El Gobierno se enreda con las quiebras y conduce al colapso al sistema concursal

"Se está condenando a muchas empresas que son perfectamente viables". La advertencia viene de Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) y hace referencia a la falta de respuesta gubernamental a un problema que ya se han encargado de poner sobre la mesa en las últimas semanas el Fondo Monetario Internacional o el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos: la falta de eficacia de la legislación española a la hora de facilitar la supervivencia de las empresas con problemas transitorios de solvencia como consecuencia de la pandemia, pero que son viables a medio y largo plazo a poco que reciban un poco de apoyo institucional. 

La llave está en manos de Moncloa. Antes de junio de 2021 el Gobierno de España debería trasponer la directiva europea sobre reestructuración e insolvencias que habilita una serie de instrumentos, hoy inéditos en la normativa española, que según los administradores concursales facilitarían la rapidez y eficacia de los concursos de acreedores e incrementarían de un plumazo las posibilidades de supervivencia de las empresas en problemas respecto a las que se les garantizan a día de hoy. Hay que recordar que la fría estadística subraya que el 95% de las empresas que acaban en el concurso de acreedores no salen adelante.

La cosa depende de los ministerios de Justicia y Economía, pero no parece que transite por los canales de urgencia reservados a las materias prioritarias. Consultados por La Información, ambos departamentos admiten estar trabajando en ello, pero reconocen que "no hay una fecha prevista" para la aprobación del nuevo marco legal, que no sólo se demanda con insistencia por los profesionales del sector sino que se considera crítico por instituciones como el Banco de España. Los datos que maneja el supervisor indican que el 70% de las empresas españolas presentan problemas más o menos serios de liquidez y que el 50% cerrará el año en pérdidas, lo que observa como una amenaza ya no sólo para la preservación del tejido empresarial del país sino para la estabilidad del sector financiero.

Desde el inicio de los rebrotes, el gobernador del Banco de España ha puesto especial hincapié en instar al Gobierno a ponerse ya con la reforma de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias a fin de dotarlos de mayor rapidez y eficiencia, y permitir, según sus propias palabras, una reestructuración ordenada del tejido empresarial, que deje caer a las empresas inviables pero que salve a aquellas que hoy tienen problemas pero que tienen recorrido a futuro si se les ponen las cosas más fáciles...o menos difíciles que ahora. "La mayoría de las empresas no superan el concurso de acreedores porque llegan muy tarde a esa situación", explica el presidente de Aspac. "Y la Administración tiene un responsabilidad en que eso sea así porque no actúa cuando hay indicios de insolvencia. Cuando una empresa deja de pagar las cuotas sociales de sus trabajadores o se retrasa sistemáticamente en el reparto de impuestos está claro que su situación no es buena y puede estar en puertas de una insolvencia"-

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Temor a una nueva moratoria

Hasta la fecha la única respuesta excepcional que ha dado el Gobierno a este desafío ha sido la regulación de una moratoria hasta el 31 de diciembre respecto del deber legal de solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores en los dos meses siguientes a su declaración de insolvencia. Algo que ya se ensayó en la crisis financiera de hace una década para evitar una avalancha de quiebras de inmobiliarias. Y no sirvió de mucho. La medida perseguía en su momento evitar que cientos de miles de empresas se vieran obligadas a presentar concurso de acreedores por las circunstancias creadas por una crisis que en aquel momento se consideraba como un 'shock' transitorio. La medida ha permitido contener los concursos de acreedores, que hasta el mes de septiembre apenas habían subido un 1,6% respecto al año 2019, pero según los profesionales del sector ha provocado un embalsamiento de procesos que amenaza con desbordar los tribunales mercantiles en cuanto se levante la moratoria.

Así lo advertía recientemente el Consejo General de Economistas que auguraba una avalancha de procesos en 2021, con un incremento esperado del 41% en los concursos de acreedores. En el sector se manejan previsiones inquietantes, que apuntan a que el próximo año se podrían ver más de 10.000 concursos de acreedores cuando en un año normal se producen unos 3.000. "El sistema no está preparado para absorber esta situación", advierte Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor). "No hay medios suficientes en los tribunales de lo mercantil. Ya casi están colapsados ahora..."

En el Gobierno son conscientes de esta amenaza y según fuentes jurídicas tienen sobre la mesa la posibilidad de ampliar la moratoria legal a la declaración obligatoria de concurso de acreedores hasta junio de 2021. Los administradores concursales creen que eso sería una tragedia. "Sería un maquillaje. Si tu situación es de insolvencia era insolvente aunque la ley no lo considere así. Si tú te encuentras mal, retrasar una prueba médica no va a mejorar tu situación. La va a empeorar", advierte el presidente del Refor. "La medida podría servir para retrasar el colapso judicial, pero acabaría generando un problema económico aún mayor". El presidente de Aspac va más allá. "Las empresas viables que están en problemas deben solicitar ya el concurso de acreedores, otra moratoria sería un desastre. Es la única forma de salir adelante y las autoridades lo debería estimular. Hay que recordar que por culpa de empresas inviables, muchas empresas viables acaban dejando de serlo".

A la espera del Gobierno para tener una solución

El sector no ha dejado de reclamar una reforma del marco legal de los concursos de acreedores desde que se inició la crisis, pero en la situación actual lo considera ya una necesidad urgente para evitar que miles de proyectos empresariales viables se vayan por el sumidero. "Desde el Gobierno nos dicen que están concernidos sobre el asunto, pero no han planteado ninguna situación específica", coinciden las fuentes consultadas. La directiva europea pendiente de traslación al ordenamiento español ofrece soluciones en tres niveles: mejora de mecanismos de reestructuración de las empresas e introducción de herramientas de alerta temprana; mejora del marco regulatorio de la segunda oportunidad en España; y medidas también para mejorar la eficacia del desarrollo de los procedimientos concursales

Para el presidente de Aspac, Diego Comendador, los administradores concursales deben jugar un papel mucho más activo en todo el proceso, especialmente en la situación actual. "Los juzgados de lo mercantil no están preparados para absorber la avalancha de concursos de acreedores que se van a declarar en el momento en que se levante la moratoria. Va a ser fundamental hacer un triaje previo de empresas para no colapsar el sistema y los administradores concursales somos los profesionales que estamos mejor capacitados para realizar ese trabajo". El objetivo sería separar las empresas viables de las inviables, y dentro de éstas últimas clasificar las que disponen de unidades productivas que se pueden colocar en el mercado, las que tienen activos que pueden ayudar a compensar a sus acreedores y las que directamente son ya 'empresas zombie' sin ninguna actividad. "A éstas últimas no se les debe destinar ni un solo euro público y tampoco los recursos de la legislación concursal", subraya Diego Comendador.

Desde el Registro de Economistas Forenses se insiste en que la clave está en potenciar los esquemas preconcursales y prejudiciales para evitar que lleguen a concursos de acreedores empresas que ya no disponen de la masa suficiente como para compensar a los acreedores. En su opinión, la carencia de ese cribado es lo que hace que los concursos de acreedores se eternicen y además no respondan a sus objetivos: garantizar la continuidad de las empresas y, en su defecto, la reparación de los perjuicios para los acreedores.