"Se trata de una demanda histórica", apuntan fuentes del Partido Nacionalista Vasco al ser consultadas por este diario sobre si incluirán la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social entre sus demandas para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez. Los representantes del PNV, encabezados por Aitor Esteban en Madrid, entienden que el Gobierno debe avanzar en esta cuestión por estar recogida en el Estatuto del Gernika -el Estatuto de Autonomía del País Vasco-. La competencia aparece reflejada en los mismos términos en el texto de Cataluña, sin embargo, los líderes de Junts per Catalunya van un paso más allá y hablan de "transferir las competencias de la Seguridad Social al govern de Cataluña", como parte del proceso para dotarse de "estructuras de Estado" de cara a la independencia.
Lo cierto es que no es la primera vez que la posible transferencia es objeto de debate público y sobre todo, jurídico. La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social ya fue una de las condiciones pactadas por los representantes del PSOE y PNV para investir a Pedro Sánchez en 2019, que después se materializaría en un encuentro entre la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, en la que acordaron negociar esta transferencia antes de diciembre de 2021. No obstante, el apretón de manos quedó en saco roto con la llegada de la pandemia y desde Moncloa dan por cumplidos los compromisos alcanzados con la trasferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, según apuntan fuentes de la cartera de Isabel Rodríguez.
Tampoco se trata de una pugna nueva para Cataluña. El Tribunal Constitucional estudió en 1989 el conflicto de competencias planteado cuatro años antes por el Govern tras la aprobación del RDL 1314/1984, que reestructuraba las competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este proceso dio lugar a la primera de varias sentencias sobre esta cuestión (STC 124/1989) en la que el Tribunal concibió la Seguridad Social como un "régimen público", "único y unitario" que exigía la unidad jurídica, presupuestaria y de titularidad de los fondos de la Seguridad Social bajo la tutela del Estado. Esta decisión contó con tres votos particulares a los que se adhirieron hasta seis magistrados.
Dos años más tarde (STC 124/1989) se abordó directamente "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social" en una sentencia en la que se determinó que las competencias de ambos niveles de gobierno "deberán conciliarse" pero que las autonómicas no podían comprometer la unidad del sistema, perturbar el "funcionamiento económico uniforme", cuestionar la titularidad estatal de los recursos de la Seguridad Social o crear desigualdades entre ciudadanos de diferentes territorios. Estas precauciones son asumidas por el PNV al exigir "la transferencia de las competencias de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad".
PNV volverá a exigirlo para apoyar a Sánchez
El partido de Andoni Orduzar no lo ha expresado públicamente, pero parece que este será uno de los puntos que exigirán para dar su respaldo a Pedro Sánchez -después de haber dado un portazo a Alberto Núñez Feijóo-. Sus cinco escaños son clave para decantar la balanza en favor del bloque progresista, encabezado por PSOE y Sumar. Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se apresuró a negar cualquier posibilidad de llevar a cabo esta transferencia en una entrevista concedida a La Sexta, haciendo alusión a las sentencias del Constitucional. Desde el Ministerio rechazan hacer valoraciones sobre asuntos que "se circunscriben al ámbito de los partidos políticos", mientras que desde Ferraz no aclaran si esta era la opinión del ministro o representa la postura del PSOE de cara a las negociaciones.
En cambio, parece ocupar un lugar más secundario entre las demandas de Junts, quienes han exigido a Sánchez que conceda la amnistía a los que denominan "presos políticos", otorgue la oportunidad de realizar un referéndum de autodeterminación y condone la deuda derivada de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Tampoco se encuentra entre las prioridades fijadas por ERC para brindar su apoyo en la posible investidura, aunque los republicanos incluyeron en su programa electoral para las elecciones generales el traspaso de la "gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital en favor de Catalunya, el País Valenciá y las Illes Balears". Los catalanes también tienen puesto el foco en “el déficit fiscal que padece Cataluña”, como explicó la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta.
En cualquier caso, parece que habrá que esperar algunas semanas para que estas cuestiones vuelvan a centrar las conversaciones de los distintos grupos representados en el Congreso de los Diputados, dado que, por el momento, todas las miradas y los esfuerzos están puestos en la negociación de los nueve puestos de la Mesa de la Cámara Baja, ya que la votación se llevará a cabo el próximo jueves 17. A partir de esta fecha, la maquinaria del Congreso comenzará a funcionar para formar los grupos y dar paso a la sesión de investidura a la que primero podría presentarse Alberto Núñez Feijóo si así se lo pide Felipe VI, a pesar de que la aritmética parlamentaria hace imposible que el proceso prospere si los 'populares' no negocian con Junts.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios