La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene entre manos una reforma de profundo calado para dignificar las condiciones de la figura del becario, impulsando por ley la mejora de sus retribuciones, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas. El bautizado como 'Estatuto del Becario' empezó a desarrollarse en el Servicio Público de Empleo Estatal ya a principios de este año, pero los trabajos se vieron interrumpidos por la crisis sanitaria y en los próximos meses, una vez superado el segundo pico de la pandemia, se pretende impulsar esta iniciativa a través del diálogo social.
En el apartado laboral del acuerdo de coalición que firmaron el PSOE y Unidas Podemos se apostaba por la revisión de los contratos formativos y por la aprobación y desarrollo del 'Estatuto del Becario' "para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas". Pero esta iniciativa se guardó en el cajón tras la irrupción de la Covid-19 y la necesidad de atender a las prioridades derivadas de la situación del mercado de trabajo, tales como la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los diferentes subsidios y prestaciones por desempleo puestos en marcha.
Una vez desplegado el escudo social urgente, el Gobierno pretende retomar esta reforma, que todavía se encuentra "en un estadio inicial", con la participación de empresarios y sindicatos en las debidas fases de consultas que se producirán próximamente, tal y como se explica en una respuesta parlamentaria a la diputada del Grupo Republicano Marta Rosique. El objetivo es garantizar la finalidad exclusivamente formativa de las becas y poner coto a los abusos que se producen en muchas empresas que ahorran costes tirando de becarios mal remunerados, que asumen tareas que no les competen y trabajan más horas de las que les corresponden.
En líneas generales, se prevé una mejora de los sueldos y la limitación de los contratos encadenados, así como del porcentaje máximo de becarios en las empresas. Los pormenores se concretarán en el diálogo social, pero cabe recordar que la formación morada, antes de entrar en el Gobierno, presentó una proposición de ley para obligar a las empresas a pagar a los becarios como mínimo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), calculado en proporción de las horas dedicadas, y a tener como máximo un becario en compañías de hasta 10 trabajadores, dos becarios en las plantillas hasta 30 empleados, tres en las de hasta 59 y un porcentaje máximo del 5% de la plantilla en las que superen los 60 trabajadores.
Tras la regulación de los 'riders' o los retoques a la reforma laboral de 2012, que se pretenden abordar antes de que acabe el año, esta será otra de las grandes modificaciones legislativas del Gobierno en materia de empleo. La iniciativa se completará con un plan de lucha contra el fraude laboral, apostando por el uso de las nuevas tecnología y el 'big data' y reforzando el sistema de control y sancionador. Los esfuerzos se centrarán en tres áreas: el abuso de la contratación temporal concatenada sobre un mismo trabajador o un mismo puesto de trabajo; el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas; y la identificación de relaciones extra laborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios.
Y es que dentro de las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se recoge una campaña de actuación específica cuyo objeto es el control del trabajo no declarado de aquellos jóvenes que se encuentran bajo la figura del "falso becario", en supuestos en los que la realización de prácticas no laborales se utiliza de forma indebida y fraudulenta, bajo la falsa apariencia de una actividad formativa, cuando realmente se está prestando servicios por cuenta ajena en el marco de una relación laboral. Pero además se desarrolla una importante labor inspectora no programada, derivada de denuncias, peticiones de otros órganos administrativos, así como de las comunicaciones realizadas a través del Buzón de la Inspección y del trabajo de detección que se desarrolla desde la Herramienta de Lucha contra el Fraude, mediante el tratamiento masivo de la información.
En consecuencia, durante el año 2019 el número de actuaciones inspectoras en la materia fue de 1.512, de las que afloraron un total de 1.125 relaciones laborales por cuenta ajena. El número de infracciones ascendió a 186, mientras que el importe de las liquidaciones por cuotas a la Seguridad Social dejadas de ingresar se elevó a 4.089.788 euros, según se detalla en la mencionada respuesta parlamentaria, en la que se añade que, "dada la importancia que el Gobierno atribuye a la lucha contra aquellas conductas fraudulentas que vulneran tanto los derechos de los trabajadores como el sistema de Seguridad Social en general, durante el año en curso continuarán desarrollándose las referidas campañas a nivel nacional, intensificando de esta forma las actuaciones de control por parte de Inspección de Trabajo".
El reto del paro juvenil
La crisis sanitaria ha tenido un fuerte impacto en el colectivo de los becarios, que se han reducido de manera importante este verano debido a que en muchos casos, con motivo de las restricciones, solo han podido realizarse las prácticas susceptibles de completarse de forma online. Y en general, los jóvenes han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia sobre el mercado laboral, precisamente por ser quienes concentran los contratos más precarios. El Gobierno es consciente de la situación que atraviesa toda una generación y por eso va a reforzar programas como el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 en el marco de las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas.
En este sentido, en la última conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales la ministra Díaz planteó el desempleo juvenil como "el reto más importante al que nos enfrentamos" y un "peligro para el equilibrio generacional". De ahí que el colectivo de jóvenes adquiera más importancia que nunca en el nuevo Plan Anual de Política de Empleo 2020, al que ha tenido acceso La Información, y que admite que la población joven será la que sufra "con mayor intensidad" las consecuencias de esta crisis. "Es probable que el empleo juvenil se resienta en particular, sobre todo a través de la extinción de contratos temporales y a tiempo parcial" y "mediante la reducción de ciertas modalidades de empleo formalmente autónomo producida, sobre todo, en el entorno de la nueva economía", advierte.
Y en esta línea, un reciente informe del Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, pide blindar el Plan de Choque por el Empleo Joven, a la vista de que la dotación presupuestaria prevista puede quedar comprometida como consecuencia de la crisis sanitaria. Además, sugiere impulsar primero la conversión de contratos temporales mediante acuerdos colectivos para conseguir una estabilidad de la población asalariada joven mayor que la de 2019 y promover después una contratación inicial más estable, incluso modulando los requisitos para el acceso a financiación o recursos procedentes de los fondos europeos. Esta receta para la salida de la crisis actual se completaría con un refuerzo de la Garantía Juvenil y de las actuaciones de formación, previa revisión de las vías de entrada al empleo y la capacidad de los mecanismos de mejora en el ajuste oferta-demanda en el mercado laboral.
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