Después de días de continuos rumores sobre nuevos impuestos, batallas fiscales por parte de algunas CCAA y la aparición de una nueva pugna en el seno de la coalición, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, selló los frentes abiertos. Así, anuncio la rebaja del IRPF para la mitad de los trabajadores, subidas en los tramos superiores a los 200.000 euros o la creación de un tributo para aquellos contribuyentes que poseen más de tres millones de euros. A esto último lo bautizó como el Impuesto de Solidaridad. No obstante, y pese al júbilo mostrado por la coalición, el Ejecutivo reconoce que sobre esta última medida aún se buscan fórmulas legales para hacerlo efectivo. "Las opciones están abiertas, pero no podemos tramitarlo ni por Presupuestos ni por decreto ley... cuanto antes lo sepamos mejor, por seguridad jurídica".
Además de la formula legal para llegar a la aprobación definitiva de nuevo impuesto a los grandes patrimonios, mediante una ley única tramitada en el Parlamento y con las aportaciones de todos los grupos políticos, el nuevo tributo que ha presentado el Gobierno se enfrenta a un duro análisis en cuanto a su legalidad constitucional. Fuentes académicas y jurídicas expertas en materia fiscal advierten que la Constitución prohíbe que dos tributos distintos carguen sobre un mismo hecho imponible, y eso es algo que ocurre de forma clara en este caso entre la nueva figura impositiva y el Impuesto sobre el Patrimonio.
Hacienda proyecta tres posibles escenarios a la hora de aplicar este tributo. Por un lado, que el impuesto solo lo paguen aquellos contribuyentes en cuyas comunidades se ha suprimido Patrimonio. En segundo lugar, que no se pague este tributo estatal, porque con el autonómico se deduce. Y, por último, Hacienda abre la posibilidad de que en algunos territorios puedan pagarse los dos tributos de forma simultánea.
Es de todos conocido que la ley española prohíbe la doble imposición y, por más que en esta reforma se pretenda evitarlo con la opción de deducir lo pagado en Patrimonio sobre la cuota del nuevo tributo, el mero hecho de crear dos impuestos que gravan la capacidad económica de los contribuyentes sobre supuesto o hecho imponible idéntico, como es la riqueza de las personas, dentro del mismo ordenamiento jurídico, es una acción contraria al espíritu y la esencia de la Constitución.
Los fiscalistas consultados advierten que, para darle visos de legalidad a esta situación, se deben definir dos hechos imponibles distintos, algo que lleva al callejón sin salida de distinguir entre patrimonio y riqueza, algo que se antoja muy complicado, sobre todo a la vista de las numerosas sentencias del Constitucional y del propio Tribunal Supremo que igualan ambos conceptos en materia tributaria y prohíben que se grave con dos impuestos distintos.
La idea de Hacienda es convertir el nuevo impuesto de solidaridad en el contrapeso a la corriente liderada por los feudos del PP de suprimir el impuesto de Patrimonio. De hecho, la recaudación potencial del impuesto se estima que llegue a los 1.500 millones. Con Patrimonio el Estado recauda hoy alrededor de 1.200 millones. Una realidad que empuja al Gobierno a reconocer que el objetivo de este nuevo impuesto es la mera estabilidad fiscal en todo el territorio más que un aumento de las cuentas del Estado.
La única opción que los 'sabios' fiscales advierten para darle cierto recorrido al nuevo tributo y evitar el agravio que supone la bonificación que algunas CCAA aplican al Impuesto del Patrimonio, es la eliminación desde el Estado de este tributo, que se creo en el año 1977, ha quedado como una reliquia en el modelo fiscal español y carece de justificación en el momento actual.
De momento, el Gobierno transmite su preocupación por la deriva fiscal que han llevado a cabo las comunidades. Creen que eliminar los impuestos y 'aplanar' el IRPF (y, por ende, reducir su progresividad) solo daña la virtuosidad del sistema tributario. "Es necesario una reforma fiscal integral con la reforma de la financiación de las CCAA, que está caducado desde el año 2014. Tendrá que surgir el debate de darle continuidad a los impuestos hoy anunciados (el Impuesto de Solidaridad se gravará los años 2023 y 2024). Sin ir más lejos, el tributo al Patrimonio surgió con carácter temporal".
De momento, la sensación que transmiten algunos de los anuncios de Montero es de cierta precipitación. De hecho, y sin ir más lejos, las mismas fuentes desconocen, por ejemplo, la capacidad de recaudación que puede suponer otra de las medidas anunciadas, como es la Tasa Rosa (un IVA superreducido a los productos de higiene).
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