La industria española lleva tiempo advirtiendo de que está en desventaja competitiva frente a sus competidores europeos y manda un mensaje de alerta al Gobierno: "Hay evidente riesgo de deslocalización del tejido productivo español". Desde GasIndustrial vienen advirtiendo de que la industria nacional paga más por el gas natural que consume que sus homólogos alemanes y franceses, así como de que en España se necesitan mecanismos de apoyo "más accesibles y mejor alineados con la política de la Unión Europea (UE), "más ágiles y rápidos y por importe mucho mayor".
La presidenta de GasIndustrial, Verónica Rivière, explica a La Información que la industria española consumió un 35% menos de gas en enero frente al mismo mes de 2019, último año antes de la pandemia y la posterior crisis energética, mientras que en febrero el descenso fue del 17%. "A día de hoy, no hay un combustible alternativo que sea más competitivo que el gas para las fábricas. Llegarán el biogás, el biometano, el hidrógeno verde, etc, pero ahora mismo no son viables", señala.
Rivière valora positivamente que el Gobierno haya ampliado el número de actividades que se pueden beneficiar de las ayudas a las gasintensivas, pero avisa de que siguen quedándose fuera otras muchas que cumplen de sobra los requisitos. "Seguimos incidiendo en que esta clasificación es discriminatoria y establece un límite artificial de beneficiarios potenciales, cuando el único requisito exigible en el marco europeo es que el beneficiario de las ayudas acredite ser una empresa de elevado consumo energético", subraya.
En este sentido, en GasIndustrial reclaman la creación de un registro de consumidores gasintensivos que recoja datos objetivos para clasificar, agilizar y facilitar el trabajo de la Administración a la hora de identificar las actividades industriales realmente más afectadas. En opinión de la directiva, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) "no reflejan en absoluto el impacto del aumento del precio del gas en la industria gasintensiva, un criterio que no se corresponde con la realidad económica". "Reiteramos, por tanto, que la clasificación por CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) no es un índice gasintensivo", añade Rivière. También considera "primordial" que se reduzcan y agilicen los trámites administrativos para pedir la solicitud de ayudas mediante mecanismos como, por ejemplo, las liquidaciones mensuales en la factura del gas.
450 millones en ayudas
El Ejecutivo ha autorizado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que articule una línea de ayudas de 450 millones de euros para la industria gasintensiva. Se prevén dos posibilidades de ayuda: una por el 50% de los costes subvencionables hasta un máximo de 4 millones de euros por grupo empresarial para todo el ámbito temporal de aplicación, o bien una por el 40% de los costes subvencionables hasta un máximo de 25 millones de euros para todo el ámbito temporal de aplicación, siempre que el beneficiario demuestre que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se ha reducido en un 30% o más con relación a la situación previa a la invasión de Rusia a Ucrania.
Rivière indica que "a los complejos trámites burocráticos", en España se añade la creación de una comisión de evaluación que deberá emitir un informe de las solicitudes, lo que hará que el plazo para conceder la ayuda se alargue hasta el 31 de marzo de 2024. "Así, mientras nuestros competidores europeos disfrutan de las ayudas desde marzo de 2022, la industria española las recibirá a finales del primer trimestre de 2024, lo que para muchas empresas gasintensivas de nuestro país será demasiado tarde", destaca. Según la ministra saliente de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dichas ayudas podrán ser usadas "muy pronto".
Además, el proyecto impone a los beneficiarios de las ayudas obligaciones en materia de eficiencia energética e inversión de al menos el 50% de la ayuda recibida en proyectos para reducir emisiones directas de gases de efecto invernadero. Según Rivière, en el conjunto de la UE se establece de manera voluntaria y "no discriminatoria", "por lo que su imposición perjudica la competitividad de los gasintensivos españoles al no preverse para todos los Estados miembro".
"La línea de ayudas del Proyecto de Orden adopta criterios tan restrictivos en relación con lo previsto en el marco temporal, que imposibilita su logro de conservar la competitividad del tejido productivo español. De mantenerse, esta regulación será de las más restrictivas de la UE, generando claro riesgo de deslocalización de buena parte del tejido industrial. Es muy preocupante si tenemos en cuenta el atractivo para las empresas españolas del acceso a las ayudas a través de otro Estado miembro, lo que les permitiría mantener niveles aceptables de competitividad, opción dentro del mercado único y la unión de los mercados de capitales que podría conllevar una deslocalización intensa y acelerada", argumenta la presidenta de GasIndustrial.
La directiva se muestra contundente y alerta de que los industriales gasintensivos españoles "se juegan su supervivencia" y que, por tanto, "urgen urge evitar cierres y deslocalizaciones". Bajo el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania se aprobó también para las industrias gasintensivas una línea específica con una dotación de 500 millones de euros, dentro de la línea de avales de Ucrania gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la que las empresas dispondrán de préstamos con un aval de hasta el 90% para mitigar sus actuales problemas de liquidez. Esta línea ya está disponible para las empresas que lo necesiten. Además, durante 2022, el Gobierno puso en marcha otras dos líneas por importe de 125 y 250 millones de euros.
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