Montero descarta comprar ordenadores para los funcionarios que teletrabajen

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha retrasado hasta diciembre de 2024 el plazo en el que se compromete a comprar y dotar de medios telemáticos a aquellos funcionarios que opten por el teletrabajo. Es decir, aquellos empleados que elijan desempeñar sus funciones a distancia pueden estar hasta dos años utilizando ordenadores personales hasta que la Administración General del Estado (AGE) les haga entrega de ordenadores portátiles o de los equipos que sean necesarios para desempeñar su labor. Este es uno de los cambios que el departamento que dirige María Jesús Montero ha introducido en el acuerdo de teletrabajo, según fuentes sindicales. Desde el Ministerio niegan que esta cuestión se haya debatido con los representantes

No es la primera vez que los funcionarios tienen que emplear medios personales para trabajar. Muchos de ellos lo hicieron durante el confinamiento, cuando la administración tuvo que lidiar de la noche a la mañana con el cierre de oficinas y el trabajo a distancia. No obstante, dos años después de aquellos meses, Función Pública todavía no puede garantizar que todos los empleados públicos puedan trabajar con equipos telemáticos. Aunque no se han trasladado los motivos para ampliar ese plazo, que inicialmente se había fijado en diciembre de 2023, algunas fuentes aseguran que se trata de un asunto económico, por el esfuerzo presupuestario que debería hacer la administración para garantizar esos medios.

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Este retraso llega en un momento en el que la ciberseguridad ha cobrado, si cabe, mayor importancia, a raíz del ataque que sufrieron los teléfonos del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa y de Interior y el intento al de Agricultura con el programa Pegasus. Además, estos ciberataques se suman al que sufrió el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el pasado año, que mantuvo bloqueados durante semanas los equipos de los trabajadores. A raíz de ese ataque al SEPE, las administraciones han aprobado contratos millonarios para blindar sus redes de telecomunicaciones. Sin embargo, en la Función Pública, algunos trabajadores deberán usar sus propios medios si optan por teletrabajar.

Función Pública dará la posibilidad a los empleados públicos de trabajar a distancia hasta tres días por semana, en el marco del plan de ahorro y eficiencia energética que el Ejecutivo quiere aprobar próximamente en el Consejo de Ministros. Tal como publicó este periódico, se trata de una adaptación temporal al acuerdo de teletrabajo que firmaron en abril del pasado año con el anterior ministro de la cartera, Miquel Iceta, y que todavía no ha visto la luz como norma. La fórmula del trabajo a distancia podrá ser flexible y reducirse a dos días o ampliarse hasta cuatro, según las necesidades de producción y las características de cada puesto. La previsión de Hacienda es que ese acuerdo se apruebe como Real Decreto en otoño. 

Pero aunque el acuerdo entre en vigor, tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, en octubre, la administración todavía podría retrasar dos años la compra de ordenadores portátiles para todos los funcionarios que soliciten el teletrabajo. Los medios a los que se compromete la administración son "un equipo informático con tarjeta de datos o solución tecnológica equivalente, que será igualmente de uso en las jornadas de carácter presencial, así como las herramientas ofimáticas necesarias para el desempeño del trabajo, sin perjuicio de los demás medios técnicos que sean imprescindibles para el desempeño de sus funciones". En el mismo acuerdo, Función Pública ya advertía que "la puesta en disposición de los medios tecnológicos citados se realizará en función de la disponibilidad presupuestaria y tecnológica de cada departamento ministerial u organismo público".

Esta opción temporal de teletrabajo se une a otras medidas que la administración quiere poner en marcha para lograr "ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país", según se recoge en la orden aprobada en el marco del plan de respuesta a la guerra. En este plan, se incluirá el fomento del uso del transporte público o la racionalización en el uso de los edificios públicos, en materia de suministros: climatización, luz o reciclaje de papel, envases y tóner, así como el apagado de los equipos cuando finalice la jornada laboral.

Plazas públicas de empleo

Este jueves, los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función Pública retomarán las negociaciones sobre la oferta pública de empleo de 2022 que debe incluir el plan de estabilización de la administración aprobado recientemente. Por el momento, las organizaciones sindicales consideran insuficientes las plazas que propone el departamento que dirige María Jesús Montero y que se sitúan por debajo de las ofertadas el pasado año. No obstante, esperan que se pueda llegar a un acuerdo para que la oferta esté publicada antes del 1 de junio de este año.