El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la licitación, por 414,7 millones de euros, de tres contratos de servicios para el mantenimiento preventivo y la mejora de los firmes de 1.515 kilómetros de carreteras convencionales del Estado. Las actuaciones se desarrollarán en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid, según ha indicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Estos tres contratos, divididos en 25 lotes, tienen un plazo inicial de tres años y está prevista una prórroga adicional por otros dos. El objetivo de estos trabajos es mejorar las características superficiales y estructurales de los firmes de las carreteras, aunque también se podrán incluir actuaciones en autovías o autopistas, siempre que se justifique adecuadamente.
Como parte de estos contratos se ejecutarán trabajos de fresado y reposición, microaglomerado, refuerzos, reparación de blandones y baches, reciclado y sellado, así como el repintado de marcas viales y la impermeabilización de estructuras, en caso de ser necesario. No obstante, la programación concreta de las actuaciones será presentada cada año por el contratista de cada lote acorde al presupuesto asignado.
Mediante tres contratos
El primero de los contratos incluye las demarcaciones de carreteras de Andalucía Occidental y Oriental, Castilla-La Mancha y Extremadura, tiene un valor estimado de 135,6 millones y está destinado a 495,6 km de calzada. El segundo contrato se extiende a carreteras de Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, tiene un valor de 124,8 millones y se orienta a 456,1 km de calzada.
Por último, el tercero de los contratos, de 154,3 millones, incluye las demarcaciones de carreteras de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid y prevé la actuación en 563,9 km de calzada.
Nuevo modelo de contratación
El Ministerio ha implementado un nuevo modelo de contratación que aboga por el mantenimiento preventivo frente al correctivo y que emplea sistemas de gestión de activos para su correcta monitorización, un modelo que ya se ha implementado en otras administraciones.
Además, los adjudicatarios deberán implementar otro tipo de medidas como el cálculo de la huella de carbono, la recogida selectiva de los residuos, el uso de pinturas libres de plomo y el control del consumo energético, agua y combustibles, a fin de mejorar la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado.
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