El Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), los impuestos estatales sobre la producción y el almacenamiento de combustible nuclear y la docena y media de impuestos autonómicos que gravan desde diversos enfoques la generación de energía eléctrica y cuyo efecto se incorpora de manera automática al recibo de los consumidores a través de los denominados suplementos territoriales. En conjunto, un paquete de una veintena de figuras impositivas con influencia en el recibo de la luz que a juicio de Iberdrola tienen un afán "puramente recaudatorio, que son fruto de necesidades históricas de la Hacienda pública, que distorsionan las decisiones de los consumidores - en la medida que sesgan las decisiones de los agentes a favor o en contra de fuente de energía concretas, singularmente a favor del gas natural y en contra de la electricidad-", y que serían perfectamente eliminables del actual marco fiscal porque ni cumplen una función ambiental ni contribuyen a la adecuada asignación de recursos en el mercado eléctrico.
En plena escalada de los precios de la luz, la propuesta de reforma de la fiscalidad energética remitida por Iberdrola al comité de expertos formado por el Ministerio de Hacienda denuncia el exceso de cargas fiscales y parafiscales que soporta la energía eléctrica y propone un replanteamiento radical de esas cargas para normalizar su factura fiscal, equipararla al de otras fuentes de energía a su juicio mejor tratadas y conseguir los fines ambientales que se supone que debe perseguir la fiscalidad energética. La idea de fondo es remover del marco fiscal todos los impuestos que no cumplan un objetivo ambiental y sustituirlos por figuras 'verdes', que graven la producción en función de las emisiones que genera.
La compañía presidida por Ignacio Sánchez-Galán habla de eliminar impuestos innecesarios, pero también de liberar a la generación eléctrica de toda una serie de cargas que encarecen la producción y penalizan vía recibo a los consumidores de energía eléctrica. Iberdrola pone el ejemplo de la financiación de los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) a cuenta de la factura acumulada por el costoso despliegue de estas energías a principios de siglo. La compañía lamenta que a pesar de que estos sobrecostes tienen su origen en todo el consumo de energía la regulación haya cargado esa factura en un 88% a la producción eléctrica, que en realidad sólo aporta un 26% a la demanda total de energía. El sistema, subraya el informe de Iberdrola, no ha sido gratuito para los consumidores. "Esto equivale a penalizar el consumo de electricidad y favorecer el consumo de combustibles fósiles, lo cual obstaculiza la descarbonización de la economía".
Hacia un nuevo marco fiscal
El documento elaborado por la compañía incide en la responsabilidad de la regulación en los sobrecostes de la energía eléctrica y se apoya en las conclusiones del Comité de Expertos para la Transición Energética para reclamar un giro radical en el marco fiscal energético. El equipo fiscal de Iberdrola no ve particularmente necesario abordar una rebaja del IVA de la electricidad, la solución que ha encontrado el Gobierno para tratar de reducir la factura de la luz, y se limita a reclamar el mismo tipo impositivo para todos los productos energéticos "para no distorsionar los precios relativos de las distintas energías y no alterar artificialmente las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos".
El planteamiento de la compañía es más decidido en lo que se refiere a otras figuras fiscales. Es el caso del Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación de energía eléctrica con independencia de que su origen sea renovable o fósil. Iberdrola entiende que por esa misma razón no se puede hablar de que sea un impuesto medioambiental y, además, subraya que al no aplicarse sobre las importaciones, incentiva las importaciones incluso por delante de la generación nacional de menor coste.
En el punto de mira de la compañía, también los impuestos autonómicos. Un puñado de figuras fiscales que gravan aspectos tan diversos como la altura de una presa, la superficie del embalse, el número de generadores eólicos instalados o su potencia y que, a juicio de Iberdrola, no cumplen una función medioambiental clara, aunque sí elevan las cargas fiscales sobre la producción de electricidad "por lo que son discriminatorios" y se plantea eliminarlos. No sólo por su impacto económico, sino porque distorsionan, a juicio de la compañía, el orden en que las centrales cubren su demanda, impidiendo que se alcance una generación más eficiente...y más barata.
El documento propone cambios en otras dos figuras fiscales que tienen una incidencia directa sobre el recibo de la luz: el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos. En relación al Impuesto Especial sobre la Electricidad, que es el que afecta de forma más directa al recibo de la luz, Iberdrola plantea una reducción del actual tipo del 5%, que se aplica de forma indistinta a la generación fósil o renovable, y el establecimiento de una escala en función del impacto ambiental del tipo de generación y con exenciones o reducciones para "la energía renovable o aplicada a nuevos usos eléctricos en transporte y climatización".
Trato especial a los colectivos más vulnerables
Iberdrola propone garantizar un trato preferente a los consumidores con un menor nivel de renta, pero plantea cambiar la figura del bono social eléctrico, financiado por las eléctricas y que garantiza una rebaja de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz a los consumidores más vulnerables, por una ampliación del llamado bono térmico, que financian los Presupuestos Generales del Estado. También plantea exenciones o compensaciones para transportistas profesionales de mercancías y pasajeros, agricultores, ganaderos, pescaderos y empresas industriales intensivas en consumo de energía y sometidas a competencia internacional.
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