El Estado deja de vincular la ayuda al transporte público, por la que asumía el 30% del coste del billete, a que las comunidades autónomas aporten el 20% restante, como se les exigía hasta ahora. Así lo ha precisado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, unos minutos antes de su participación en un desayuno del Fórum Europa en el que interviene la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
"Ahora lo que hacemos es no condicionarlo, es decir, que con independencia de que las comunidades planteen o no esa bonificación, nosotros vamos a pagar ese 30 %", ha apuntado, si bien ha precisado también que confía en que los ejecutivos regionales sigan aportando también a esta subvención, dado que se trata de una medida positiva para controlar la inflación y para fomentar, además, el uso del transporte público entre los ciudadanos.
La medida, que se extiende a todo este año tras la aprobación el miércoles por el pleno del Congreso del Real Decreto-ley anticrisis, conlleva la gratuidad durante todo 2024 del Cercanías y de los trenes de media distancia y la aportación por parte de la Administración Central del 30% de la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano "siempre que las comunidades aportaran otro 20%". El acuerdo sellado 'in extremis' con el partido de Puigdemont, que se abstuvo de votar para permitir que tanto este real decreto como el de digitalización de la Justicia salieran adelante, elimina en adelante esa exigencia a los gobiernos regionales.
La futura reforma de la Ley de Sociedades de Capital
A preguntas de los medios, Montero se ha referido también a otro de los puntos del pacto con los independentistas, el que implica que el Ejecutivo se compromete a reformar la Ley de Sociedades de Capital, que era una de las principales exigencias económicas de Junts. La ley, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, facilitó el cambio de sede de un buen número de empresas fuera de Cataluña, al permitir que esta decisión no tuviera que pasar por la junta de accionistas para poder hacerse efectiva -el cambio de sede requiere sólo del voto favorable del consejo de administración-.
Montero ha dejado claro que los cambios que el Gobierno pueda impulsar deben ceñirse al derecho comunitario en materia de libre instalación de empresas. "El Gobierno español no puede poner ninguna traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente", ha zanjado. Si bien, la titular de Hacienda ha precisado que estas sociedades deben cumplir con la legalidad vigente, de forma que no incurran en ingenierías fiscales para que, declarando su actividad principal en un lugar, su domicilio fiscal esté en otro. En ese sentido, el acuerdo con los catalanes reforzaría, a su juicio la legalidad vigente.
Montero ha dejado claro, además, que el Gobierno no da la "batalla por perdida" en relación a la reforma del subsidio de desempleo, cuyo real decreto fue tumbado ayer en la Cámara Baja al votar en contra Podemos. "Ya veremos bajo qué fórmula lo sacamos adelante", ha insistido la 'número dos' del ejecutivo de coalición, que se ha referido a la tristeza que le provoca ver cómo la formación morada ha preferido alinearse con el PP y Vox para impedir que la reforma diseñada por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, saliera adelante.
En una legislatura que estará marcada por el necesario diálogo, Montero ha incidido en que es lógico que la dinámica de las negociaciones lleve a los grupos a considerar que cuentan con margen hasta el último minuto para tratar de que sus aspiraciones y demandas sean tenidas en cuenta. "Qué más quisiera el Gobierno que veinticuatro o cuarenta y ocho horas antes de una votación todo esté absolutamente hablado, dialogado y acordado", ha incidido.
