La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el sector empresarial, que desde el primer momento buscó recovecos legales para esquivar el brusco aumento y evitar incurrir así en costes salariales excesivos. En el Ministerio de Trabajo saltaron las alarmas y de inmediato se intensificó el control para detectar prácticas empresariales que pudieran vulnerar la normativa vigente. Ahora se conoce que entre las actuaciones que puso en marcha la Inspección se han rastreado los convenios colectivos registrados para vigilar que efectivamente se aplica la nueva cuantía en las actualizaciones de las tablas salariales.
Los inspectores han llevado a cabo "consultas periódicas" al Registro de Convenios Colectivos (Regcon) para "verificar las actualizaciones de tablas salariales" y planificar "actuaciones respecto a su correcto abono y cotización". Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno en funciones a una pregunta formulada por la diputada de IU Eva García Sempere a finales del mes de mayo y que fue contestada el 26 de julio.
En su pregunta, la diputada encuadrada en el grupo parlamentario de Unidas Podemos traslada al Ejecutivo varias cuestiones relativas a la aplicación de la subida del SMI en los convenios del campo. García Sempere recuerda que las condiciones laborales del sector agropecuario carecen de un convenio estatal homogéneo –se regulan en más de sesenta convenios colectivos– y que la patronal CEOE "decidió paralizar la negociación por la decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo a 900 euros al mes, 12.600 euros anuales".
Además, revela que "en este momento son más de treinta provincias en las que se incumple la aplicación del SMI en los convenios agropecuarios", que en algunos casos solo se aplica correctamente a los trabajadores indefinidos y fijos discontinuos y que los temporeros y eventuales, que son la inmensa mayoría, no se benefician de la subida. Ante este escenario –hay que recordar que la pregunta está formulada en el mes de mayo– cuestiona al Ejecutivo si piensa actuar y hacer que se cumpla la ley y que se actualicen los salarios.
En su respuesta, el Gobierno insiste en que aun cuando las referencias salariales en los convenios colectivos sean inferiores al salario mínimo, este es de obligado cumplimiento, de manera que "ningún trabajador podrá cobrar por debajo del SMI". Y recuerda que es a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien corresponde vigilar que los trabajadores perciben puntualmente sus salarios, incluidos por supuesto los del sector agropecuario.
En este sentido, la respuesta del Ejecutivo se centra en las medidas puestas en marcha en el marco del Plan Director por un Trabajo Digno 2018/2020, dentro del bloque de actuaciones para corregir los incumplimientos en materia salarial, y pone especial énfasis en la campaña de actuación específica acordada con todas las comunidades autónomas, que afecta a todos los sectores de actividad.
En concreto, según informó en agosto la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, su departamento lanzó un nuevo plan global de lucha contra el fraude laboral para el que conformó un verdadero ejército de inspectores y subinspectores. Se activó el envío de cartas a más de 85.000 empresas para atajar la situación de unos 238.000 trabajadores que estarían en fraude de ley por alguna razón, entre ellas, por impagos salariales.
Pero ya antes, según deja por escrito el Ejecutivo en su respuesta fechada a finales de julio, las correspondientes Jefaturas de Inspección y Unidades Especializadas habían monitorizado el registro de convenios colectivos para verificar las actualizaciones de las tablas salariales. Una medida que, sin embargo, no convence a los sindicatos, que demandan a la Inspección que ponga el foco más allá de los trabajadores amparados por un convenio (8,5 millones, según el último dato de agosto).
¿Subirá el SMI en 2020?
La intensificación de las actuaciones de los inspectores en materia de impago de salarios se produce en un momento de especial incertidumbre. Encarando ya el último trimestre del año, y en pleno frenazo del mercado laboral, el Gobierno sigue negando un efecto negativo de la subida del SMI en la creación de empleo. Es más, en su última propuesta formal a Unidas Podemos para intentar arrancar el sentido favorable de su voto a la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno apostó por seguir subiendo el salario mínimo hasta 1.200 euros al final de la legislatura.
Pero en la situación actual, con un Gobierno en funciones y la sombra de las elecciones comiéndole cada vez más terreno a la posibilidad de que prospere la investidura en septiembre, un nuevo incremento del SMI no está garantizado para 2020. En estos días se especula con la posibilidad de que el Ejecutivo active una subida por la vía del Real Decreto Ley, en caso de alargarse la interinidad hasta finales de año. Sin embargo, consultadas al respecto, fuentes cercanas a la ministra Valerio aseguran que esta opción no se ha planteado por el momento y garantizan que "no hay tomada ninguna decisión al respecto".
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