La sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaran anticonstitucionales algunas de las medidas del real decreto-ley de 2016 ha causado la devolución extraordinaria de más de 300 millones de euros en el Impuesto sobre Sociedades. Con esta reforma, el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba aumentar la recaudación lograda con este tributo.
Hacienda ha explicado en el informe de recaudación que el importe obtenido por este tributo en febrero de este año fue un 29,6% menor que el logrado en el mismo mes de 2023. En concreto, este mes la cifra final alcanzó los 467 millones, tras hacerse nulos algunos apartados de leyes impulsadas por el Gobierno en 2016 y procederse a la devolución de lo recaudado.
El cambio en la normativa ocurrió a mediados de enero, cuando el Tribunal Constitucional (TC) dictó que algunas de las medidas del decreto-ley se deberían considerar inconstitucionales, ya que las iniciativas propuestas para aumentar la recaudación necesitan un tipo de modificación que no se puede establecer a través de un real decreto-ley.
Medidas para aumentar la recaudación
Las modificaciones del Impuesto de Sociedades a las que hace referencia el TC incluyen la fijación de topes más severos para la compensación de bases imponibles negativas; la introducción 'ex novo' de un límite a aplicación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores. Las dos primeras medidas solo son aplicables a las grandes empresas, mientras que la tercera puede afectar a cualquier sujeto pasivo de este tipo de impuesto.
En este sentido, la corte de garantías ha reiterado su doctrina, en la que fija que un decreto-ley no puede alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, lo que debe valorarse en función del tributo concernido, los elementos a los que afecta la modificación y el alcance de esta.
Así las cosas, los magistrados han concluido que las medidas impugnadas han tenido un "impacto notable" en elementos estructurales de una pieza fundamental del sistema tributario como es el Impuesto de Sociedades, afectando a la esencia del deber de contribuir de los obligados por este tributo, por lo que ha determinado que deben declararse "inconstitucionales y nulos".
Sin cifras concretas sobre el impacto total
Recientemente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que aún no cuenta con cifras concretas del impacto total de esta sentencia. No obstante, ha criticado que algunas de las medidas que "improvisó" el Gobierno de Rajoy y el ministro Montoro "están teniendo un alto coste para la Hacienda Pública".
"Un día de estos seguro que podremos tener ocasión de transmitir qué coste ha tenido para el actual Gobierno muchas de las medidas que se han declarado ilegales o, al menos, no conforme a la legalidad, por parte del Gobierno del señor Montoro", ha señalado Montero.
