Montero se decanta por un impuesto a los beneficios 'extra' de las eléctricas

El Ministerio de Hacienda se decanta por la creación de un nuevo impuesto que grave los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas. Esta es una de las dos opciones que están encima de la mesa del departamento que dirige María Jesús Montero. La otra vía pasa por modificar el impuesto sobre Sociedades, como ha propuesto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La idea de que sean las empresas que están consiguiendo amplios beneficios con los precios de los productos energéticos las que paguen, al menos una parte, del coste que tienen las medidas aprobadas por el Gobierno ha ido ganando peso en las últimas semanas. Incluso la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, siempre con un discurso más prudente en referencia al tejido empresarial, ha hablado abiertamente de que "tener que gravar o evitar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas".

No obstante, ninguna de las dos opciones que maneja el Gobierno se puede aprobar a través de un real decreto, justifican fuentes de Hacienda y, por ello, la necesidad de que se tramite como un proyecto de ley lleva al Gobierno a retrasar hasta 2023 una medida tributaria que grave a las compañías que suministran la electricidad. Pero que se apruebe en 2023 no significa que no se tengan en cuenta los beneficios obtenidos en 2022, en plena crisis energética. De hecho, desde el departamento de Montero ponen como ejemplo el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El IRPF se devenga entre abril y junio de cada año, pero toma como referencia las rentas obtenidas en el año anterior. En este sentido, no descartan que aunque entre en vigor más tarde de lo que le hubiera gustado a la titular de Trabajo, que ha reclamado esta medida con urgencia, se tengan en cuenta  los beneficios obtenidos durante estos meses.

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Determinar qué son los beneficios extraordinarios es una de las dificultades que tendrá que superar el Gobierno si opta por la opción que actualmente más respaldo tiene por el departamento de Montero. Los inspectores de Hacienda (IHE) consideran que es la iniciativa más "razonable" entre las dos planteadas, pero subrayan que "la dificultad de esta medida radicará en definir y cuantificar qué se entiende por beneficios extraordinarios", en palabras de Julio Ransés, presidente de IHE. Recientemente, el Banco de España ponía de relieve que medir los márgenes empresariales -una de las fórmulas que podría fijar si el beneficio es extraordinario-era una tarea muy complicada y, por ello, han intensificado la investigación sobre esta cuestión.

Ransés añade que optar por "una subida de los tipos (del impuesto sobre Sociedades) provocaría un efecto deslocalización, sobre todo en las empresas trasnacionales, con facilidad para trasladas bases imponibles hacia otras soberanías fiscales de menor tributación". La titular de Hacienda explicó que "a veces el vehículo del impuesto de sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento" y por ello, estaría más cerca de un nuevo impuesto que "realmente permita una aportación efectiva" que de la opción planteada por Díaz. 

Si se opta por esta vía, tampoco estaría en los Presupuestos Generales del Estado, sino que se tramitaría de forma independiente porque la ley de presupuestos no permite la creación de nuevos tributos, según justifican desde Hacienda. En este sentido, además de la aprobación presupuestaria, el Gobierno deberá buscar los apoyos en el Congreso de los Diputados si quiere poner en marcha un impuesto que aumente la recaudación tributaria y que haga referencia a los beneficios de las energéticas.

Bajada del IVA por sorpresa

Además del impuesto a las eléctricas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que el Ejecutivo aprobará este sábado, en un Consejo de Ministros extraordinario, una nueva rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la electricidad. Este impuesto ya estaba rebajado del 21% al 10%, pero ahora pasará a estarlo al 5%. El presidente no detalló durante cuánto tiempo permanecerá esta rebaja, pero desde Hacienda asumen que será una medida trimestral, como lo han sido las anteriores. Este nuevo recorte fiscal se suma a la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad.

Según los cálculos del departamento de María Jesús Montero, los españoles dejarán de pagar 600 millones de euros al trimestre con la rebaja del IVA al 5%. Si se suman el resto de medidas, el impacto económico para las arcas públicas alcanza los 1.800 millones de euros. Cabe recordar que entre enero y abril de este año, Hacienda ha dejado de recaudar 2.233 millones de euros por estas medidas fiscales. Sin embargo, los ingresos por IVA crecieron un 20% hasta el cuarto mes del año. Solo en términos de IVA, el Gobierno ha recaudado más de 5.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado.

Sánchez ha sorprendido con el anuncio de esta medida porque la había descartado cuando la propuso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Además, distintas instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y también la Comisión Europea y el Banco de España se han pronunciado en contra de las bajadas generalizadas de impuestos. Estos organismos abogan por las ayudas directas y temporales a los más vulnerables, en lugar de esfuerzos fiscales que se aplican sin distinción por renta.