"El anteproyecto de ley del teletrabajo rompe las relaciones laborales en la empresa". Es el análisis que está circulando en altas esferas empresariales y que tiene en vilo a buena parte del Ibex 35. Los máximos responsables de las compañías del selectivo español, a quienes se les presuponen los más elevados estándares en materia laboral, miran con recelo el texto que ha redactado el Ministerio de Yolanda Díaz y en los últimos días han intensificado los contactos para frenar esta inminente regulación o, al menos, introducir modificaciones que amortigüen en gran medida el impacto que va a suponer para el desempeño de sus empresas la consideración del teletrabajo como un derecho voluntario, sufragado al 100% por el empresario y que permite horarios flexibles y negociables.
Diversas fuentes de estas corporaciones revelan que han trasladado a la CEOE, como máxima institución corporativa del país, su preocupación por el devenir de esta regulación. Aunque coinciden en que el teletrabajo ha sido la solución ideal para mantener vivo el 'core' del tejido productivo durante esta pandemia y no niegan sus ventajas en materia de conciliación laboral y familiar, advierten de que si se regula en base al planteamiento plasmado por el Ministerio de Trabajo en el anteproyecto de ley -que todavía se está debatiendo con la patronal y los sindicatos- supondrá importantes riesgos para las relaciones laborales y no solo eso, sino que también acabará afectando a la productividad y al consumo privado.
En este sentido, las mismas fuentes recuerdan que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hizo de "Pepito Grillo" hace un par de semanas al avisar de que existen evidencias de que esta modalidad laboral en ocasiones tiene "efectos negativos" sobre la productividad de las empresas y puede provocar "asimetrías" entre los trabajadores. El supervisor también alertó de que el trabajo a distancia puede cambiar los patrones de consumo, ya que, por ejemplo, los empleados dejan de acudir al restaurante próximo a la empresa, lo que implicaría "efectos estructurales". En cualquier caso, instó a las empresas a invertir en material y formación para desarrollar esta forma de empleo no presencial.
En el Ibex ya asumen que esta nueva manera de trabajar que ha venido impuesta por la pandemia se mantendrá en el medio plazo. De hecho, muchas empresas prevén adoptar un modelo híbrido de teletrabajo a partir de septiembre. Es el caso del sector bancario, por ejemplo, donde se han diseñado planes de reincorporación progresiva, combinando trabajo presencial y remoto y estableciendo turnos. Desde hace un tiempo, además, las grandes compañías han mostrado su compromiso con el derecho a la desconexión digital, a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto de los tiempos de descanso, permisos y vacaciones, así como de la intimidad personal y familiar, un aspecto que también se aborda el Ministerio de Trabajo en su anteproyecto de ley.
Más allá, son muchas las cuestiones que inquietan al empresariado sobre esta regulación inminente, pero sobre todo las preocupaciones que han trasladado a la patronal tienen que ver con los costes y los horarios. El texto fija que "el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado en su totalidad por la empresa" y recoge el derecho al horario flexible, de manera que la persona que se encuentre teletrabajando "podrá alterar el horario de prestación de servicios establecido respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y de descanso, salvo, en su caso, en cuanto a los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que al respecto hubieran podido establecerse en el acuerdo de trabajo a distancia". Son temas que los empresarios consideran que deben tratarse en el seno de la negociación colectiva con los trabajadores y no venir impuestos por el Gobierno.
Los contactos informales que se han producido en los últimos días al más alto nivel entre las cúpulas empresariales y la patronal se centran en estos asuntos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pisado el acelerador para llevar esta regulación al Consejo de Ministros y al Congreso en las próximas semanas para que esté implantada en su totalidad en septiembre, según ha transmitido a los agentes sociales. Por eso, crecen las presiones a la CEOE para que mueva ficha en la mesa de negociación a favor de los intereses del Ibex e intente introducir elementos en la norma que alejen el texto del flanco sindical y lo equilibre hacia la orilla empresarial.
Tras la primera reunión entre los interlocutores sociales para avanzar en esta materia, las patronales CEOE y Cepyme emitieron un duro comunicado, que sorprendió incluso en el Ministerio de Trabajo, en el que tildaron el texto de "desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores". Los empresarios consideran que con la redacción actual, esta norma "lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación". El enfoque de Díaz, a su juicio, "no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo".
Fuentes del Ministerio de Trabajo, por su parte, indican que el anteproyecto de ley sigue su tramitación ordinaria en el diálogo social. El texto, según ha podido saber La Información, fue enviado al Consejo Económico Social (CES) en su estado original, sin incluir las aportaciones de la patronal y los sindicatos, lo que no ha sentado bien en la mesa tripartita. Precisamente por no incorporar los frutos del debate con los interlocutores sociales, el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral se está planteando 'tumbar' la iniciativa regulatoria en el informe final que tiene previsto publicar en los próximos días, según fuentes conocedoras de las deliberaciones preliminares que algunos de los miembros del Consejo están trasladando en las últimas horas de manera informal y que el Pleno deberá poner negro sobre blanco, a más tardar, la semana que viene.
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