Denunciadas a la Inspección de Trabajo

Gobierno y CCAA compraron sin control hasta 41 modelos de mascarillas 'fake'

Un análisis realizado por CSIF a los equipos proporcionados durante la crisis a los funcionarios aflora mascarillas no certificadas, con fallos de protección o directamente falsas.

Miles de las mascarillas compradas por poderes públicos no garantizaban la protección.
Miles de las mascarillas compradas por poderes públicos no garantizaban la protección.
EFE

Era finales de marzo. Los contagios se multiplicaban exponencialmente, los hospitales empezaban a estar saturados y ni el Ministerio de Sanidad ni las consejerías autonómicas eran capaces de conseguir en el mercado el volumen de mascarillas y guantes de protección que los profesionales sanitarios de la red sanitaria del Estado necesitaban para poder plantar cara a la Covid-19 en unas mínimas condiciones de seguridad. En un contexto de gran presión social y acorraladas por la estrechez del mercado para atender la demanda global de estos elementos de protección, por la rigidez de la burocracia administrativa en España y también por su propia falta de pericia para manejarse en esas condiciones de mercado, las autoridades sanitarias optaron por bajar el listón y suspender temporalmente el requisito de que las mascarillas importadas tuvieran que cumplir el exigente estándar europeo de calidad. La medida, en efecto, logró que los profesionales de la red sanitaria pública empezaran a recibir los necesarios equipos de protección individual (EPI), pero también abrió las compuertas a la entrada en el mercado español de decenas de productos de baja calidad, en su mayoría procedentes del mercado chino.

No es una sospecha ni una especulación. En guardia por esa apertura de compuertas a la entrada de productos sin certificación europea y por la enorme diversidad de proveedores y modelos de mascarillas que llegaban a las distintas unidades de la Administración, en su mayoría procedentes del mercado chino, el sindicato CSIF empezó a rastrear el estándar de calidad de esos elementos de seguridad, haciendo seguimiento de las alertas sobre dispositivos 'fake' enviadas desde la Comisión Europea y remitiendo al Centro Nacional de Medios de Protección los dispositivos 'sospechosos' por la falta de garantía ofrecida por el proveedor o en el peor de los casos por haberse registrado contagios aún con el uso de esos dispositivos.

El minucioso trabajo llevado a cabo desde la Secretaría Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato, bajo la dirección de Encarna Abascal, ha permitido aflorar hasta la fecha 41 modelos de mascarillas que han sido distribuidos por el Estado y las comunidades autónomas entre los trabajadores públicos pero que o bien no disponen de la correspondiente certificación, o bien no tienen el nivel de protección que aseguran garantizar, o bien son directamente falsas. Es lo que el sindicato CSIF ha dado en llamar el fenómeno de las 'mascarillas fake' y que no pasaría de ser un grave agujero del sistema de contratación pública, si no fuera porque ha expuesto al contagio por un virus letal a miles de empleados públicos que han estado en la primera línea de la lucha contra la Covid-19.

"A quién más ha afectado es a los profesionales sanitarios y del ámbito socio-sanitario, es decir, a los que han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia", asegura Encarna Abascal, de CSIF. "Lo que nosotros estamos haciendo es revisar los centros de trabajo dónde se están usando estas mascarillas, exigir su retirada inmediata e interponer denuncias allí donde se han utilizado elementos de protección que no garantizan la seguridad de los trabajadores". Abascal asegura que CSIF ha llevado a la Inspección de Trabajo a un número no pequeño de consejería y unidad de las Administración por la provisión de mascarillas que no garantizan la adecuada protección de los trabajadores públicos, hasta el punto de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social - saturada también no sólo por las denuncias respecto a las condiciones de salud y seguridad de trabajadores sino también por los ERTE y toda la avalancha de nuevas medidas activadas durante esta crisis - ha optado por elaborar un protocolo de actuación específico ante estos casos.

La actuación del sindicato se ha movido en tres niveles. En primer lugar, promoviendo la retirada temprana del material defectuoso allí donde se ha utilizado; en segundo lugar, circulando la existencia de este materia e identificando el mismo entre los delegados de prevención para que se retire en los centros y unidades donde también se esté utilizando; y, en último lugar, denunciando la práctica ante las autoridades correspondientes para que se depuren las responsabilidades que haya que exigir por esta práctica.

El problema de la falta de control sobre las compras

De los cerca de 80 modelos de mascarillas sospechosas que el sindicato CSIF ha chequeado o ha remitido para su examen al Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto Nacional de Salud e Higiene del Trabajo, más de la mitad - 41 - han presentado algún tipo de falla. En la mayoría de los casos se trataba de mascarillas FFP2 - las prescritas para los profesionales que trabajan de forma directa con personas contagiadas - cuya capacidad de filtrado de partículas era inferior a la que se especifica para ese modelo

"En las primeras semanas de la crisis las mascarillas se compraron donde se pudo y sin demasiados controles. Éste es el resultado", explica Abascal. Ya se ha dicho que a finales de marzo ante la dificultades para hacerse con mascarillas con el sello CE que exigía la normativa sanitaria, el Gobierno decidió abrir la mano para permitir a Ingesa y a las comunidades autónomas que adquirieran mascarillas con certificado oficial americano (Niosh) o chino (KN95). Las dificultades de los compradores españoles para acreditar la fiabilidad del material de protección y sanitario adquirido en China han sido evidentes y han desencadenado alguno de los escándalos más sonados de esta crisis, como el célebre de los test de detección rápida no fiables

El Gobierno ha gastado más de 1.000 millones de euros en material de protección y dispositivos sanitarios para lucha contra la Covid-19 desde el inicio de la crisis. Lo ha hecho sin luz y taquígrafos, por la vía de la contratación de emergencia, en muchos casos sin publicidad alguna y prácticamente sin control previo. El resultado ha aflorado en estos tres meses de estado de alarma: EPIs que no protegen a los que los usan, adquisiciones millonarias de material defectuoso, contratos con proveedores de más que dudosa solvencia y la sensación general de que la crisis ha desbordado a las autoridades sanitarias en prácticamente todos los flancos a los que uno opte por mirar. 

El embrollo a nivel estatal y autonómico ha sido tal que hasta un órgano dependiente del Gobierno, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, cuya titular - fichada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero - renunció al cargo la pasada semana, ha denunciado la falta de transparencia con la que se han manejado buena parte de las contrataciones vinculadas a la crisis de la Covid-19, con miles de contratos sin justificar, otros muchos de los que todavía no se sabe nada porque no se han hecho públicos y un uso excesivo de la vía de la contratación de emergencia, que permite cerrar las compras de bienes y las contrataciones de servicios de forma directa, por la vía rápida, sin tener que someterse a incómodos trámites de competencia entre empresas y explicación de los pliegos.

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