Las conversaciones para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) se iniciaron hace tres semanas, sin embargo, permanecen en punto muerto desde hace dos, concretamente desde el día en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó a patronal y sindicatos su propuesta de aplicar una subida del 4% en 2024. Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de la demanda de CCOO (5%) y supera la de los empresarios (3% con la posibilidad de aplicar otro 1% según el IPC), sin embargo, el porcentaje no ha llevado a encallar las negociaciones, sino la negativa de la cartera de Hacienda a estudiar el traslado de este incremento a los contratos públicos.
La CEOE fijó este requisito como condición para apoyar la subida, de forma que el equipo de Yolanda Díaz ha asumido el rol de intermediador con el fin de conseguir que la vicepresidenta cuarta atienda la reclamación de los empresarios, que también respaldan los sindicatos. Por ello, admiten no tener prisa para llevar el incremento al Consejo de Ministros y señalan enero como el escenario más probable para que se apruebe, algo que no supondría un problema dado que cuenta efectos retroactivos. Con este margen, el equipo de Trabajo busca encontrar una fórmula para aplicar el alza salarial solo en aquellas contratas públicas cuya continuidad esté en riesgo porque las empresas que lo presten no puedan asumir esta subida del coste laboral.
Esta "fórmula legal" a la que apuntaban fuentes próximas a la Ministra y que está por ver si puede materializarse, no se casa exactamente con la petición de la CEOE. La patronal -como los sindicatos- han señalado en repetidas ocasiones que el origen del problema está en la ley de desindexación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy por la que no se pueden actualizar los precios públicos una vez ya se ha adjudicado el contrato. Aunque los representantes de los trabajadores también hacen referencia a la necesidad de modificar la norma que regula los contratos públicos para que introduzca otros criterios a valorar por las administraciones públicas más allá de cuál es la oferta más barata, que por ende, suele tener asociada unos salario más bajos.
Recuperar la confianza de los agentes sociales
Además, este periodo de margen puede serle útil al Ministerio de Trabajo para templar los ánimos de los agentes sociales después de aprobar una modificación de la reforma del subsidio por desempleo en la que no se han tenido en cuenta sus aportaciones. Se hacía además a través de un decreto en el que también se establecía la prevalencia de los convenios laborales de ámbito autonómico sobre los sectoriales o de empresa -como había pactado el PSOE con el PNV- lo que para los sindicatos y la patronal ha supuesto una roto la relación de confianza que mantenían con el equipo de Yolanda Díaz.
Lo cierto es que el Gobierno no necesita llegar a un acuerdo sobre esta materia, ya que la facultad de subir el salario mínimo es exclusiva del Ejecutivo, si bien, desde el Ministerio Trabajo eran claros en su voluntad de sellar un acuerdo a tres al inicio de la legislatura. Este no se había producido desde 2020, si bien, todo apuntaba a que en esta ocasión sería más sencillo dado que habían sido las patronales las primeras en proponer un incremento del 3% ampliable en otro 1%, en línea con lo firmado en el mes de mayo en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Este deseo llevó al equipo de Díaz a asumir como propia la demanda de los contratos públicos que unas semanas más atrás rechazaban, no obstante, se ha vuelto a topar con el 'no' de una de sus compañeras socialistas, María Jesús Montero.
Tras conocer la reclamación, la responsable de Hacienda expuso que no era de recibo que estas subidas salariales se pagaran del bolsillo de los españoles en una rueda de prensa. Aunque los contactos en privado no han sido mucho más fructíferos, según apuntan las fuentes consultadas. Esta cuestión es una línea roja para reunir el apoyo de los representantes empresariales, de modo que en la junta directiva de CEOE celebrada el pasado miércoles el SMI no entró si quiera en el orden del día, a la espera de tener nuevas noticias acerca de esta intermediación entre ministerios. Si bien, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, ha presentado en paralelo un informe sobre los efectos nocivos de aplicar un nuevo incremento, lo que parece preparar el terreno para un 'no'.
Los empresarios llevaban casi un año recriminando al Gobierno que el SMI se había incrementado un 47% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, un alza que entendían inasumible para las compañías de menor tamaño que a la par habían experimentado un incremento de las cotizaciones sociales ligadas a la reforma de las pensiones. La tesis de la patronal es que estas subidas acaban empujando toda la tabla salarial e incluso han llegado a dejar desfasados algunos tramos de los sectores peor remunerados o con menor valor añadido por cada trabajador. Por lo que el cambio de paso por el que se adelantaron a los sindicatos a la hora de proponer un porcentaje, hizo que las dos partes tuvieran unas esperanzas que a día de hoy se disipan.
