El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llevado a cabo durante la última legislatura una remodelación del sistema público de pensiones para, según defiende José Luis Escrivá, garantizar la sostenibilidad del sistema público hasta 2050. Parte de esta reforma consiste en la vinculación de las pensiones al IPC para su actualización anual, a la que PSOE, Sumar y PP no están dispuestos a renunciar, mientras que Vox no se pronuncia de manera expresa sobre esta cuestión en su programa. En 2023, la subida del 8,5% para las pensiones contributivas va a suponer un nuevo récord de gasto que se espera que supere los 166.000 millones de euros presupuestados por la Seguridad Social, una cantidad que evolucionará al alza a lo largo de la legislatura.
De acuerdo con las previsiones de Funcas, las pensiones podrían subir un 3,9% en 2024 y un 3,4% en 2025, ya que esta sería la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los años inmediatamente anteriores, al tiempo que Bakinter estima que los precios subirán de media un 2,5% en 2025, lo que marcaría la subida del 2026. Previsiblemente, este esfuerzo de gasto tendrá que ser sufragado a partir de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como se ha hecho en los últimos años ante el agotamiento del Fondo de Reserva conocido como 'hucha de las pensiones'. La partida de más de 190.000 millones (incluye no contributivas, viudedad, orfandad...) ha supuesto el 41% de los PGE de 2023, lo que se asemeja a un 11,8% del PIB.
La reforma de pensiones impulsada por Escrivá trata de recuperar la 'hucha de las pensiones' con un impuesto de carácter finalista, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que inicialmente se diseñó para que supusiera el 0,6% de la nómina -del que un 0,5% era aportado por la empresa y un 0,1% por el trabajador- y que en la segunda parte de la norma, acordada solo con los sindicatos y sin el respaldo de la patronal, se duplicó hasta el 1,2%. El Ministerio de Seguridad Social calcula que este Fondo de Reserva habrá ingresado a final de año 5.347 millones de euros, una cantidad irrisoria en comparación con el gasto anual (2,81%).
Sin embargo, la actualización de las pensiones conforme al IPC no es el único elemento que engrosará esta factura durante los próximos años, sino que también se espera un progresivo aumento del número de pensionistas, debido a que los conocidos como 'babyboomers' superarán la edad legal de jubilación a lo largo de la próxima década. Todavía queda lejos el pico de tensión del sistema, que según los cálculos del departamento de Escrivá se alcanzará en 2047 con 16 millones de pensionistas, no obstante las proyecciones del INE reflejan que los ciudadanos mayores de 65 años representarán en 2030 un 24% de la población, mientras que al inicio de la actual legislatura este porcentaje era del 19,2%.
El Banco de España y la Airef cuestionan la reforma
En 2023 se ha superado la barrera de los 10.000 pensionistas, al tiempo que en paralelo se cerraba la reforma de las pensiones que ha elevado las cotizaciones -especialmente a las rentas más altas-, extendido el número de años que se toman como referencia para calcular la pensión mensual, ampliado las bases máximas e introducido incentivos a demorar la jubilación. El Gobierno ha sostenido que el sistema configurado garantiza la sostenibilidad de las pensiones públicas, algo que se ha puesto en duda desde organismos como el Banco de España. El supervisor bancario indicó que las obligaciones de gasto no habían sido plenamente compensadas con ingresos y advirtió de que el alza de las cotizaciones podrían traducirse en una destrucción de "cientos de miles de puestos de trabajo".
En la misma línea se pronunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), al apuntar que la reforma elevaba los ingresos en 1,3 puntos del PIB, lo que resultaba insuficiente para cubrir los gastos que crecerían en 2,4 puntos del Producto Interior Bruto, debido fundamentalmente a la revalorización automática. Este organismo será el encargado de hacer una revisión de las cuentas en 2025, según contempla la reforma, para determinar si existe un exceso de gasto, es decir, si el presupuesto destinado a cubrir las pensiones supera el 15% del PIB. De darse este escenario, la norma prevé un ajuste automático que pasa por aumentar el MEI.
Esta revisión programada hace que algunos expertos esperen que se lleve a cabo una nueva reforma para esa fecha, si bien el candidato que partía como líder el último día que se publicaron encuestas, Alberto Núñez Feijóo, se había comprometido a adelantar este examen a 2023 para tomar las medidas oportunas, aunque sin comprometer la actualización vinculada al IPC. En cambio, los socialistas dan por cumplida su tarea en el marco de las pensiones y abogan por dar margen a la reforma para que se puedan evaluar con cautela sus efectos. Sumar, por su parte, plantea que las pensiones no contributivas deben subir por encima del IPC -este año subieron un 15%-, mientras que Vox quiere eliminar el IRPF para las pensiones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios