La semana pasada el Gobierno aprobó la integración de las clases pasivas del Estado, funcionarios civiles y militares, en la Seguridad Social a través del real decreto ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Pese a que la medida se toma en medio del estado de alarma y con medidas orientadas a paliar el impacto del coronavirus en la economía, la decisión no está vinculado a ello. Eso sí, no es decisión nueva y el propio ministro José Luis Escrivá ya la anunció como su primera medida.
El objetivo, según señala el Gobierno, es estructurar los departamentos ministeriales, para generar seguridad jurídica y certidumbre en materia de pensiones. Sin embargo, el traspaso desde Hacienda, hasta el ministerio responsable de su gestión, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha estado exento de polémica y diversas asociaciones han mostrado su inquietud y preocupación.
CSIF apunta que la actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones y alerta de que las modificaciones incluidas en el Real Decreto Ley "parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía de las clases pasivas del estado de manera sorprendente". Pero, ¿puede este cambio reducir la pensión que cobren los funcionarios jubilados? Una de las diferencias entre el régimen de clases pasivas y el régimen general es el origen del presupuesto que financia las pensiones. El primer régimen se financiaba hasta ahora a través de Hacienda y no se encuadraba, por tanto, en la nómina habitual que emite la Seguridad Social.
No obstante, el cambio, según señaló el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en enero, cuando se anunció la medida, no implica que se sumen las nóminas, no se van a mezclar ambos tipos de prestaciones, sino que "la dirección será única". Es decir, el origen del presupuesto para financiar las pensiones de los funcionarios jubilados no cambiaría, va a seguir saliendo del presupuesto del Estado, no de las arcas de la Seguridad Social, donde estos trabajadores nunca cotizaron, pero el dinero lo gestionaría la Seguridad Social.
Al igual que CSIF, otras asociaciones han mostrado su temor a este cambio. El Foro Judicial Independiente (FJI) insta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que lleve a cabo un estudio serio y en profundidad sobre cómo estas medidas pueden afectar a los miembros de la carrera judicial. Por su parte, la federación de atención a la ciudadanía de USO cree que el cambio de Ministerio para las pensiones de clases pasivas decretado por el Gobierno es "un ataque" contra los mutualistas y pensionistas, al considerar que "pone en riesgo las cuantías actuales y las futuras", ya que hasta ahora seguían otro modelo de tramitación.
La medida debe ser ratificada en sede parlamentaria. El Decreto explica que el calendario previsto por el Gobierno para llevar a cabo la inclusión de las clases pasivas en la Seguridad Social "se ha visto radicalmente alterado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19". Justifican que el traspaso requería unos "cambios normativos" que no pueden ser aprobados "mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria", porque el retraso en el tiempo que ello implicaría "generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía".
Diferencias respecto al régimen general
El cambio afecta a 657.118 pensiones, según datos de marzo de 2020, y a los cerca de 1,8 millones de trabajadores que permanecen en activo. El régimen de Clases Pasivas, en extinción desde 2011, abarca a todos los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Cortes Generales, incluidos altos cargos políticos, como expresidentes o exministros, siempre que consiguieran su plaza antes de 2011. Con posterioridad, todos los trabajadores pertenecen al Régimen General.
Este régimen especial presenta ciertas peculiaridades respecto a sus prestaciones, aunque principalmente destaca el diferente acceso a la jubilación. Los funcionarios pueden acceder a ella de forma anticipada a partir de los 60 años, sin coeficientes de reducción de la pensión, y los requisitos para acceder a la pensión pública son menos estrictos. Además, las cotizaciones varían. En estos casos, las Administraciones Públicas y los funcionarios pagan un importe que se determina a partir de un haber regulador, fijado en la Ley de Presupuestos Generales (PGE), al que se aplica un porcentaje. Ese importe se divide entre 14 para saber cuál es la cuota mensual que se debe abonar, teniendo en cuenta que en los meses de junio y diciembre se deberá abonar el doble.
Pese a que los beneficiarios de este régimen son muchos menos que los del Régimen General, el gasto que supone no es menor. Solo en el mes de marzo, el total de los importes abonados por concepto de estas pensiones asciende a 1.144 millones de euros. La cifra, además, no se reduce, sino que se incrementa año a año. En 2019 el Estado destinó más dinero que nunca a pagar las pensiones de las clases pasivas: 15.711 millones de euros, por encima de los 14.590 millones habilitados para esta partida en los Presupuestos prorrogados (de 2018).
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