En apenas dos semanas se cumplirá un año desde que el Congreso diese luz verde al ingreso mínimo vital sin ni un solo voto en contra. Entonces, se trataba de la ayuda de mayor calado social destinada a los más vulnerables y que, por ende, la crisis derivada de la pandemia había 'golpeado' con más fuerza. Sin embargo, esta prestación sigue aún enquistada, tanto que solo está llegando a una de cada cuatro familias.
De hecho, no han sido pocas las veces en las que el Gobierno ha incluido nuevos requisitos para hacer más accesible la ayuda y que pueda llegar a más familias. En definitiva, para aligerar el cuello de botella en el que todavía hoy se encuentra la ayuda.
Ante esta situación, el PSOE y Unidas Podemos han acordado desbloquear la tramitación en el Congreso de la Ley del Ingreso Mínimo Vital. Todo después de que la formación morada haya insistido en varias ocasiones en acabar con la sucesión de prórrogas al trámite de enmiendas y que mantenía congelada las iniciativas en la Cámara El grupo liderado por Yolanda Díaz había hecho pública esta misma mañana su discrepancia con el PSOE por el "mal funcionamiento del ingreso mínimo vital en su forma actual".
Se espera así que la decisión se haga definitiva en la reunión de la Mesa del Congreso de la próxima semana. PSOE y Unidas Podemos votarán a favor haciendo efectiva su mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja.
Los cambios que reclama Unidas Podemos
De esta forma, los cambios que promueve Unidas Podemos recogen medidas para incluir entre los beneficiarios a aquellas personas que entran en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio, así como para que no computen para el acceso al IMV las ayudas por situación de dependencia ni tampoco, cuando no se estén cobrando, las prestaciones ni subsidios por desempleo.
Del mismo modo, proponen extender las ayudas de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima a 31 de diciembre de 2020; que se reduzca el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años; e introduce en el Proyecto de Ley excepciones para colectivos con mayor probabilidad de exclusión social.
Para evitar la exclusión de colectivos vulnerables que puedan estar en situación irregular, Unidas Podemos pide, además, eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, personas menores que viven en hogares en situación irregular, víctimas de trata o víctimas de violencia de género.
En la misma línea, propone para ser considerado integrante de una unidad de convivencia bastará con acreditar la residencia efectiva y continuada en el caso de estos colectivos. Otra enmienda demanda que se asegura el acceso al IMV de las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad quedando desamparados
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