Una vez firmada la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y a la espera de que se apruebe en Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y Economía Social cree que es oportuno abrir un debate sobre los sueldos más altos. Así lo anunció la titular de la cartera, Yolanda Díaz, en la escenificación del acuerdo con los sindicatos. "Queremos ser europeos en materia salarial. Sería bueno que a veces hablemos de los salarios que se perciben en algún consejo de administración" dijo la líder de Sumar haciendo saltar las alarmas del sector empresarial que no había acudido al acto tras la negativa del Gobierno a atender sus demandas en la mesa de negociación del SMI.
Fuentes de la vicepresidencia segunda del Gobierno remarcan que lo prioritario para la cartera es abrir este debate, más que poner en marcha medidas específicas, si bien admiten que el Ministerio de Trabajo ya ha estudiado vías a través de las que podría actuar sobre las rentas más altas. Díaz no lo mencionó específicamente, pero no es la primera vez que actores políticos situados a la izquierda del PSOE abren la puerta a limitar los salarios; de hecho el entonces diputado de Más País -ahora integrado en Sumar-, Íñigo Errejón, abogó por "fijar topes por arriba" el día que se aprobaba el alza del SMI hasta los 1.080 euros brutos actuales. No obstante, los expertos estiman que el Ejecutivo no tiene margen para aprobar una fórmula de estas características.
"El Gobierno no puede topar salarios en las empresas privadas, porque el artículo 38 de la Constitución recoge la libertad de empresa" explica el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Univesitat Jaume I, Francisco Trujillo y el docente del mismo área en la Universitat de València, Daniel Toscani, a este medio. Los expertos apuntan que sí se podría establecer un tope en las compañías públicas y que no sería el primer país de nuestro entorno que se plantea una medida así. "Suiza ha tenido votaciones populares sobre límites salariales máximos en el sector público y algunas ciudades de Estados Unidos han establecido salarios para los ejecutivos de empresas que hacen negocios con el gobierno" mencionan a modo de ejemplo.
"En España no existen precedentes sobre la limitación de un salario máximo en una sociedad privada, lo que sí se ha hablado en otras ocasiones es de establecer una proporción entre el salario mínimo de una empresa y el salario máximo, pero en España el sistema de fuentes funciona con derechos de carácter mínimo. El SMI o los mínimos reflejados en los convenios actúan como criterios mínimos pero nunca máximos" explica el socio responsable del área laboral de Ceca Magán, Enrique Ceca. El abogado advierte que un pacto de estas características no tendría cabida legal, por vulnerar el derecho de libre competencia y libertad de empresa.
En cambio, el Gobierno sí podría actuar por la vía impositiva. "Esto de facto ya se está produciendo" valora el laboralista que hace referencia a la voluntad del Ministerio de reducir por ley la jornada laboral sin que esto se traduzca en una merma del salario u obligar a negociar con los sindicatos los sindicatos los planes de igualdad, incluso si la compañía no cuenta con delegación sindical, entre otros ejemplos. "El Gobierno quiere interferir e intervenir en el mercado de trabajo, a veces sin contar con los agentes sociales y que lo único que produce son errores en el sistema porque el mercado de trabajo debería autorregularse, entre oferta y demanda".
CEOE acusa a Díaz de "populismo"
El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha respaldado este jueves las palabras de Díaz calificando de "evidente" la necesidad de abrir un debate sobre los salarios de los directivos en los consejos de administración, con el fin de reducir la brecha salarial en España y que el país gane cuotas de poder adquisitivo. Los secretarios generales de CCOO y UGT también se mostraron a favor de iniciar esta conversación pública, pero el presidente de la patronal CEOE ha cargado contra la responsable de Trabajo por hacer "populismo" con discursos que responden al contexto electoral y que generan "falta de confianza" y "preocupación" entre la clase empresarial. Actores con los que la relación es tensa no solo por los choques en el diálogo social, sino también por las palabras del presidente del Gobierno en el Foro de Davos.
Antonio Garamendi defiende que el mero hecho de que la ministra de Trabajo haga estas declaraciones es de por sí problemático, ya que pone en riesgo la llegada de inversiones extranjeras al país. En esa línea, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, reflexiona que un representante del Gobierno debería ser prudente y medir las implicaciones de abrir un debate de estas características. "Implica costes en materia de ventajas e inconvenientes y nos interesa mucho este balance, que se piense si va a contribuir o no a la cultura económica y financiera del país" explica en conversación con La Información.
"Va contra el sentido común pensar que pueden regular las retribuciones de las empresas" asevera. El economista señala que el Gobierno podría optar por exigir mayor transparencia a las grandes compañías en materia salarial o incrementar los impuestos marginales a la renta, pero matiza que el Estado ya se queda con el 50% de estos ingresos entre cotizaciones e IRPF, cuando se sitúan en los tramos superiores de la escala de tributación. Asimismo, puntualiza que por esta vía el Ejecutivo corre el riesgo de demonizar a las empresas al entrar en materias propias del consejo y los accionistas y emplaza otras consideraciones en el plano de la ética.
