La nueva prolongación de los PGE podría ser ya una realidad. La incertidumbre política que se ha generado en los últimos meses tras las elecciones del 23-J, han llevado a que el Rey de el 'vamos' al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que forme gobierno. Así, la fecha para su investidura que ha quedado para los días 26 y 27 de septiembre, certifica la necesidad de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene. Esto porque el proyecto de ley debería presentarse en las Cortes antes de que finalice septiembre, para su tramitación parlamentaria y entrada en vigor el 1 de enero.
En su artículo 134, la Constitución establece que los Presupuestos Generales del Estado deben presentarse en el Congreso "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", pero con la fecha de la investidura de Feijóo, que podría no prosperar obligando a un nuevo debate con otro candidato semanas después, se hace muy difícil ajustarse en tiempo y forma a la previsión constitucional.
De hecho, la elaboración de los PGE suele arrancar en julio con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como a la Comisión Nacional de Administraciones Locales, para informar a comunidades autónomas y ayuntamientos de los objetivos de déficit marcados, trámites que no se han llevado a cabo al hallarse España en periodo electoral.
Sin noticias del techo de gasto
Pero el mismo artículo de la Constitución establece que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos". Un dato que augura la prórroga presupuestaria es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no se plantea definir para 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado, conocido como techo de gasto, hasta que no se conforme un nuevo Gobierno, según informaron fuentes del Ministerio a Europa Press.
Este límite o techo se trata de un paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y sirve, precisamente, como herramienta de gestión de los mismos, ya que es el tope con el que la Administración Pública tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
De la prórroga de Montoro a la de Montero
Esta sería la novena prórroga de unos Presupuestos desde la llegada de la democracia. Las cuentas más longevas fueron las diseñadas por el ministro Cristóbal Montoro para 2018, que estuvieron en vigor durante tres ejercicios consecutivos, hasta 2021, cuando la socialista María Jesús Montero sacó adelante el primero de sus tres Presupuestos en tiempo y forma. Los PGE es una de las normas más importantes de un Gobierno, ya que conforma el grueso de la política económica del Ejecutivo. En estas cuentas se contemplan las inversiones comprometidas, las transferencias a comunidades autónomas, las pensiones, las partidas sanitarias o las prestaciones de desempleo, entre otros puntos.
Ahora bien, la prórroga no supone una gran alteración en los planes económicos del futuro Gobierno, ya que puede adoptar algunas medidas por decreto ley para ajustar mejor la política económica y, en todo caso, siempre puede aprobar unos nuevos Presupuestos para 2024 que entren en vigor en cuanto se aprueben en las Cortes, aunque el ejercicio ya esté empezado. María Jesús Montero ha señalado este jueves que su intención es seguir trabajando para que se designe un nuevo Gobierno que pueda impulsar el proyecto de Presupuestos.
La revalorización de las pensiones, garantizada
La prórroga, en todo caso, no comprometería la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que se garantizó mediante la última reforma de pensiones liderada por José Luis Escrivá. Es más, lo más probable es que dicha revalorización sea inferior a la de 2022, cuando la inflación alcanzó un 8,4%. De manera similar pasaría con el incremento de los sueldos públicos.
Lo que sí tiene que hacer el nuevo Gobierno antes de que acabe este año es decidir qué hace con las ayudas desplegadas por las consecuencias de la guerra en Ucrania, como la rebaja en el IVA de alimentos en la electricidad, que se prorrogaron por decreto ley hasta el 1 de enero de 2024.
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