El Gobierno fijará un límite autonómico al precio de la vivienda avalada por el ICO

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la creación de la línea de avales del ICO anunciada el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cubrirá hasta el 20% del crédito hipotecario de las familias con menores a cargo y de los jóvenes de hasta 35 años que necesiten ayuda para la entrada de la vivienda que pretenden adquirir. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo fijará un límite máximo del precio de venta o tasación de los inmuebles que puedan acogerse a esta iniciativa y ha especificado, además, que dicho tope no será igual para todas las comunidades autónomas, sino que se definirá en función de la localización y de la situación del mercado inmobiliario en cada territorio concreto.

En el marco de este programa, el ICO podrá conceder avales de hasta el 25% del principal del préstamo si la vivienda a adquirir tiene calificación energética mínima de 'D' o superior. Estas garantías no tendrán coste para el solicitante y podrán pedirse, en principio, hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, si bien el Gobierno no descarta ampliarlas por otros dos años más. La hipoteca avalada no podrá superar el 100% del valor más bajo entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda afectada. 

Entre las condiciones que se han establecido para poder acceder a ellos está que los solicitantes deberán tener ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem (37.800 euros brutos al año) y, el doble, si se trata de una pareja. Si los demandantes tienen menores a su cargo, se incrementará el límite de ingresos en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada hijo y un 70% adicional en el caso de las familias monoparentales. Con este respaldo estatal, que se solicitará a través de las propias entidades crédito, el Ejecutivo se ha fijado como meta facilitar la adquisición de aproximadamente 50.000 viviendas y apoyar a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo.

El Ejecutivo también financiará la promoción de unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con 4.000 millones de euros a cargo de los fondos europeos Next Generation. Los pisos deberán destinarse a ese fin durante al menos 50 años. Al mismo tiempo el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al plan para impulsar otras 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes. Sánchez ha explicado que el valor estimado de esta operación es de 620 millones de euros y ha subrayado que con ella se pretende "movilizar todo el suelo disponible de Defensa para conformar el parque público" de vivienda en España. 

Cincuenta actuaciones en catorce autonomías 

Este último proyecto contempla, según Sánchez, un total de 50 actuaciones en catorce comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre más de 8 millones de metros cuadrados de suelo. Según ha explicado la propia Sánchez, una vez suscrito el acuerdo para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública aporte los fondos necesarios para que Transportes adquiera los terrenos a Invied, sociedad que depende de Defensa, se irán materializando los convenios por cada una de las actuaciones. Algunas serán más rápidas porque los suelos están listos, mientras que en otros casos hará falta hacer un planeamiento o urbanización de los mismos. 

Esta medida da continuidad a decisiones que ya se habían adoptado con motivo de la Operación Campamento en Madrid (12.000 viviendas, de las que el 60% serán de carácter público, que se levantarán también sobre terrenos que pertenecían a Defensa), con el cuartel de Son Busquets, en Palma de Mallorca, o con algunas otras actuaciones que están actualmente en marcha en Sevilla, Valencia o Valladolid. "Estamos atendiendo a una urgencia que no tiene una solución única", ha apuntado Sánchez, a la vez que ha incidido en que el Gobierno está dispuesto a activar todas las medidas del tipo que sean necesarias para que todos los colectivos puedan beneficiarse en materia de vivienda.