Brasil inicia este 2023 una nueva etapa con Lula da Silva recién llegado al gobierno con una perspectiva muy distinta a la de su anterior etapa en el gobierno hace 20 años (el presidente carioca inició su mandato en 2003 y lo alargó hasta el 2010 tras salir reelegido en los comicios de 2006), marcada sobre todo por los desafíos globales que la comunidad internacional ha tenido que hacer frente estos últimos años . El orden mundial está en pleno proceso de trasformación y eso provoca incertidumbres económicas y geopolíticas. Lula tendrá que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad si quiere impulsar el desarrollo de la decimotercera economía del planeta.
El reto de la pandemia, que todavía sigue causando retrasos en las cadenas de suministro y la agresión rusa contra Ucrania, ha pasado factura a las grandes economías como China, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, ante la posibilidad de una crisis mundial inminente, parece que se abren grandes ventanas de oportunidad ante la región latinoamericana, por lo que está por ver si Lula sabrá aprovecharlas a la vez que esquiva desafíos como la inflación, la deuda pública, la pobreza, la fortaleza del dólar que inhabilita a Brasil como competidor comercial y las tensiones internas del gobierno.
La crisis ucraniana ha desencadenado consecuencias tanto positivas como negativas dependiendo del país. Con la subida de precios de los hidrocarburos y de otras materias primas, los estados productores (Venezuela, el propio Brasil, Ecuador, México y Colombia) se han visto gratamente beneficiados frente al castigo que han sufrido los no productores (caribeños, centroamericanos y Chile).
La invasión ha deteriorado las expectativas de crecimiento económico. Las primeras previsiones apuntan a que la región latinoamericana crecerá menos de lo previsto a causa del conflicto en Ucrania. Además, el aumento de la inflación estadounidense se tradujo en una mayor inflación importada y la expectativa de una política monetaria más restrictiva provocó depreciaciones generalizadas. Los tempranos aumentos de los tipos de interés decretados por algunos bancos centrales, como el de Brasil, consiguieron que el proceso inflacionario no se disparara.
El Brasil que se ha encontrado Lula
La deuda pública brasileña se sitúa en torno al 76,8% del Producto Interior Bruto (PIB), con tendencia a la baja desde el pico del 90% que se alcanzó en los primeros meses de la pandemia, pero todavía sigue en niveles elevados. Brasil se mantiene en déficit primario (antes del pago de intereses) desde finales de 2014, lo que ha llevado al país a acumular un déficit consolidado del 4,21% del PIB.
La principal promesa electoral de Lula supondrá una mayor presión en las cuentas públicas, puesto que destinará 145.000 millones de reales (unos 27.800 millones de dólares) a ayudas sociales, una partida que excederá el límite presupuestario y obligará a aumentar el endeudamiento.
Aunque la economía del país cerrará el año previsiblemente con un crecimiento del 2,9%, se está ralentizando debido a la agresiva política monetaria puesta en marcha por el Banco Central para controlar la inflación, que ha elevado los tipos de interés oficiales al 13,75%. El Banco Central espera que Brasil crezca en torno a un 1% en 2023, un dato que de confirmarse supondrá una importante merma en la capacidad de recaudación de impuestos.
La inflación, disparada
Una parte significativa de la variación de la inflación en América Latina es atribuible a factores mundiales como son los precios de las materias primas, los shocks de oferta por la pandemia y la guerra en Ucrania y posteriormente el reflejo de una recuperación sincronizada de la demanda a escala mundial.
Otra de las principales características del impulso inflacionario ha sido el aumento retardado de los precios de los servicios en relación con los de los bienes. El pasado abril de 2022, Brasil registro una inflación histórica desde hace 2 décadas, alcanzando una inflación del 12,5%.
Pobreza en aumento con el desempleo a la baja
La tasa de desempleo se sitúa en el 8,7% de la población activa, el menor nivel desde 2015, pero los economistas temen que el enfriamiento de la economía pueda repercutir en el mercado laboral. Estos datos inciden directamente en las cuentas públicas, de empeorar, supondrían un sobrecoste en el abono de subsidios de desempleo y también, lo que limitaría aún más el margen de acción del Gobierno.
Según datos recopilados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), a pesar de la mejora en las cifras del empleo, la pobreza se disparó en 2021, llegando al 29,4% de la población, lo que supone 62,5 millones de personas. Además, los niveles de miseria se dispararon hasta el 8,4% de los habitantes de Brasil, que dependen de las ayudas para subsistir.
En cuanto a la renta per cápita, Brasil se situó en 7.507,2 dólares en 2021, frente a la cifra que dejó Lula con el fin su mandato en el 2010, con 11.249,5. Hay que tener en cuenta que entre estas dos cifras el país tuvo que encarar desde 2014 una de las mayores crisis económicas de su historia. Como punto de comparación, este 2021 Estados Unidos contaba con una renta per cápita de 70.248,6 dólares y España de 30.103,5 según el organismo.
Un panorama político muy dividido
El gobierno de Luis Inácio Lula da Silva deberá enfrentarse al problema de aumentar el gasto público manteniendo la disciplina fiscal. Esta es una tarea particularmente difícil en una economía tan volátil y cambiante. Da Silva enfrenta muchos desafíos que están ralentizando el desarrollo del país. El gasto estatal obligatorio en funcionarios, seguridad social o pensiones, ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, debido en parte al envejecimiento de la población, y en 2023 representará el 93,7% del presupuesto público.
El efectivo gastado en inversiones y programas gubernamentales caerá un 14,9 % del presupuesto disponible en 2022, según cálculos del Centro de Investigación de la Fundación Getúlio Vargas (FGV). Además, da Silva tiene que lidiar con un parlamento dominado por la oposición que ha sacado a la calle a los partidarios de Jair Bolsonaro y ha obligado a un tercio de los 214 millones de habitantes del país a vivir por debajo del umbral de la pobreza.
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