Centenares de cargos de confianza nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y que desde el pasado 2 de junio han ido abandonando poco a poco la Administración a medida que el equipo de Pedro Sánchez ha ido situando a sus personas de confianza en ministerios y empresas públicas podrán reclamar los atrasos pendientes de cobro por la aplicación tardía de la subida salarial a funcionarios pactada en marzo.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, ha decidido habilitar un cauce para que el personal eventual que finalizó su relación laboral con la Administración en el mismo momento en que cesaron los altos cargos - ministros, secretarios de estado, presidentes de empresas públicas... - a los que prestaban sus servicios reciban también los salarios dejados de percibir por la no aplicación en sus nóminas de la subida del 1,5% pactada en marzo (y con vigencia desde enero de 2018). Hay que recordar que las nóminas de todos los empleados públicos se actualizaron un 1% según lo establecía la ley de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
El Gobierno ha aclarado la situación de estos cargos de confianza a través de la instrucción que Función Pública tenía pendiente de aprobar para activar el procedimiento que permitirá a los funcionarios cobrar sus atrasos, y en la que ha definido tanto el perímetro como el modo en que el diferente personal al servicio de la Administración Pública podrá cobrar sus salarios pendientes.
El asunto es que algunos de estos cargos de confianza habían planteado ya su situación a los servicios de personal de los órganos para los que habían prestado servicio y éstos les habían informado de que no tendrían derecho a los atrasos pendientes por la singularidad de su relación laboral con la Administración. El número total de 'afectados' es difícil de estimar, pero puede superar fácilmente el millar, entre los cerca de 600 cargos de confianza nombrados por el Gobierno Rajoy y los centenares de directivos 'fuera de convenio' nombrados en empresas públicas y cuya opaca situación salarial es frecuente objeto de controversia.
La resolución dictada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública amplía el ámbito de aplicación de la 'paga de atrasos' a todo el personal que estuviera al servicio de la Administración durante el periodo en que se generaron esos derechos, lo que a efectos de los cargos de confianza del Gobierno de Rajoy abarca entre cinco o seis meses en función del momento en que fueran cesados después de que prosperara la moción de censura que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, el pasado 2 de junio.
Para hacer efectivos sus derechos, eso sí, el Gobierno exigirá que los afectados soliciten formalmente el reintegro de los salarios dejados de percibir en el órgano de la Administración en el que desempeñaron su trabajo, lo que hará que probablemente se retrase el cobro de esos sueldos pendientes bastante más allá del verano. En concreto, la instrucción de Función Pública señala que "los atrasos se liquidarán por el centro que abonó las retribuciones, previa petición del interesado, dirigida al órgano de personal".
Pagar en agosto...si fuera posible
Tal y como se comprometió la ministra de Función Pública, Meritxell Batet, la instrucción del Gobierno indica que el pago de los atrasos se abonará "en la primera nómina que se elabore desde la publicación de esta Resolución (con fecha 17 de julio)", es decir, en la nómina del mes de agosto. El asunto es que, tal y como avanzaron fuentes de ese mismo ministerio a los sindicatos, eso será posible "salvo que la habilitación responsable no disponga de la totalidad de los elementos formales necesarios o en otros supuestos en que por motivos técnicos no resulte posible, en cuyo caso se abonarán en la primera nómina en que sea posible", es decir, a partir del mes de septiembre. El Gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, se había comprometido a abonar esta paga de atrasos en la nómina del mes de julio.
El Gobierno aún confía en que haya una mayoría de ministerios que sean capaces de sustanciar el pago de los atrasos en la nómina de agosto, aunque también es consciente de que los turnos de vacaciones de los funcionarios del área de habilitación y la certeza de que las órdenes de las nóminas de julio y agosto se gestionan casi siempre de forma conjunta por las carencias de personal durante el periodo vacacional puede hacer complicado cumplir este objetivo de forma general.
De hecho, la instrucción deja claro que el personal no funcionario, de naturaleza laboral, no percibirá los atrasos en tanto el nuevo esquema salarial pactado en marzo no se incorpore al llamado convenio único y la Administración autoriza el correspondiente incremento de la masa salarial en este segmento. Una situación que también será aplicable a los empleados del sector público empresarial, incluso en los casos en que sus condiciones laborales se remitan a los Presupuestos Generales del Estado.
El acuerdo salarial del pasado mes de marzo estableció una subida general de los sueldos para 2018 del 1,5% con vigencia a partir del 1 de enero de 2018 y habilitó una subida extra de las nóminas del 0,25% por el cumplimiento de determinados objetivos de política económica, cuya aplicación, eso sí, se realizaría a partir de la nómina de julio.
La instrucción pública precisa en su instrucción que los funcionarios recibirán dos pagas diferentes, una por los atrasos derivados del medio punto no cobrado en el primer semestre del año - cuyo importe medio será de unos 210 euros según las estimaciones realizadas por UGT - y otra por el retraso acumulado por la no repercusión del 0,25% extra en sus nóminas que alcanzará un mes o más en función de lo que la Administración tarde en abonar esos atrasos.
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