El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere convertir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación pensada para combatir la pobreza extrema, en el subsidio 'estrella' y, posiblemente, el único de una extensa lista de ayudas, rentas e incentivos no contributivos contra el desempleo y la vulnerabilidad de las familias. Sin embargo, este ambicioso proyecto ha resultado un fiasco, ya que no acaba de arrancar y solo ha conseguido llegar a uno de cada cuatro de los hogares que lo ha solicitado, debido a los múltiples requisitos requeridos, las incompatibilidades que se contemplan o la novedad que supone la tramitación de este tipo de ingresos por parte de la Seguridad Social, a diferencia de la plantilla de las comunidades, formada desde hace años en la concesión de rentas mínimas.
Los últimos datos -diciembre- muestran que este subsidio apenas beneficia a 362.000 hogares, de los 850.000 previstos inicialmente cuando la prestación entró en vigor hace un año y medio. La ayuda media solo supone de media 14,5 euros diarios a fecha de septiembre de 2021, y la horquilla prestaciones oscilará en 2022 entre los 491 euros previstos para un adulto que vive solo a los 1.081 euros mensuales para hogares con cinco miembros. En cinco provincias, Soria (232), Segovia (749), Teruel (770), Guadalajara (778) y Cuenca (795), menos de 800 hogares reciben el Ingreso Mínimo, un subsidio que tampoco llega a la 'España vacía'.
La Seguridad Social había tramitado a final de año 1,35 millones de expedientes, que lograron pasar el primer filtro, el de la las duplicidades, pero solo 362.017 consiguieron ser validados. El plazo máximo para resolver una solicitud es de seis meses desde la fecha de presentación, según reconoce el ministerio, que recibió más de 600.000 demandas de la ayuda el mes en el que empezó a estar vigente. Tras medio año sin respuesta, la petición se entiende denegada por el silencio administrativo, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social resuelve expresamente las solicitudes presentadas, incluso si hubieran transcurrido más de seis meses desde su presentación.
Tras recibir la carta denegando el IMV hay 30 días hábiles para reclamar a la Administración. Si mantiene su postura, la opción acudir a los tribunales
La Seguridad Social detalla en su página web todo el proceso para percibir una ayuda que tiene carácter permanente y sólo se deja de recibir cuando el beneficiario cumple 65 años o en el caso de incumplir algún requisito, como recuperar el umbral de ingresos, diferente según la situación familiar y el número de convivientes en el hogar. El ministerio también facilita un simulador del IMV, en el que se puede comprobar si se cumple con las condiciones y conocer el importe aproximado que podría corresponder.
¿Pero que pueden hacer los solicitantes si se les han denegado el IMV y no están de acuerdo? Los más 995.000 ciudadanos que han visto rechazada su petición y una vez recibida la carta de la Seguridad Social que lo confirma, pueden reclamar a la Administración, adjuntando todos los documentos posibles, antes de que transcurran 30 días hábiles desde el momento de la notificación. A partir de ahí, la Administración debe responder en 45 días hábiles. Si hay rechazo administrativo, queda la vía judicial. Las primeras sentencias -ver aquí-, han sido favorables a los ciudadanos y en el 42% de los casos -ver informe de Civio- los reclamantes han salido con el subsidio de los tribunales de lo Social. Solo en los primeros nueve meses de 2021 se iniciaron casi 1.500 procesos judiciales por este subsidio.
Para rediseñar el Ingreso Mínimo Vital, la Seguridad Social ha licitado recientemente un contrato valorado en 4,7 millones, que pagarán los fondos europeos, en el que dos de las cuatro 'Big Four' -KPMG y PricewaterhouseCoopers, además de Accenture- se han repartido los cuatro lotes previstos, a la espera de la reclamación interpuesta por Deloitte. La mejora del IMV se realizará partir de cuatro informes, que deberán estar listos tras el verano, que servirán para abordar la simplificación de las prestaciones no contributivas, para evaluar las políticas de inclusión en España, para calcular el impacto normativo de los cambios y para encontrar el mejor modelo, entre seis países europeos, entre ellos Francia, Austria y Portugal, colocará a este subsidio como referente, ante una fragmentación de las prestaciones asistenciales "que las vuelve ineficientes en cuanto a cobertura de ingresos y generosidad para los hogares más vulnerables".
El 1 de enero entraron en vigor mejoras en la prestación, que abren la puerta a más ciudadanos vulnerables y prevén un complemento de ayuda a la infancia
La adjudicación de este contrato millonario ha discurrido en paralelo con las nuevas mejoras en la prestación, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, y que entre otras cosas contemplan un complemento de ayuda a la infancia, que llegará a los beneficiarios de la prestación con menores a cargo, pero también a otras familias de rentas bajas, ya que se elevarán los umbrales de renta garantizada y patrimonio establecidos para cada tipología de hogar. Este complemento será de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años y lo recibirán los hogares que cumplan dos requisitos: aquellos que no superen el 300% de la renta garantizada del IMV para su tipo de hogar y los que no superen el 150% del umbral de patrimonio correspondiente a su tipo de hogar.
También se amplía la cobertura de colectivos especialmente vulnerables, como los jóvenes que han estado bajo la tutela de las entidades públicas. Además, se han igualado las condiciones de las familias monoparentales con cuatro o más hijos o menores a cargo; las personas con discapacidad (superior al 65%) recibirán un complemento del 22% para la unidad de convivencia y, finalmente, se ha exceptuado del cómputo de rentas las prestaciones que reciben las personas por dependencia y las prestaciones o subsidios por desempleo. Por último, se reduce el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a 6 meses para acceder a la prestación.
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