El Gobierno no solo no va convertir en permanente la rebaja del tipo aplicable al recibo de la luz al 10% sino que ni siquiera prevé su prórroga más allá del 31 de diciembre, al menos según lo que se dispone en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Hacienda ha construido sus cuentas como si la tensión en los mercados mayoristas de la electricidad no fuera a ir más allá de 2021, pero según fuentes del Ministerio se ha dejado un margen para reaccionar por si hubiera que mantener las actuales medidas para abaratar el recibo de la luz o incluso disponer alguna nueva.
Desde ahí se explica la cautelosa previsión de ingresos para el año que viene, cautelosa al menos a la vista de lo que se ha estimado otros años. Hacienda ha pintado una subida de los ingresos tributarios del 8,1%, moderada si se tiene en cuenta que la previsión oficial de crecimiento del Gobierno es del 7% y que la previsión de evolución del PIB nominal - que incorpora la evolución de los precios y que es la que se toma como referencia para estimar la evolución de los ingresos tributarios - es del 8,6%. Por poner un término de referencia, en 2021 Montero cuadró su proyecto de Presupuestos casi a martillazos sobre una mejora esperada de los ingresos tributarios del 13% que preveía obtener 33.000 millones extra en impuestos a lomos de la recuperación económica y de los fondos UE. Hacienda admite ahora que ésta no se va a cumplir por más de 7.000 millones de euros.
El año pasado por estas fechas al Gobierno le llovieron las críticas dentro y fuera de España por pasarse de frenada en la previsión de ingresos. Este año lo ha hecho al revés. Su previsión de ingresos crece menos que la economía y en parte esto se ha decidido así ante la probable eventualidad de tener que utilizar el comodín de las rebajas fiscales para impedir que el recibo de la luz se vaya por las nubes, según se admite desde el propio Ministerio de Hacienda. Hay otros factores. El Ministerio reconoce que también ha adaptado su previsión de recaudación a los ingresos reales obtenidos por las ya célebres 'Tasa Google' y 'Tasa Tobin', que como muchos expertos esperaban han terminado aportando mucho menos de lo previsto.
'Colchones de seguridad' ante posibles desviaciones
Sobre el papel el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno hace descansar la reducción del déficit de 2022 en la mejora de los ingresos. Bruselas ya no se fija en el déficit público con el rigor de hace una década, pero el desequilibrio del 8,4% en las cuentas públicas obliga al Gobierno a ir reduciendo ese lastre para no alarmar ni a sus socios europeos ni a los mercados. En 2022 la previsión del Ejecutivo es que esos números rojos bajen al 5%, en general, y del 6,3% al 3,9% en las cuentas del Estado. El Gobierno está empeñado en mantener al menos sobre el papel el nivel de gasto público - no en vano la ministra de Hacienda volvió a presumir este jueves de que los de 2022 serán los presupuestos con mayor gasto público de la historia - así que los ajustes vendrán de las mejoras de ingresos y del crecimiento de la economía que tira para abajo de forma natural del déficit, especialmente cuando el PIB crece a niveles como los que el Gobierno espera para el año 2022.
Pero en Hacienda saben perfectamente que cuando se trata de reducir el déficit la vía de las mejoras de ingresos es mucho más incierta que la de reducir el gasto. La última prueba es bien reciente y la ha aportado el propio Ministerio de Hacienda, al reconocer que los ingresos de 2021 se quedarán a final de año nada menos que 7.000 millones de euros por debajo de las previsiones 'pintadas' en el proyecto presupuestario. Hablamos de más de seis décimas de desviación presupuestaria, lo que equivaldría a elevar el déficit previsto del 8,4% al 9%...un pequeño drama.
Por eso los proyectos presupuestarios operan desde hace años con una serie de 'colchones de seguridad' que se habilitan para ser utilizados en caso de emergencia, bien porque se necesite un esfuerzo de gasto extra en otras partidas o bien porque se necesite un ajuste inesperado en las cuentas públicas. Desde hace unos años el caso más representativo es el de la partida de gastos financieros del Estado, que se sitúa presupuesto tras presupuesto por encima de los 31.000 millones de euros aunque en 2019 significó poco más de 29.000 millones, en 2020 importó 27.690 millones y este año va camino de quedarse en el entorno de los 25.000 millones de euros. Para 2022, Hacienda la ha rebajado un 4,3% hasta los 30.223 millones de euros, pero a juzgar por la marcha de los gastos financieros este año continuará proporcionando un colchón muy importante al Gobierno para cuadrar sus cuentas ante posibles desviaciones en otras partidas.
Otro de esos 'colchones de seguridad' es el presupuesto para prestaciones por desempleo. El Gobierno ha rebajado esa partida para 2022 de 25.012 millones de euros a 22.457 millones al compás de la reducción del nivel de paro esperado para el año que viene. La cuantía final, no obstante, es un 18% superior a la de 2019, un año en el que la tasa de paro se situó en niveles similares a los que se esperan para 2022.
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