El Gobierno contempla incluir nuevas medidas fiscales en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Serán medidas que tendrán en cuenta el nivel elevado de inflación -apenas se moderó al 10,4% en agosto, según el avance de Estadística- y la situación en la que se encuentra la economía, tal y como reconocen a 'La Información' desde el Departamento que lidera María Jesús Montero. Pese a que Bruselas mantendrá suspendidas las reglas fiscales hasta principios de 2024, ante la incertidumbre económica y el peligro de recesión en grandes economías como Alemania o Italia, no todo vale. El margen sigue siendo estrecho.
En el Ministerio de Hacienda explican a este diario que las reuniones son constantes con los socios de coalición y que el canal de comunicación con Unidas Podemos es "muy fluido". Además, ponen en valor el hecho de que ese diálogo esté teniendo lugar con "absoluta discreción". Se muestran convencidos, por tanto, de que el año que viene habrá nuevos Presupuestos. Lo cierto es que esta semana será clave para los socios de Gobierno. El pleno del Congreso de los Diputados debate el martes la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por ambas formaciones para crear una nueva figura que grave de forma temporal los beneficios extraordinarios de la banca y los de las grandes empresas energéticas.
El nuevo tributo gravará con un 1,2% las ventas de las energéticas y con un 4,8% las comisiones e intereses netos del sector financiero (en ambos casos será con cargo a los resultados de éste y el próximo ejercicio y no podrán repercutirse a los clientes). Son impuestos extraordinarios, de carácter temporal, y con ellos el Ejecutivo prevé recaudar 7.000 millones de euros en dos años para contrarrestar los efectos que sobre la economía nacional están teniendo la crisis energética y la guerra en Ucrania.
La puesta en marcha de los dos dotaría al Estado de recursos suficientes para poder prolongar más allá del 31 de diciembre, al menos hasta el final del invierno, la rebaja temporal del IVA del gas y la electricidad del 21 al 5% -en principio el Ejecutivo había descartado mantenerlas en 2023-. El coste de la rebaja al gas ascenderá a unos 200 millones de euros de aquí a final de año. En el caso de la electricidad, a la reducción del IVA se suma la del impuesto especial sobre la electricidad y la interrupción del impuesto de generación eléctrica, con un coste entre los tres en el entorno de 2.000 millones de euros en el trimestre.
Hoy las previsiones hablan de una ralentización del crecimiento y de los ingresos, sin embargo el Gobierno descarta un escenario de recesión al que sí parecen abocadas otras grandes economías. Solo con que el crecimiento del año próximo se aproxime a las previsiones oficiales (el Ministerio de Economía calcula que el PIB avanzará al 2,7%), la recaudación podría aumentar por encima de ese nivel, dando algo más de oxígeno a las cuentas públicas. De momento, el fuerte alza de la inflación se traduce ya en ingresos récord para las arcas del Estado que dan margen de maniobra para adoptar alguna medida nueva o para ampliar las ya anunciadas.
El debate sobre el IRPF
La Agencia Tributaria (AET) ha constatado un aumento del 18,2% en los ingresos impositivos del primer semestre hasta los 107.009 millones de euros, un máximo histórico para ese periodo que obedece al encarecimiento del precio de la vida. Desde el punto de vista macroeconómico, bajar ahora los impuestos puede estimular aún más el consumo y, con ello, la subida de los precios. De ahí que el margen de maniobra sea tan estrecho y, de ahí, las dudas que se han generado en torno a la propuesta del Partido Popular para deflactar el IRPF.
Los 'populares' reclaman adaptar el impuesto sobre la renta a la inflación, ajustando como mínimo los tres primeros tramos (que incluyen los ingresos hasta 40.000 euros), así como fijar un nuevo mínimo personal de carácter temporal que vaya reduciéndose al aumentar la renta, y actualizar además la tabla de retenciones. Si los mínimos exentos y las reducciones aplicadas no varían para ajustarlos a la inflación, cada vez serán más bajos en términos reales (contando la inflación). Esto implica que se está tributando más y que realmente se está ganando menos.
El problema está en que el impuesto sobre la renta supone de facto más del 42% de la recaudación total. El pasado ejercicio, permitió al Estado recabar 94.596 millones de euros de un total de 223.382 millones en ingresos fiscales. El objetivo del Gobierno no debería ser reducir el déficit, pero tampoco aumentarlo. La meta, como ha venido reclamando de forma insistente el Banco Central Europeo desde que estalló la crisis de la covid, es que la política fiscal acompañe a la monetaria. No se trata de aplicar un fuerte ajuste, pero tampoco de estimular la demanda a la vez que se cercena la recaudación tributaria.
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