La promotora participada por Santander, BBVA y FCC, Metrovacesa, cree que la nueva ley de vivienda perjudica el dinamismo del sector inmobiliario a la par que lastra la creación de empleo, disminuyendo la oferta de vivienda en el país. Así lo ha manifestado el presidente de la compañía, Ignacio Moreno, durante su intervención en la junta de accionistas de la sociedad, en la que también ha criticado la "cada vez mayor carga impositiva que se sufre en España".
"La elevada y posiblemente persistente inflación, el incremento de los costes de construcción, la subida de los tipos de interés y la cada vez mayor carga impositiva que sufrimos en España hacen que el esfuerzo económico sobre la renta disponible de los compradores de vivienda sea cada vez más elevado", ha señalado.
Tras este diagnóstico, el directivo se ha referido al nuevo proyecto de ley de vivienda presentado por el Gobierno, que en su opinión prevé establecer "restricciones al mercado de alquiler, nuevas cargas urbanísticas al suelo, además de incluir otros aspectos desfavorables para el propietario de viviendas". Por ello, Moreno cree que si esta ley se llegase a aprobar en su versión actual, tendría un "efecto desincentivador de nuevas inversiones, perjudicando el dinamismo, la creación de empleo y riqueza del sector y, en último término, la propia oferta de vivienda".
En este contexto, el presidente de la promotora también ha calificado el escenario económico actual como "uno de los más complejos vividos en las últimas décadas", citando sobre todo el Covid-19, la guerra de Ucrania y las situaciones geopolíticas y financieras, que "impactan de una manera significativa en los mercados, en la economía y también en el sector inmobiliario".
En su turno, el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha incidido en el incremento de los precios de la energía y de las materias primas, los retrasos en las cadenas de suministro y el descenso generalizado en el crecimiento de todas las economías europeas, admitiendo en cualquier caso que el sector inmobiliario español "ha sido capaz de mantenerse fuerte en este contexto impredecible".
OPA y dividendo
Ante la pregunta de un accionista, Ignacio Moreno ha asegurado que FCC no ha solicitado un asiento en el consejo de administración tras elevar al 20,2% su participación en el capital. La constructora controlaba solo el 5,4% del capital el año pasado pero el lanzamiento de una OPA --que no fue aceptada por Santander y BBVA, que controlan el 49,3% y el 20,8%, respectivamente-- le permitió incrementar su presencia en el capital. En el marco de esta operación, FCC ya trasladó que no tenía intención de solicitar un representante en el consejo.
Al margen de la opinión de la compañía sobre el contexto socioeconómico, la junta de accionistas, con un quórum del 91,9%, ha aprobado todos los puntos del orden del día, incluido el pago de 50 millones de euros en dividendos. En concreto, se distribuirá entre los accionistas un dividendo por importe de 0,33 euros por título con cargo a reservas de libre disposición, en torno al próximo 19 de mayo. La junta también ha acordado la reelección de PriceWaterhouseCoopers (PwC) como auditor de cuentas para 2023, así como la política de remuneraciones de los consejeros de la sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
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