La implantación de peajes en autopistas ahorraría 1.600 millones anuales al Estado

La patronal de las constructoras y gestoras de infraestructuras, Seopan, y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) han hecho público un documento en el que revisan la inversión estatal en infraestructuras, cifrando en 1.663 millones de euros al año el ahorro para las cuentas públicas si se implantase un "peaje blando" en las autovías y autopistas y se concesionaran las ampliaciones y obras de mejora. El cálculo ha sido elaborado por el expresidente de Renfe y hoy primer ejecutivo de la operadora ferroviaria Eco Rail, Julio Gómez-Pomar, quien realiza un ejercicio teórico del ahorro que podría suponer para el Estado la implantación de un sistema de pago por uso en autopistas como el inicialmente planteado por el Gobierno, que ha quedado postergado sine die. 

El experto, que también preside el Centro de Economía del Transporte de IE University, toma como base un gasto de mantenimiento anual de entre 800 y 1.000 millones de euros y le suma hasta un 20% adicional para cubrir las necesidades que no se presupuestan. Eleva así la cifra de conservación anual de la red de carreteras hasta los 1.350 millones de euros. Asumiendo que la red de alta velocidad supone un 50% del gasto total, el relativo a autopistas y autovías cuesta unos 675 millones al año. 

Que los usuarios también paguen por las mejoras

En su publicación también explica que, si el Estado quisiera, podría externalizar las obras de mejora y ampliación de la red actual que considere necesarias, como ya se realiza en otras geografías mundiales. Para estimar el ahorro a las arcas públicas de privatizar las nuevas obras acude a los 1.040 millones de euros presupuestados en 2023 por el Estado para creación de infraestructura de carreteras. Sus cálculos reseñan que el 95% de estas obras se destinarán a vías de alta capacidad, lo que dejaría un saldo adicional de 998 millones de euros en manos del sector privado.

Sumado al ahorro por mantenimiento, la concesión de la red rápida podría generar un ahorro anual a las arcas públicas de 1.663 millones de euros, el equivalente al 4% del gasto en inversiones. A cambio, pasarían a ser sufragados por los conductores de forma directa, o indirecta por los consumidores si estos productos se transportan por camión. El cálculo no incluye los datos de las infraestructuras en manos de las regiones.

En su texto, Gómez-Pomar critica que España esté "perdiendo la oportunidad" de usar el modelo concesional para conseguir más eficiencia e innovación, y apela a la necesidad de que las administraciones lleven a cabo planes estratégicos no sujetos a cambios de gobierno para implantar la colaboración público-privada en este tipo de obras. A eso suma otros factores como "el diseño de un sistema de incentivos fiscales y subvenciones, transparencia, la adecuada y equilibrada asignación de riesgos y una rentabilidad acorde a lo que exige el mercado". 

Déficit de 1.300 millones al año desde 2014

Seopan ha reclamado la necesidad de invertir hasta 2.400 millones de euros adicionales cada año para compensar la depreciación que asumen las obras públicas del estado, principalmente carreteras y ferrocarril, pero también hídricas, salud, medio ambiente o energía. 

Aunque la entidad asume que España "presenta una dotación de capital público en infraestructuras elevada y competitiva", considera que el gasto público de los últimos años en este área ha sido "claramente insuficiente" para cubrir las nuevas necesidades y el mantenimiento global, y aboga por establecer fórmulas de colaboración público-privada como el pago por uso de las carreteras,

Los cálculos de la patronal y el centro de estudios defienden que durante el periodo 2014-2022 debieron invertirse 1.300 millones de euros más en obras públicas de los que finalmente se destinaron. También se critica que en la última década el Estado no haya acudido a la colaboración público-privada en infraestructuras e incluso haya reducido este tipo de contrataciones. 

En opinión de la asociación, el modelo de concesiones permite "vincular los niveles de desempeño con el volumen de ingresos del concesionario, alineando los beneficios sociales con los privados", y reclama que se considere a esta fórmula como "una valiosa alternativa de financiación complementaria".