La Ley de Vivienda se convierte en el principal activo en la carrera electoral

Este año está lleno de citas electorales, si las generales se presuponen para final de año, las autonómicas y municipales están en plena campaña y la Ley de Vivienda se ha convertido en el principal activo para conseguir más apoyo en los comicios. En total, han pasado catorce meses desde que el Consejo de Ministros enviara al Congreso el anteproyecto de ley, todo hace pensar que el Gobierno de coalición tiene garantizados los votos de ERC y EH Bildu para conseguir su luz verde, y así obtener rédito electoral.

Hace dos meses, fuentes de ERC reconocían que "puede ser un gran activo electoral", cuando oficialmente la negociación estaba atascada, pero todos los grupos implicados decían ser conscientes de que la legislatura no podía acabar sin esta ley. Por fin, su previsible aprobación justo antes de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo les permitirá presentarse ante su electorado con una promesa cumplida y transmitirles que el problema de la vivienda, uno de los que más preocupan a los españoles, tiene visos de solución si se revalidan los gobiernos progresistas.

Dos últimos escollos

Según fuentes de la negociación, el tope del 3% a la subida de los alquileres en 2024 y asegurarse de que la limitación de precios afectará también a las nuevas viviendas que entran en ese mercado han sido los dos últimos escollos que atascaban el acuerdo. Dos obstáculos que parecían salvados a finales de 2022, cuando los socialistas llegaron a un preacuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que la ley estableciera ese tope en las renovaciones anuales de los contratos.

Sin embargo, en la siguiente reunión, el Ministerio de Asuntos Económicos sorprendió con la propuesta de que el 3% fuera un tope extraordinario para el primer año y que después el límite lo determinara un índice de precios por elaborar. Esta oferta fue rechazada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que reivindicaron entonces el preacuerdo del 3%, aunque finalmente han sido los que han dado su brazo a torcer.

Unidas Podemos tampoco ha conseguido otros de los objetivos que se marcaron cuando los ministerios de Transportes y de Derechos Sociales empezaron a negociar hace más de tres años, como que la limitación de precios se aplique por igual a pequeños propietarios y grandes tenedores o que todas las viviendas de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) se incluyan en el parque público de alquiler.

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Protagonismo de ERC y EH Bildu

Pese a ello, se han mostrado satisfechos en las últimas horas, en las que de forma pactada han dejado el protagonismo del anuncio a ERC y EH Bildu, con los que también consensuaron hace meses los puntos comunes para aceptar un acuerdo con el PSOE.

Durante la tramitación parlamentaria de la ley, igual que en los dos años anteriores de ardua negociación entre el PSOE y Podemos, la regulación de los alquileres y la protección contra los desahucios han sido las prioridades de los morados, mientras que para los independentistas ha sido el "respeto escrupuloso del marco competencial" en materia de vivienda.

Entretanto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho hincapié durante este tiempo en la necesidad de que la nueva ley fuera consistente jurídicamente para que un posible recurso del PP ante el Tribunal Constitucional no se la llevara por delante.

Mucho ha cedido también el PSOE desde que estableció una línea roja para que los pequeños propietarios como mucho tuvieran que congelar las rentas en zonas tensionadas durante tres años en caso de renovación de contratos por el mismo inquilino, y limitar al 10% el incremento del precio del último contrato para los inquilinos nuevos. 

Con el acuerdo alcanzado este viernes, esa línea roja se mantiene, aunque los socialistas aseguran que con los incentivos fiscales que prevé la ley compensará a los pequeños propietarios bajar el precio en los nuevos contratos. Tras el acuerdo político, está por ver la letra pequeña de una de las leyes más importantes de la legislatura, su aplicación y el desarrollo que tiene.

Y todo ello en un contexto de incertidumbre en el que, tras un año de aplicación del límite del 2%, las rentas en las grandes ciudades siguen en máximos históricos y la oferta se ha contraído porque muchos propietarios han aprovechado para vender sus viviendas o simplemente han preferido retirarlas del mercado, según asegura el sector.