Cinco años después, tres millones de funcionarios volverán a empezar el año con sus nóminas congeladas. Es una situación circunstancial, que el Gobierno se ha comprometido a revertir "lo antes posible", pero cuya naturaleza no le ha ahorrado al Ejecutivo de Sánchez su primer gran tirón de orejas por parte de los sindicatos, que este viernes le han recordado que la subida del 2% más variables para 2020 pactada hace ya tres años con Cristóbal Montoro es un compromiso irrenunciable y que debería estar en vigor desde el primer día del año.
No lo estará porque llegados a estas alturas los habilitados de los ministerios han tramitado ya todo el papeleo correspondiente a la nómina de enero sin incorporar el efecto de la subida salarial pactada, ya que para hacerlo debería estar aprobado el Real Decreto que diera cauce a la aplicación de ese acuerdo. El Ejecutivo de Sánchez dispone ahora de una ventana de unas tres semanas para aprobar la subida retributiva del 2% más variables. Si la regulación se dilata más allá de esa ventana, los funcionarios podrían no ver la mejora retributiva que les corresponde para el año 2020 hasta el mes de marzo.
Sánchez renunció a tramitar el Real Decreto que debe dar carta de naturaleza a esta subida durante su etapa 'en funciones' y tampoco ha considerado oportuno aprobarlo con carácter de urgencia en alguno de los dos primeros consejos de ministros del nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas -el del pasado martes y el de este viernes-, y ha 'condenado' así a todos los funcionarios del país a percibir en enero la misma nómina que cobraron en el último mes del año 2019, una circunstancia que no se daba desde el año 2015.
La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, quiso enviar este pasado viernes un mensaje de tranquilidad a los sindicatos y lo hizo a través de una carta en la que les garantizó que "la subida se va a producir cuanto antes", aunque sin precisar la fecha, y que ésta se aplicará con efectos de 1 de enero, como no puede ser de otra forma al derivarse de un acuerdo oficial publicado ya en el BOE. Según fuentes sindicales, el argumento bajo el que se justifica esta demora es el proceso de configuración de equipos en el que todavía andan sumidos las renovadas estructuras ministeriales. Hasta ahora sólo han sido designados los ministros, algunos secretarios de Estado y los subsecretarios de los ministerios, quedando pendientes algunos secretarios de estado, los directores generales y el resto de cargos.
Hay que recordar que esa circunstancia operativa no ha sido impedimento para que el Gobierno sí aborde otro de los compromisos que identificó como prioritarios en las semanas inmediatamente anteriores a la constitución del nuevo Ejecutivo: la subida de las pensiones un 0,9%.
Toque de atención de los sindicatos
Los precedentes no invitan al optimismo. El Gobierno de Pedro Sánchez se vio envuelto en una situación similar al poco de aterrizar en el Palacio de la Moncloa y su gestión no resultó especialmente satisfactoria. Era julio de 2018 y los funcionarios esperaban como agua de mayo la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 -aún vigentes dos años después- para ver crecer sus nóminas un 1,75%, como se había pactado en marzo, e ingresar los sueldos dejados de percibir durante los seis meses anteriores por el retraso en sacar adelante el proyecto presupuestario.
La ministra del ramo por aquel entonces, Meritxell Batet, se comprometió también a abonar la subida salarial y las retribuciones pendientes lo antes posible pero el paréntesis estival y el retraso del Ejecutivo a la hora de aprobar el soporte jurídico que se necesitaba para activar el acuerdo hizo que la mayoría de los funcionarios no percibieran esos sueldos a los que tenían derecho hasta después del verano y que algunos de ellos no vieran un solo euro de esos fondos hasta noviembre.
Los sindicatos ya han advertido al Gobierno de Sánchez que no están dispuestos a que ocurra lo mismo. "Le damos un margen razonable al Gobierno para que culmine los organigramas. Entendemos que la subida está garantizada aunque seguiremos pendientes, atendiendo a las demandas que nos trasladan los trabajadores y trabajadoras que representamos", aseguran fuentes del CSIF.
Comisiones Obreras empleó un tono algo más duro: "Esperamos que la ministra y el Gobierno aseguren públicamente el cumplimiento de los acuerdos en materia retributiva y anuncien de forma urgente e impostergable la inmediata aprobación y tramitación del Real Decreto Ley correspondiente, tal y como prometió anteriormente el Ministerio en cuanto se constituyera el nuevo Ejecutivo y que asumió también como compromiso el propio presidente del Gobierno".
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