El Ministerio de Trabajo se encuentra en plena negociación para cerrar un texto de la reforma del subsidio por desempleo con los agentes sociales, la idea de la cartera de Yolanda Díaz es enviarlo en forma de proyecto de ley al Congreso de los Diputados "en breve", ya que está vinculado al cuarto pago de los fondos europeos. Solo se han producido dos reuniones desde que se retomasen las mesas de diálogo -después de que el documento decayera por el voto en contra de Podemos- en las que ha habido algunos avances como en lo referido al trabajo parcial, si bien quedan puntos clave por cerrar como la 'pasarela' por la que hasta 122.000 perceptores podrían pasar al Ingreso Mínimo Vital (IMV). El punto que parece avanzar la reforma de la ayuda.
"Un elemento importante es el tratamiento de los colectivos que quieren enviar al IMV, son cinco colectivos, 122.000 personas", "han aceptado que hay que regular quiénes van y quienes no al IMV y en qué términos se integran, de manera que no se pueda posponer seis meses" destacó el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, a la salida de la última reunión. "Nos hubiera gustado tener un texto, hemos pedido que nos traigan por escrito cómo va a ser esa pasarela, cómo van a ser acogidos en Seguridad Social" añadió el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, en declaraciones a los medios.
En el Ministerio de Trabajo rechazan aclarar cuáles son esos cinco colectivos, a la espera de constatar cómo avanza la mesa de diálogo social. No obstante, los derechos de los emigrantes retornados sí podrían haber quedado garantizados tras el último encuentro, según apuntaron los representantes de los trabajadores. CCOO y UGT celebraron que el departamento de Yolanda Díaz se haya comprometido a elaborar este puente con carácter inmediato y no al medio año de la publicación de la reforma como se indicaba en el texto rechazado, aunque advierten de que esta será uno de los puntos clave de esta fase de negociación, dado que algunos de estos perceptores no reunirían los requisitos para acceder a la ayuda que diseñó José Luis Escrivá en 2020.
Además, la necesidad de coordinar el subsidio por desempleo y el IMV es uno de los motivos a los que se hacía referencia en el real decreto-ley de la ayuda asistencial de diciembre para justificar que se recurriese a esta figura urgente y no al proyecto de ley. "La puesta en marcha del IMV, figura regulada por primera vez en 2020, tiene por objetivo proporcionar una red de protección mínima para todos los ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad económica y social, entre los que se encuentran los desempleados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones contributivas y asistenciales, lo que hace determinante proceder a la efectiva coordinación de las dos figuras protectoras" reza el texto, cuya disposición adicional primera abordaba la transición entre ambas ayudas.
El IMV tiene un problema de alcance
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz no está representado en la negociación con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, por lo que el trabajo se hará de forma interna, puesto que las carteras aseguran estar en contacto permanente. Este ajuste previsiblemente requerirá una reforma de la ley 19/2021 de 20 de diciembre, en la que quedaron fijados los requisitos para acceder al IMV y que todos los actores consideran necesaria, dado que a tres meses de cumplir los cuatro años en vigor, el principal problema de la prestación contra la pobreza es su escaso alcance, como ha reprochado en dos ocasiones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y organizaciones como Oxfam o Save the Children.
Antes de su lanzamiento, el Gobierno calculó que el IMV podría reunir hasta 850.000 beneficiarios aun siendo consciente de la dificultad que suponía alcanzar esta cifra por requerir que las personas tengan un empleo o estén en búsqueda activa de él -abandonen la economía sumergida- y sobre todo, por no haber un registro oficial de personas en riesgo de pobreza. Hasta enero, 750.000 hogares y más de 2,2 millones de personas han percibido esta ayuda no contributiva, si bien el número de los que lo reciben en la actualidad sería bastante inferior, de acuerdo con los datos anteriores aportados por el organismo de Cristina Herrero. No obstante, el Ministerio se ha comprometido a hacer público este registro de forma mensual a partir del jueves y ha lanzado un plan para aumentar el alcance de la ayuda.
Los dos partidos representados en el Gobierno, PSOE y Sumar, reflejaron esta voluntad de cambio en el acuerdo de coalición. "Reforzaremos y mejoraremos el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso, extendiéndose además los itinerarios de inclusión socio-laboral" firmaron a la vez que se comprometieron a unificar el Complemento de Ayuda a la Infancia y la deducción por maternidad en el IRPF. La plataforma liderada por la ministra de Trabajo fue clara durante toda la campaña electoral al señalar el diseño actual del IMV como insuficiente para alcanzar su objetivo, una disputa que ya enfrentó en su momento al entonces vicepresidente y responsable de Derechos Sociales, Pablo Iglesias y a Escrivá.
