La pandemia ha tensionado de forma dramática las costuras de la frágil dotación de personal del Sistema Nacional de Salud y ha aflorado la precariedad en la que desarrollan su tarea muchos de los profesionales sanitarios de este país, que ocupan en régimen de interinidad plazas que las administraciones públicas han dejado años sin convocar. No se trata ni mucho menos de una situación nueva, pero la crisis sanitaria la ha puesto en el punto de mira y Moncloa está decidida a tomar cartas en el asunto.
El Gobierno ha mantenido contactos en los últimos días con sus socios parlamentarios y con los sindicatos para abrir una negociación en ambos frentes en busca de una fórmula legal que le permita consolidar por la vía rápida el masivo empleo interino y temporal que existe en la Sanidad Pública - aunque también en el resto de la Administración - y que ha situado a la Administración Pública española en los puestos de cabeza de los ránkings europeos de temporalidad en el sector público. El asunto además está en el foco de Bruselas desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinara el pasado mes de marzo que el modelo de los interinos supone una vulneración del marco normativo y jurisprudencial de la UE.
El problema más acuciante se da en el subsector de la Sanidad Pública, donde, según los datos de la Federación de Servicios Públicos de UGT, más del 45% del personal es interino o tiene una relación laboral de naturaleza temporal. Al cierre del año 2019 de los 498.225 profesionales del sistema público de salud, 271.523 eran fijos y 226.702, interinos o temporales. Los sindicatos aseguran que durante la pandemia el porcentaje de temporales en la plantilla de la Sanidad Pública se ha disparado. Para el Gobierno es prioritario resolver esta situación. Y el primer paso lo ha dado este pasado miércoles con la convocatoria por primera vez en 20 meses del Foro Marco para el Diálogo Social en la Sanidad, un espacio de negociación entre el Ministerio y los agentes sociales que no se convocaba desde abril de 2018 y que el departamento de Salvador Illa ha querido reactivar para abordar el asunto de los interinos, entre otras materias.
Según fuentes conocedoras de lo tratado en esa reunión, Sanidad pretende acelerar la reforma legal del Estatuto Marco del Personal del Sistema de Salud para revisar las normas de contratación de los profesionales sanitarios y habilitar de paso un cauce que permita la estabilización masiva de personal interino. Hasta la fecha eso se ha intentado a través de las 'ofertas de estabilización' pactadas en 2017 por el Gobierno de Rajoy y acordadas con los sindicatos, que aspiraban a 'regularizar' miles de plazas ocupadas por interinos mediante un proceso de selección abierto pero que valoraba de forma singular la experiencia de los aspirantes en el puesto.
El 'agujero' de los ofertas de empleo en la Sanidad
El desarrollo del mecanismo ha resultado un fiasco. Maniatados muchas veces por la tasa de reposición de vacantes - que impide a las administraciones públicas sacar más plazas de las que se han generado a lo largo del ejercicio anterior por jubilaciones del personal - y por el rigor de la normativa presupuestaria, los gobiernos de las comunidades autónomas apenas han sacado una pequeña parte de las plazas previstas en las ofertas públicas de empleo. Y cuando lo han hecho no siempre las cosas han salido bien: convocatorias que se solapan, procesos que se prolongan durante meses, otros que caducan por la incapacidad de las administraciones de cerrarlos en tiempo y forma...
¿Resultado? En medio de la peor crisis sanitaria del siglo, hay 151.920 plazas de personal sanitario pendientes de ocupación. De las 156.783 convocadas en el marco de las convocatorias oficiales de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019, cuando apenas quedan unos días para que acabe 2020 apenas se han resuelto menos de 5.000, otras 66.000 están en proceso de ocupación y nada menos que 85.777 ni siquiera se han publicado para abrir la convocatoria a los opositores.
"Pero las comunidades autónomas tienen que cubrir sus necesidades de personal y si no pueden hacerlo a través de las ofertas públicas de empleo, acaban haciéndolo con la contratación de personal temporal", denuncia la portavoz de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Gracia Álvarez. Los datos que maneja UGT señalan que entre 2017 y 2019 el número de trabajadores temporales en la Sanidad Pública se incrementó en más de 25.000 en tanto que el número de funcionarios cayó en más de 28.000.
"La situación en la Sanidad Pública ya no se puede resolver con parches legales", dice en relación a la negociación abierta por el Gobierno. "Es necesario hacer un Plan de Recursos Humanos, identificar las necesidades de personal existentes y cubrirlas. Y para ello es fundamental que se elimine de una vez y para siempre la 'tasa de reposición de vacantes'", remacha.
Un canal de entrada exprés para el personal interino
Según las fuentes consultadas, la idea del Gobierno va por otros derroteros, por la aprobación de una solución jurídica que permita desembalsar en un periodo de tiempo relativamente corto la bolsa de interinos que aún existe en las Administraciones Públicas españolas y que según una proposición no de ley (PNL) sobre el particular presentada por el Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados rondaría las 800.000 personas. Precisamente, ha sido esa PNL presentada en el Congreso la que ha permitido abrir un cauce para tratar de impulsar desde el Parlamento una reforma más amplia de la normativa sobre Función Pública para resolver el problema de los interinos, no sólo en el ámbito sanitario sino a nivel general.
La propuesta original del Grupo Vasco abogaba por habilitar una reserva específica de plazas dentro de las Ofertas de Empleo Público solo para interinos en aquellos ámbitos en que se identificar la existencia de un porcentaje relevante de empleo interino de larga duración, como la Sanidad o la Educación donde se concentran la mayor parte de los empleados con este tipo de relación laboral con la Administración Pública. El asunto es controvertido, sobre todo porque cuestiona el principio de igualdad y libre concurrencia a los procesos de ocupación de plazas públicas.
Pero la propuesta ha abierto una veta que los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, junto a la mayoría de formaciones del arco parlamentario con la excepción del PP y el rechazo de Vox, han aprovechado para instar al Gobierno a abordar una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que permita acabar con la temporalidad en el sector público, que exige un nivel máximo del 8%, pero que ahora supera el 25%. La PNL aprobada no habla específicamente del método de la 'reserva específica' de plazas pero apela al Gobierno a buscar respuestas legales a la elevada temporalidad en el sector público.
En paralelo a la tramitación de esta iniciativa en el Congreso, representantes de Función Pública se han reunido esta pasada semana de manera informal con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, según confirman varias fuentes sindicales, y les han comunicado que la reforma del Estatuto Básico para resolver el problema de los interinos será una de las negociaciones prioritarias en la primera mitad del año 2021. La reforma no sólo buscará sacar adelante ese cauce legal para estabilizar interinos, sino también introducir en la normativa algún tipo de penalización - los sindicatos piden que sean sanciones económicas - para las Administraciones Públicas que recurran de forma abusiva a la contratación temporal para cubrir sus puestos estructurales. Los sindicatos también quiere que las Administraciones Públicas tengan unos plazos máximos de referencia de obligado cumplimiento para convocar las plazas de las ofertas de empleo y también para darles cobertura, para impedir las convocatorias eternas que tantas distorsiones han causado en los últimos años.
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