas, sociedades mercantiles y fundaciones. En total, 471 entes frente a los 395 de 2018. El crecimiento se ha generado fundamentalmente de la mano de la de los consorcios del sector público estatal. La plantilla de estos entes supera los 136.000 efectivos, que sumados a los 90.000 dependientes de los ministerios suponen en torno a 226.000.
Durante 2021 se repartieron 11.300 millones de euros a un total de 6.443 entidades públicas estatales, locales y autonómicas
En cuanto a las subvenciones -en el punto de mira de la Unión Europea- a organismos públicos, la estadística elaborada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública muestra que solo durante 2021 se repartieron 11.300 millones de euros a un total de 6.443 entidades públicas estatales, locales y autonómicas. El presupuesto en 2018 alcanzó los 7.787 millones, un 45% menos. Solo el año pasado se distribuyeron 62.500 millones de euros en subvenciones de organismos públicos a fundaciones políticas, sindicales, sociales, deportivas o culturales, grandes empresas y pymes, asociaciones de todo tipo y organizaciones religiosas y centradas en personas vulnerables o en el desarrollo en diferentes países.
Hasta 35.000 entidades, con perfiles muy diversos, recibieron ayudas superiores a 100.000 euros durante el año pasado, una cantidad que obliga a una mayor transparencia y publicidad a quien la recibe. También las empresas y organismos que obtienen a través de fondos públicos más de la mitad de sus ingresos son examinadas al detalle. Pese a todo, son cada vez más frecuentes los avisos y alarmas sobre este modelo de alto riesgo, debido al volumen de ayudas, su difícil control y elevado número de receptores y de concesiones, 16,5 millones a diciembre de 2021. Solo en el segundo semestre de 2021 se hicieron públicas 28.708 convocatorias de subvenciones y ayudas públicas en toda España, un dato que facilita el Ministerio de Hacienda, que debe dar publicidad por ley a este tipo de fondos.
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