El Gobierno dará la posibilidad de teletrabajar a los empleados de la Administración General del Estado (AGE) hasta tres días por semana como parte del plan de ahorro y eficiencia energética que está ultimando. Así se lo ha trasladado el Ministerio de Hacienda y Función Pública a los sindicatos, que entienden esta propuesta como una adaptación temporal al acuerdo de teletrabajo que firmaron en abril del pasado año con el anterior ministro de la cartera, Miquel Iceta, y que todavía no ha visto la luz como norma. La intención del Ejecutivo es la de aprobar un plan que recoja otras medidas como el fomento del uso del transporte público o del ahorro energético en las oficinas de la administración. Este conjunto de iniciativas forman parte del plan nacional de respuesta a la guerra de Ucrania y, por ello, tiene carácter urgente para Moncloa. Según fuentes de Hacienda, podría aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes.
La del teletrabajo es la propuesta que más ha concretado el Gobierno, según fuentes sindicales. Desde UGT celebran que se hayan incorporado dos reivindicaciones suyas. En primer lugar, la flexibilización de las fórmulas del teletrabajo. Y es que la propuesta podría ampliarse hasta cuatro días por semana de trabajo a distancia, apuntan. En el lado contrario, según necesidades de la producción, el teletrabajo podría reducirse a dos días por semana. En segundo lugar, el requisito de antigüedad de un año para acogerse a esta modalidad no se tendrá en cuenta si se tienen los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad profesional. La idea es que esta opción de trabajo a distancia esté disponible hasta que el acuerdo que los sindicatos firmaron el pasado año esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en forma de Real Decreto. Este asunto se ha ido retrasando y la nueva fecha en el calendario es octubre, según trasladan fuentes de la negociación.
Desde Comisiones Obreras (CCOO) señalan que el Ministerio se ha referido a "cuestiones muy generales e inconcretas" y que ha insistido en que las medidas "no afectarían a derechos de la plantilla". Este aspecto es fundamental para el sindicato, porque dan por hecho que la administración no negociará el plan, por cuestión de tiempo y por las medidas que se han planteado. "Se ha hablado de fomentar el uso del transporte público", pero sin ningún tipo de incentivo para ello, ponen como ejemplo. En este sentido, aunque en un primer momento se había mencionado el cierre temporal de edificios públicos, desde el sindicato matizan que este aspecto dependerá de los empleados que se acojan a la modalidad de trabajo a distancia. Función Pública ha insistido en el "uso racional de edificios y con ello de calefacción, aire y luz".
El objetivo del Gobierno es el de conseguir "ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país", según se recoge en la orden aprobada en el marco del plan de respuesta a la guerra. Y es que el incremento de los precios de la energía no solo se nota en el bolsillo de los ciudadanos, sino también en las arcas públicas. Además, en varias ocasiones, desde la Secretaría de Estado de Energía se ha manifestado que no se puede ignorar la seguridad y garantía de suministro. Un mensaje que encaja con este plan de ahorro y eficiencia energética que el Gobierno se comprometió a aprobar en el plazo de un mes el pasado 2 de abril y que ya llega con retraso.
Ambos sindicatos entienden que el plan consistirá en una serie de "recomendaciones" más que de medidas concretas, entre ellas, algunas muy básicas como el apagado de los equipos cuando termine el horario laboral. De hecho, el Ministerio no les ha trasladado ninguna propuesta formal o ningún borrador. Por este motivo y dado el carácter urgente que consideran debe tener el plan de ahorro energético, las organizaciones sindicales descartan poner sobre la mesa iniciativas que puedan negociar con la administración. No obstante, fuentes de Hacienda califican este primer encuentro de "conversaciones informales" y subrayan la voluntad de "negociación" con los agentes sociales.
Oferta pública de empleo
Las conversaciones sobre el plan de ahorro energético han coincidido en el tiempo con la negociación de la oferta pública de empleo de 2022 que se iniciaron la pasada semana. Este es uno de los motivos, según las fuentes consultadas, por las que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no se ha apresurado más en concretar las medidas. Tal como publicó este periódico, este plan solo afectará a los empleados de la administración general del Estado y no a los funcionarios de las comunidades autónomas. No obstante, la aprobación de estas medidas abre la puerta a que otras administraciones puedan ponerlas en marcha y es que la concienciación sobre la eficiencia energética y los costes asociados a la energía son dos aspectos relevantes tanto para el Gobierno como para las comunidades autónomas.
Sobre la oferta pública de empleo, los sindicatos esperan llegar a un acuerdo con el Gobierno el jueves próximo, cuando se volverán a reunir con Función Público. Hasta la fecha, las organizaciones sindicales consideran insuficientes las plazas propuestas y exigen que se tengan en cuenta otros aspectos más allá de las cifras. En este sentido, subrayan la necesidad de acelerar las convocatorias y de aprobar un plan plurianual que dé respuesta al envejecimiento de las plantillas públicas. Además, piden que se aprueben procesos extraordinarios aquellos organismos con más déficit de personal, como por ejemplo la Seguridad Social.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios