Déficit de Seguridad Social y jubilación: ¿tienen futuro las pensiones en España?

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, auguró el pasado miércoles un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y que continúe en el 1,4% del PIB en el año 2023 sino se implementan medidas. Las cifras vuelven a poner el foco sobre la viabilidad del sistema de pensiones y la necesidad de reformas, aunque no haya concordancia sobre cuáles. ¿Tiene futuro el sistema actual de jubilación? ¿Peligran las pensiones para las generaciones más jóvenes?

El sistema de pensiones en España utiliza el método de reparto, según el cual las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales pagan las pensiones de ese momento, de manera que se basa en la denominada solidaridad intergeneracional. El problema viene por la insuficiencia de ingresos para cubrir los gastos, es decir, las cotizaciones actuales son inferiores al monto que suponen las pensiones cada año.

Pese a ese desequilibrio de ingresos y gastos, que dan como resultado el déficit de la Seguridad Social, las pensiones están garantizadas aunque su poder adquisitivo pueda reducirse. "La seguridad social nunca dejará de pagar las pensiones", afirma José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de LoRIS, aunque reconoce que "otra cosa es que sean del mismo importe". Sin aplicar las medidas pertinentes, en 2060 el sistema seguiría asegurando las pensiones pero el importe sería la mitad. No obstante, Herce subraya que "eso no se va a dar porque siempre se aplican medidas". 

Para evitar esa situación los expertos coinciden en señalar que la solución es retrasar la edad legal. En la actualidad, la edad legal está fijada en los 65 años y 10 meses, o en los 65 años para quienes acrediten un periodo de cotización igual o superior a 37 años. No obstante se trata de una norma en transición con el objetivo de que a partir de 2027 la edad de jubilación sea 67 años y solo podrán hacerlo a los 65 quienes tengan cotizados más de 38 años y 6 meses. Herce insiste en que entonces "habrá que seguir retrasando la edad" y situarnos a la par de otros países que ya sitúan la jubilación a los 70 años. 

Sin embargo, el retraso de la edad legal es una medida impopular que por ahora no está sobre la mesa. El Gobierno plantea una propuesta menos drástica, endureciendo las jubilaciones anticipadas y mejorando las incentivos a quien prolongue su vida laboral. El objetivo final es retrasar la edad real, aproximándola o incluso superando la legal. Herce explica que esta medida permitiría equilibrar los ingresos y gastos, evitar el déficit, pero "poco a poco" y solo si cada año "la edad diese un gran salto adelante, de 10 12 meses". 

Este avance de la edad real de jubilación es difícil de conseguir y para ello el Estado tendría que dar "una bonificación muy potente", lo que incluso podría provocar también un desequilibrio en las cuentas. El resultado vuelve a situar al sistema en el punto de partida actual, con déficit, por ello Hence insiste que las propuestas son "buenas intenciones, pero la única forma es atrasar la edad legal". Esa fórmula implica un ajuste del factor tiempo, no tanto del financiero, de manera que equilibra el periodo que se cobran las pensiones. El importe de las pensiones no se vería muy afectado, pero sí la garantía de pago, estarían más aseguradas porque se cobra durante menos tiempo.

Frente a esta postura, desde el sindicato de UGT denuncian que la problemática se centra en el mercado de trabajo, "desde la reforma laboral se ha permitido a las empresas despedir a los trabajadores mayores de 50 años que ya nunca vuelven a trabajar". Afirman que su tasa de inactividad provoca estas jubilaciones anticipadas y exigen eliminar recortes sobre las pensiones de quienes han cotizado más de 40 años para lograr aproximar la edad real a la legal.

Traspaso de déficit al Estado para eliminar gastos impropios

Además de la propuesta de retrasar la edad real de jubilación, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aboga por eliminar gastos impropios, según afirma con "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones, para reducir el déficit de la Seguridad Social. Entre las partidas,incluye la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planes (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).

El sindicato UGT apoya la medida "para que se equilibre y refuerce nuestro sistema de pensiones". Frente a esta postura, José Antonio Herce valora la propuesta como "álgebra presupuestaria" porque no elimina o equilibra la deuda, sino que esa partida se trasladará de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, que igualmente presenta déficit. 

El ministerio apunta que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos impropios, permitiría eliminar el déficit previsto. Sin embargo, el doctor en Economía asegura que la previsión déficit es mayor. La situación post-Covid ha provocado un descalabro de las cotizaciones, caída de la afiliación, y, según sus palabras, el déficit del 2% previsto para 2020 sería "una magnífica noticia". "El déficit superará los 30.000, 33.000 millones, el porcentaje del PIB será algo mayor".