La patronal y los sindicatos han iniciado las negociaciones formales del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (el conocido como AENC, que es el pacto plurianual que establece directrices para los negociadores de los convenios colectivos en materia salarial y de otras condiciones laborales) bajo una enorme presión que viene directamente de Moncloa. Tras dos años de inacción (el anterior AENC caducó en 2020) el Gobierno en bloque ha dado un giro para persuadir a los agentes sociales para que alcancen un gran pacto de rentas que evite un desplome masivo del poder adquisitivo de los salarios en un momento de escalada persistente de la inflación agravado por el estallido de la guerra en suelo europeo tras la invasión rusa de Ucrania. Está en juego la recuperación de la economía tras lo peor de la pandemia y el Ejecutivo quiere asegurarse al menos el aporte de las rentas al PIB.
No depende ni de Pedro Sánchez, ni de Nadia Calviño, ni de Yolanda Díaz. El AENC es un acuerdo bipartito entre patronal y sindicatos. Pero tanto el presidente del Gobierno como sus vicepresidentas primera y segunda están presionando directamente a los agentes sociales para que cierren un acuerdo rápido. El impacto de la guerra en la economía española es impredecible a estas alturas del conflicto, pero en el área económica del Ejecutivo no ocultan la gravedad de la situación por los efectos que la escalada de los precios energéticos puedan tener en la recuperación en marcha. En teoría, 2022 iba a ser el año en el que España saliera del agujero de la Covid, pero el conflicto bélico ha tambaleado todas las previsiones y es fundamental garantizar el sostenimiento de las rentas para evitar una merma masiva de la capacidad de compra de los hogares ante el rally imparable de los precios, para neutralizar cualquier elemento que pudiera frenar la recuperación.
Díaz se adelantó. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo lanzó un claro mensaje a los agentes sociales desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el pasado 22 de febrero, dos días antes de la invasión de las tropas de Vladimir Putin en Ucrania. Desde allí demandó a sindicatos y empresarios que mostraran su "compromiso" y alcanzaran "un pacto de país" para remar juntos, con el Gobierno, en la misma dirección, mejorando los sueldos para mejorar la economía en su conjunto. "Hay que dar marcha atrás a la precariedad y los bajos salarios", zanjó. En esos momentos, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ya habían mantenido contactos informales, pero la negociación oficial no arrancó hasta este jueves, 3 de marzo. En cualquier caso, ya entones las partes implicadas admitían sentirse presionadas por la vicepresidenta para cerrar un nuevo AENC.
Después salió a escena el presidente del Gobierno. Con el conflicto bélico ya en marcha, Sánchez subió a la tribuna del Congreso de los Diputados este miércoles para reclamar unidad en todos los sentidos, incluido "un gran pacto de rentas" que permita paliar el impacto sobre las familias españolas de la crisis económica que va a provocar el conflicto entre Rusia y Ucrania. En concreto, invitó a patronal y sindicatos a alcanzar "un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza tanto desde la perspectiva de los costes salariales como desde la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas". Con el objetivo, advirtió el presidente, de "evitar caer en una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias y ahorradores y ponga en riesgo la recuperación económica".
Sánchez pide subir sueldos, pero evitando una espiral inflacionista que ponga en riesgo la recuperación
Y este jueves era el turno de Calviño. Con la negociación de los agentes sociales en marcha en la sede de la CEOE, en el plató de Espejo Público, la vicepresidenta económica se alineaba con Sánchez en la dirección de presionar a la patronal y los sindicatos para que lleguen a un "pacto de rentas" en el que se acuerde la subida de los salarios, pero también se tenga en cuenta "la evolución de los beneficios y dividendos empresariales" para no entrar en una espiral inflacionista. El asunto de los efectos de segunda ronda es clave, porque esa postura la defienden Sánchez y Calviño frente a Yolanda Díaz, que considera que "el problema del IPC no se debe a salarios ni pensiones", según ha declarado recientemente. En cualquier caso, los tres líderes del Ejecutivo coinciden en presionar a patronal y sindicatos para que cierren un pacto cuanto antes que evite una merma masiva de las rentas.
Las presiones también se están produciendo en privado, según denuncian fuentes del diálogo social. "Llevan dos años sin preocuparse por el AENC y ahora nos piden que lo cerremos y que sea rápido", cuestiona una de estas fuentes. Lo cierto es que, desde que caducara el anterior acuerdo en 2020, ningún miembro del Gobierno se había pronunciado sobre este asunto. La pandemia lo paralizó todo y la prioridad fue crear una red de seguridad para evitar el desplome del mercado laboral por las restricciones sanitarias. Pero la guerra ruso-ucraniana lo ha cambiado todo. El Ejecutivo ya da por descontado que el efecto transitorio de la inflación que se estimó inicialmente se ha convertido en un problema que va a ser duradero y frente al que hay que tomar decisiones para paliar su impacto en la economía. Y los sueldos de los trabajadores no es un ámbito en el que pueda influir directamente. De ahí la estrategia de presión en público y en privado.
Las posturas, alejadas
Este jueves, representantes de la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT mantuvieron un primer encuentro en la sede de la patronal. Una primera toma de contacto sin ningún resultado definitivo. Durante la reunión, las partes coincidieron en señalar el complejo contexto actual antes de lanzarse a poner una cifra a la subida salarial recomendada para los próximos años. A nivel interno, los empresarios están sopesando una horquilla de entre el 2,5% y el 3% e incluso la posibilidad de incorporar las cláusulas de revisión que demandan los sindicatos, que por su parte plantean alzas salariales del 5%. Según el dato adelantado por el INE, la inflación cerró febrero en el 7,4% y la previsión de los expertos es que alcance el 10% antes del verano. Un escenario complejo que pone muy difícil cerrar el acuerdo tan rápido como desearían desde ambos flancos de la negociación.
Los sindicatos insisten en la necesidad de garantizar la capacidad adquisitiva de los salarios ante la salvaje escalda de los precios. Pero el propio secretario general de CCOO, Unai Sordo, admitía este jueves, tras haber sondeado oficialmente a la patronal, que "plantear subidas de un 6%, un 7% o un 8% no es muy realista en este momento". En este sentido, se abría a ir a la negociación con una "posición razonable" respecto a la horquilla de incremento, a cambio de incorporar las cláusulas de garantía salarial en los convenios durante el ciclo de vida del ANEC, aún por definir. Asimismo, se mostraba partidario de aplazar la negociación de otros aspectos del AENC -que urgen a la patronal, porque es donde quieren rebajar el impacto de la reforma laboral- para atender a la premura promovida por el Gobierno.
Pero los empresarios tienen sus reservas respecto a las mejoras de sueldos. Desde Cepyme apuestan por la moderación salarial para evitar incrementos generalizados de los costes laborales en un momento en el que muchas empresas todavía no han superado el golpe de la pandemia y cuando la mayoría de ellas están soportando la subida de precios sin repercutir ese encarecimiento a los precios finales. En este sentido, los empresarios de las pequeñas y medianas empresas piden tener en cuenta la productividad de cada compañía y recuerdan que la negociación colectiva tiene la capilaridad suficiente para abarcar la realidad de cada sector. Y en esa misma línea se pronunció este jueves el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que apostó por hacer un ejercicio de "contención y moderación" de los salarios ante la elevada tasa de inflación y el impacto que puede tener la guerra en Ucrania sobre la economía española.
