Los impagos de las sentencias que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables han desembocado en distintos embargos, pero también en un escenario de impago técnico que afecta directamente a cuatro títulos de deuda pública. Fue en abril del año pasado cuando Blasket Renewable Investments solicitó la suspensión de pagos (default) de cuatro emisiones de bonos tras la negativa del Gobierno a pagar los laudos pendientes, específicamente en relación con el caso Infrared.
Bajo este escenario, un equipo de técnicos de las empresas afectadas, especialmente del fondo estadounidense, ha realizado una estimación del impacto que tiene esta circunstancia en la financiación del Tesoro y en la economía española. Según sus cálculos, desde abril hasta diciembre de 2023, el sobrecoste provocado por el 'default' se sitúa en unos 2.100 millones. Además, señalan que si se mantiene esta situación de "inseguridad jurídica", la cifra crecerá hasta los 4.900 millones a cierre del presente ejercicio.
Según el estudio, desde que se anunció la petición de 'default', las letras del Tesoro se incrementaron "notablemente". En concreto, en los títulos a tres meses, el salto observado de abril a diciembre de 2023 fue del 2,96% al 3,64%; en los bonos a seis meses, el incremento fue del 3,02% al 3,65%; en las letras a nueve meses, el tipo se movió del 3,19% al 3,51%; por último, en la deuda a un año, los intereses pasaron del 3,14% al 3,31%.
Modelización del impacto sobre el PIB
Por su parte, puesto que el repunte del perfil de riesgo afecta negativamente a las condiciones macroeconómicas, también plantean una modelización del impacto que tiene en el PIB. Así pues, afirman que la actividad se habría reducidoaen 2.560 millones de euros durante el mismo periodo por este motivo. "En ausencia de soluciones, la caída será de 4.780 millones adicionales a lo largo de 2024", advierten en el documento de trabajo titulado El coste de la inseguridad jurídica: efectos de los impagos a las energías renovables en España.
De este modo, sumando ambas cantidades, el impacto se eleva en su conjunto hasta los 4.660 millones de euros, pudiendo llegar hasta los 12.240 millones si persiste la situación a lo largo de 2024. A dichas cifras deben sumarse a los 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros que soporta España por no pagar las sentencias. "Si España quiere financiar la transición energética, debe despejar primero la inseguridad jurídica y la sombra de sospecha que ha extendido esta situación. Para lograrlo, debe sentarse a hablar con sus acreedores, respetar las indemnizaciones recogidas en las sentencias internacionales y establecer un plan de pago creíble que permita zanjar el asunto y evitar daños mayores", destaca en el informe.
Fuentes del Ejecutivo aseguran no tener constancia de ninguna notificación judicial. También señalan que tras la aprobación de medidas compensatorias en 2019, se han frenado las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente. Por el contrario, fuentes del sector argumentan que no se trata de un proceso judicial, sino financiero, y que por eso el Ejecutivo está contratando despachos de asesores. "Este daño es económico, no legal", responden.
Durante la década de los años 90 se estableció un sistema de primas para incentivar a los productores de energías renovables en España. Posteriormente, el Real Decreto 661/2007 estableció una banda de incentivos ofrecidos a los inversores que desarrollasen instalaciones 'verdes'. El mecanismo fijaba límites máximos y mínimos para la cantidad de ayuda percibida por los productores. De esta forma, si la suma de las primas y el precio del mercado superaba el techo, los generadores recibían el límite máximo establecido. En cambio, si dicha suma era inferior al precio mínimo, se les blindaba el cobro del suelo predeterminado.
Mientras los costes de estas tecnologías empezaron a disminuir, las primas siguieron en pie sin modificaciones, motivando un 'boom' en la capacidad de generación renovable instalada en el país. Las primas habían sido diseñadas para asegurar una rentabilidad de entre el 5% y el 9%, aunque las reales se situaron entre el 10% y el 15%. No obstante, sobre todo a partir del año 2010, estos incentivos se fueron suprimiendo. Por ejemplo, se recortaron las retribuciones para fijar un máximo de horas de producción al año.
Se aferran al Tratado de la Carta de la Energía
Asimismo, entre 2012 y 2013, se desplegaron "medidas más agresivas", en palabras de los autores del documento, con la creación de un impuesto de la generación del 7%, la no retribución de nuevas instalaciones desde el año 2012 o distintos recortes regulatorios de las primas que continuaban vigentes. La modificación con carácter retroactivo de las condiciones básicas que regulaban las inversiones provocó que muchas empresas internacionales invocaran el Tratado de la Carta de la Energía y comenzara decenas de litigios. El grueso de los procedimientos se dirimen en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal perteneciente al Banco Mundial que canaliza alrededor del 70% de las disputas a nivel global.
A cierre de enero de este año, los tribunales internacionales han fallado contra España en 26 de los procesos abiertos, imponiendo el pago de indemnizaciones valoradas en 1.700 millones de euros. Puesto que el 80% de los litigios se ha saldado de manera favorable a los intereses de las empresas afectadas, cabe esperar que la cifra final de condenas ascienda a 40 y que la compensación requerida a España se sitúe finalmente entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros.
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país cerca de 10.000 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables. Según fuentes del Gobierno, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la Unión Europea y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior. En este sentido, indican que, en consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas y no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie.
Embargo de activos soberanos y cuentas bancarias
Los arbitrajes ya han resultado en el embargo cautelar de activos soberanos del Reino de España ubicados en Reino Unido, caso de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a la comunidad autónoma de Cataluña o una cuenta bancaria
También se ha intervenido de forma parcial el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del barco petrolero Prestige, valorado en más de 900 millones de euros. Por otro lado, en Australia ya se ha emitido una sentencia de la Corte Suprema que avanza procesos similares orientados a resarcir a las empresas denunciantes, mientras que en Estados Unidos hay casi una decena de denuncias en vías de tramitación y se esperan novedades a lo largo del primer semestre de este año.
La última sentencia ha sido a favor de España
No obstante, no todo son malas noticias para el Estado. En la última sentencia que se conoce, el CIADI ha exonerado a España de abonar los 175 millones de euros que reclamaban la empresa suiza EBL y la española Tubo Sol PE2 SL. De hecho, el tribunal ha ordenado a las demandantes a pagar a España 214.808 dólares (199.000 euros) por la parte que se utilizó de los anticipos que el Estado realizó al CIADI, y cerca de 1,9 millones de euros en concepto de honorarios legales y gastos.
En la misma línea, el fondo galo Antin ha desistido voluntariamente de iniciar nuevos arbitrajes contra España dentro del proceso de opa sobre la compañía de energías renovable Opdenergy, al considerar que la seguridad jurídica está garantizada. Sin embargo, hay que recordar que Antin traspasó los derechos del pleito a la Sociedad luxemburguesa Energy Investments.
