Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 ocupan un lugar preferente en la agenda de 'tareas pendientes' del nuevo Gobierno de coalición. Así lo ha querido remarcar este miércoles la nueva ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha anunciado la aprobación de la orden ministerial que supone el punto de partida formal para elaborar el presupuesto público. La primera reunión del Consejo de Ministros integrado por PSOE y Sumar ha querido dar el pistoletazo de salida a la que espera que sea una larga tramitación colmada de baches, especialmente por la capacidad de veto con la que cuenta el Senado para frenar su aprobación, Cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta desde las elecciones generales del 23 de julio.
Desde el Ejecutivo no apuntan hacia un mecanismo concreto para sortear este 'inconveniente' pero sí expresan plena confianza en que serán capaces de sacar adelante el techo de gasto junto a los objetivos de estabilidad y deuda como lo hicieron a lo largo de la última legislatura, a pesar de que esta vez los números y la llamada de Europa para volver a la senda del déficit se lo ponen algo más difícil. El Gobierno y en particular, los socialistas, que tienen a la 'número dos' del partido como titular de Hacienda por tercera vez consecutiva y ahora también al frente de la cuarta vicepresidencia, fían su éxito a su capacidad de negociación que entienden ha quedado probada de sobra en los últimos cuatro años y también a la hora de cerrar los pactos para la investidura, según expresan las fuentes consultadas.
El problema reside en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 e impulsada por el que entonces estaba al frente de la cartera en el Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro. La norma incluye una cláusula por la que el Senado debe avalar los objetivos que marque el Ejecutivo en materia presupuestaria y sin lo que en ningún caso puede iniciar la tramitación de la ley de Presupuestos, dado que a diferencia del veto que se aplica para el resto de las leyes, este no puede ser levantado por el Congreso de los Diputados. De darse esa situación, el Ministerio estaría obligado a trasladar un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes para previsiblemente volver a toparse con el mismo bloqueo del PP, por lo que la modificación de esta norma se dibuja como escenario más factible.
Esta vía tampoco sería rápida. Por un lado, los socialistas necesitarían reunir una mayoría absoluta para modificar la ley orgánica, con la de la investidura tendría más que suficiente por lo que podría prescindir del voto de Coalición Canaria, si bien sus representantes ya le han brindado su apoyo a los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Pero más allá de las negociaciones parlamentarias que necesitase llevar a cabo, el Gobierno o los partidos que lo integran se enfrentarían al veto de los de Alberto Núñez Feijóo en el Senado, que a pesar de que podría ser levantado, demoraría los tiempos al requerir que el proyecto o la proposición de ley regresase a la Cámara Baja.
Además, los 'populares' cuentan con otra herramienta para sumar más días a este calendario tras haber aprobado una modificación del Reglamento del Senado por la que la Mesa podrá decidir si un texto debe ser tramitado por la vía de urgencia de 20 días o el procedimiento ordinario que podría dilatarse hasta dos meses. No obstante, la cartera de María Jesús Montero podría asumir esta 'factura' temporal para facilitar el proceso en los años siguientes, puesto que su Ministerio ya daba por descontada la prórroga de los PGE de 2023 por haber tenido que estar en funciones en un periodo en el que tenían programado convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -integrado por representantes autonómicos- y la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) -por los locales- para trasladarles sus objetivos.
Se prorrogarán los presupuestos de 2023
La cartera de Hacienda, eso sí, esperaba que la prórroga tuviese que ser 'mínima' de manera que en el mes de marzo los nuevos presupuestos estuviesen operativos, pero esto dependerá de los tiempos parlamentarios. En 2023, 2022 y 2021 la situación excepcional marcada primero por la pandemia y después por los efectos económicos de la guerra de Ucrania llevaron a mantener suspendidas las reglas fiscales y por tanto, a no necesitar que el Congreso y el Senado avalasen los objetivos de estabilidad hizo mucho más sencilla la aprobación de los Presupuestos. No obstante, la Comisión Europea desactivará la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permitía hacerlo, por lo que los estados miembro tendrán que ajustarse al 3% para el déficit y el 60% del PIB para la deuda, hasta que se aprueben las reglas fiscales.
El órgano encabezado por Úrsula von der Leyen ya ha dado el visto bueno al Plan Presupuestario remitido por el Ejecutivo en funciones en el mes de octubre, pero ha solicitado al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que envíe una versión actualizada dado que en la última copia no se introdujeron cambios en la política económica por el carácter 'interino' del Consejo de Ministros en el momento de su redacción. En el informe publicado este lunes la Comisión Europea advierte a España que va a tener que afrontar una situación fiscal "muy difícil" en 2024 y da por hecho que se eliminarán las medidas extraordinarias destinadas a reducir la factura energética.
