El Gobierno ha anunciado este jueves que proyectará medidas para facilitar la construcción de vivienda de uso residencial. Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha asegurado que el su departamento elaborará modificaciones sobre la normativa ECO/805/2003 en la tarde del jueves; una regulación que en sus términos actuales dificulta a las promotoras inmobiliarias que arranquen los trámites de sus actuaciones hasta que no obtengan la licencia de obra. En este sentido, Rodríguez ha afirmado que la modificación incluirá nuevas fórmulas de construcción como la industrialización o los propios factores de sostenibilidad y que, además, permitirá complementar la modificación de la Ley de Suelo para “agilizar los procesos urbanísticos”.
El anuncio se ha producido tras el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa con los representantes del sector de la vivienda -tanto del ámbito empresarial como de asociaciones y sindicatos- junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En su comparecencia ante los medios, la ministra de Vivienda ha asegurado que ha sido una reunión “muy productiva” y que el Gobierno llevará a cabo periódicamente cada semestre para dar un ‘sprint’ a la oferta de vivienda asequible.
El cambio anunciado permitirá corregir un defecto de forma de la normativa que no recogía los supuestos de licencias urbanísticas básicas aprobadas por los propios consistorios -por estar datada en el año 2003- para aligerar el proceso de edificación hasta conseguir la licencia de obra, según han detallado fuentes conocedoras.
A la hora de acudir a los bancos en busca de financiación, las tasadoras emiten una advertencia a las entidades de crédito de que el permiso para la construcción con la que acuden las constructoras a pedir los préstamos promotores es básica y no de obra, un condicionante que provoca que en muchos casos los bancos no den la financiación necesaria para comenzar los procesos de urbanización.
Desde la banca indican que esta normativa ECO es el epicentro del problema, ya que la orden ministerial hace referencia contempla el requisito de licencia de obra para la valoración de bienes inmuebles, sin entrar a valorar otras opciones, ya que la normativa es anterior a la entrada en vigor de las licencias abreviadas, básicas, sencillas, entre otras terminologías utilizadas.
Este hecho ha sido valorado de manera muy positiva por el sector inmobiliaria, que ha calificado la modificación de una medida que agilizará las concesiones de licencia de la edificación "sin precedentes", según señaló el presidente de APCEspaña, Juan Antonio Gómez–Pintado, presente en la reunión. La ministra ha concluido que esta normativa también busca que las administraciones locales que busquen incluir formatos de permisos que aligeren el proceso de obra tengan “una buena base” sobre la que legislar.
Aplicación de la Ley de Vivienda
La ministra también ha hecho referencia a la intervención del Estado en los mercados de vivienda de aquellas comunidades díscolas que rechacen aplicar la declaración de zonas del mercado tensionado, contempladas en la ley de vivienda. Sobre este asunto, Rodríguez se ha mostrado tajante al asegurar que son las comunidades autónomas quienes deben declarar estas zonas, pero ha criticado su negativa a establecer fórmulas que permiten la aplicación de medidas extraordinarias en el mercado residencial, como la limitación del precio de los alquileres.
Es el caso de la ciudad de Alcorcón, un ayuntamiento con alcaldesa socialista que ha solicitado declarar zona tensionada partes del municipio a través de la Comunidad de Madrid, que se niega a tramitar la solicitud. “Declarar zonas del mercado tensionado implica que [todas las administraciones] nos impliquemos, pero para poder hacerlo se necesita la petición de la Comunidad de Madrid. Y no pueden dejar desamparados, no ya a los alcaldes, sino a los vecinos de Alcorcón” que padecen las subidas de precios de la vivienda.
Apuesta porque haya fondos más allá de 2026
Según ha detallado la ministra, durante la reunión los agentes sociales han transmitido al Gobierno la necesidad de mantener la inversión pública en vivienda en un periodo largo. Rodríguez ha reafirmado el deseo del Ejecutivo de nutrir de recursos para vivienda tanto los presupuestos públicos como la posible prórroga de los Fondos Europeos.
El plazo de los Next Generation finaliza en dos años, aunque desde Moncloa trabajan para que haya fondos comunitarios que “permitan ajustar nuestros compromisos con la agenda urbana” más allá de 2026, comentó Rodríguez.
