El Gobierno quiere aprovechar el Real Decreto Ley que regulará la distribución y adjudicación de los fondos europeos que llegarán a España en los próximos años para ejecutar una serie de retoques en la normativa sobre contratación al objeto de hacer singularmente atractiva la adjudicación de proyectos a los llamados medios propios de la Administración como Tragsa e Ineco. La norma gubernamental, en la que se ha venido trabajando durante las últimas semanas con el apoyo de CEOE y de un puñado de prestigiosos despachos de abogados y a cuyo último borrador ha tenido acceso La Información, agiliza procedimientos y elimina cuellos de botella hasta reducir a la mitad los plazos ordinarios de tiempo para sustanciar la contratación de obras y servicios con empresas, pero mantiene una serie de reservas mínimas para garantizar la concurrencia y el control previo del Gobierno sobre los grandes proyectos.
En lo que a rapidez se refiere el marco legal que se habilita en el documento para los encargos a medios propios de la Administración es imbatible. No sólo porque los encargos de obras y servicios a medios propios se realizan ya a día de hoy de manera directa y con un precio prefijado - según las tarifas establecidas en las tablas bajo las que opere la empresa pública en cuestión-, lo que elimina el siempre engorroso proceso de poner precio a la obra o servicio y después adjudicarlo a la mejor oferta tras un análisis de las propuestas presentadas, sino también porque el Gobierno libera en el borrador del Real Decreto a estos encargos del requisito previo de tener que recibir la autorización del Consejo de Ministros cuando la magnitud de éstos supere los 12 millones de euros
El decreto elaborado por el Ministerio de Presidencia, que no se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros hasta que no se apruebe en Bruselas el reglamento europeo que servirá de marco general para la aplicación de los fondos europeos, aboga por eliminar del marco normativo - únicamente para el caso de los trabajos adjudicados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- el principal obstáculo con el que se encontraban los medios propios a la hora de competir con las empresas privadas en según qué ámbitos: la restricción legal que les impide subcontratar con terceros tareas que supongan más de un 50% de la cuantía total del encargo. Eliminada esta cautela, el Gobierno da vía libre 'de facto' para que cualquier Administración que quiera contratar una obra o servicio financiada con fondos europeos por la vía rápida pueda hacerlo de manera directa con las entidades del sector público que tengan la consideración de medio propio, con independencia de que éstos dispongan de los recursos necesarios para ejecutarla, ya que siempre podrán subcontratarla en todo o en parte con un tercero.
El foco apunta a Ineco y Tragsa porque son las entidades públicas que obtienen un mayor volumen de su facturación de los encargos directos que les realizan las Administraciones Públicas, no sólo el Gobierno Central sino también los autonómicos y las corporaciones municipales en el caso de Tragsa, pero el favorable marco legal que ha dispuesto el Gobierno para las entidades dependientes del Estado tiene un lista mucho más amplia de beneficiarios potenciales según el último listado proporcionado por el Tribunal de Cuentas. Bajo ese régimen preferente, la Administración podría encargar obras y servicios por la vía rápida a Correos, Isdefe (la empresa de ingeniería del Ministerio de Defensa), Segipsa (la sociedad de gestión de patrimonio inmobiliario de Fomento), Segittur (la sociedad de innovación en materia turística), Salvamento Marítimo o incluso a Mercasa.
Fuentes del ámbito de las empresas públicas matizan, no obstante, en relación a las modificaciones de su régimen regulador incluidas en el decreto gubernamental, que a día de hoy los encargos de más de 12 millones de euros que reciben estos medios propios son muy puntuales y que el porcentaje de sus encargos que se subcontrata apenas llega al 20%.
El Gobierno ha aprovechado asimismo la reforma legal para facilitar la conversión en medio propio de los organismos públicos que no ostenten esa categoría. El asunto no es pacífico. Las organizaciones representativas de las empresas de los principales sectores de servicios pidieron hace un par de años el amparo de Bruselas ante el uso intensivo que se hace en España de los medios propios de la Administración en perjuicio de las empresas privadas y en especial ante la regulación singularmente laxa, respecto a la europea, que se aplica en España a este tipo de encargos y que permite por ejemplo a Tragsa trabajar con casi cualquier Administración Pública con independencia de tener la vinculación directa que exige Bruselas.
El Gobierno decidirá sobre los proyectos sin informe técnico
Como ya adelantó La Información, el texto suprime los cortafuegos levantados especialmente en la era Rajoy para que el Ministerio de Hacienda tuviera control absoluto sobre todos los programas de gasto de los diferentes ministerios y elimina la fiscalización previa de Hacienda sobre la aplicación efectivo de los planes de gasto público, que tanto desde el resto de los ministerios como desde el sector privado se observaban como una barrera muchas veces insuperable para la adecuada ejecución de proyectos.
No habrá control previo para la ejecución de gastos y tampoco evaluación técnica en la selección de proyectos salvo cuando así lo solicite el órgano gubernamental que según el plan trazado por el Ejecutivo se encargará de la dirección y coordinación del Plan de Recuperación, la llamada Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aún no existe como tal - el texto es un borrador - y ya ha generado su primera polémica. El asunto es que entre los once ministros que formaban parte de este órgano, presidido por Pedro Sánchez en primera persona y en su ausencia por la vicepresidenta tercera Nadia Calviño, solo una era de Podemos: Yolanda Díaz. En cosa de horas, el Gobierno anunciaba que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias también formaría parte de esa comisión, que será la encargada de seleccionar los grandes proyectos tractores que se financiarán con los fondos europeos.
El cónclave de ministros será la máxima autoridad a la hora de determinar que grandes proyectos se financian y cuáles no y la evaluación técnica de los mismos por parte del Comité Técnico que se constituirá con altos funcionarios de los ministerios implicados en el desarrollo del plan emitirá informes en la medida en que se le soliciten desde arriba, si bien éstos no serán preceptivos en el mecanismo que ha perfilado el Ejecutivo.
Esos proyectos recibirán el nombre de los PERTE, siglas de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, y nacen como un nuevo mecanismo para habilitar la colaboración público-privada a partir de fórmulas flexibles, que permitan una movilización de recursos importante. Los PERTE tendrán que ser validados por el Consejo de Ministros y los operadores públicos o privados que deseen formar parte de unos de estos planes deberán darse de alta en un Registro Público que llevará el Ministerio de Industria.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios