El Consejo de Ministros aprueba de nuevo este martes la ley orgánica de representación paritaria que obliga a que ningún sexo cuente con un peso inferior a un 40% en la dirección y el consejo de las empresas, en el Gobierno, candidaturas electorales y también en órganos de relevancia constitucional.
La norma, que compete a los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Igualdad e Interior, tiene como objetivo garantizar la paridad en los órganos de decisión privados y también públicos. Está previsto que la ley sea aprobada en los mismos términos que durante el pasado mes de mayo, antes de la celebración de las elecciones generales.
¿Qué recoge la norma?
La tramitación parlamentaria de la normativa se vio truncada por el anticipo de los comicios, y recoge la obligación de que las empresas tengan consejos y direcciones paritarias. Es decir, un mínimo del 40% de mujeres, asunto que también aplica a las candidaturas electorales y a los miembros del Gobierno, así como a los colegios profesionales y a los jurados de premios o reconocimientos de carácter público.
Esta obligación afecta a sociedades cotizadas y entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocio de más de 50 millones de euros o activos por 43 millones.
Cuándo entra en vigor la ley de paridad
Las fechas para la entrada en vigor de la ley según el tamaño de la empresa y si son cotizadas o no, tendrán que modificarse respecto al texto original teniendo en cuenta que la tramitación se retrasará varios meses y que el inicio previsto para las 35 empresas de mayor capitalización bursátil era el 30 de junio de 2024.
Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).
Qué organismos controlarán la ley de paridad
Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones de representación paritaria en sociedades cotizadas y entidades de interés público serán la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de las Mujeres.
En el momento en que se aprobó la ley por primera vez, la CEOE lamentó que no se hubiera negociado en el ámbito del diálogo social y que se hubiese planteado como una obligación, mientras que los sindicatos CCOO y UGT la consideraron una herramienta muy útil para corregir situaciones de discriminación.
Paridad en organismos públicos
Además, este principio de representación equilibrada afectará asimismo a órganos constitucionales y de relevancia, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial.
La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal. En el caso de entidades de interés público, consejos generales y colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40% tendrán que justificar los motivos y corregirlo.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada Ministerio deberán incorporar también este principio de representación equilibrada en los próximos años.
