El Gobierno cambiará la legislación de Seguridad Social para impedir que los trabajadores con un rango salarial más alto puedan seguir jubilándose de forma voluntaria antes de los 65 años sin apenas ver afectada su prestación futura. La intención del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, según ha revelado este miércoles el titular del departamento, José Luis Escrivá, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, es realizar los ajustes normativos necesarios para que los contribuyentes que se sitúan en las bases máximas de cotización vean penalizada su pensión futura en la misma medida (hasta un 8% menos anual) que el resto de trabajadores si deciden adelantar su jubilación, algo que según ha explicado no sucede a día de hoy por la falta de correlación entre lo que este segmento cotiza y la pensión máxima del sistema lo que hace que una vez aplicados los coeficientes reductores previstos en la ley continúen percibiendo la pensión máxima que abona el sistema de Seguridad Social.
Esta "anomalía del sistema", según la ha definido el ministro Escrivá, proviene en gran parte de las medidas adoptadas en los últimos años por los sucesivos gobiernos para incrementar los recursos de la Seguridad Social. La asimetría entre las fuertes subidas de las bases máximas de cotización decretadas desde el Gobierno y la mucho más contenida evolución de la pensión máxima ha erosionado la contributividad del sistema y ha permitido que los trabajadores encuadrados en las bases máximas de cotización puedan 'soportar' las penalizaciones legales establecidas a la jubilación anticipada sin miedo a perder su derecho a la pensión máxima que paga la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque tras la aplicación de los coeficientes reductores su percepción apenas se reduce un 2% anual y no un 8% como de alguna manera establecía el espíritu de la norma.
Según el ministro de Seguridad Social, su departamento está trabajando en corregir esa distorsión del sistema para garantizar la plena operatividad de los coeficientes reductores previstos en la norma, con independencia de la magnitud de lo cotizado, de modo que el sistema no solo garantice que esos coeficientes reductores se apliquen sobre la base de cálculo de la pensión, como ya sucede ahora, sino que operan de forma efectiva sobre las percepciones de las personas que deciden adelantar su jubilación. En otras palabras, no basta con que esos coeficientes reduzcan la base de cálculo de las pensión, tienen que servir para reducir la prestación para cumplir su objetivo como desincentivos a la jubilación anticipada.
El Banco de España retrató también en un reciente informe que observaba el funcionamiento del sistema de pensiones desde una perspectiva de rentabilidad financiera la magnitud de esta distorsión, que, según los analistas del supervisor de los mercados financieros, hace que la forma de optimizar el rendimiento financiero de las aportaciones realizadas al sistema vía cotizaciones sociales para los trabajadores y trabajadoras situados en los tramos más altos de cotización sea precisamente anticipar un par de años su jubilación. En otras palabras, que la actual arquitectura del sistema supone un incentivo para que determinadas personas de salarios elevados decidan jubilarse antes de los 65 años, justo lo que los gestores del sistema pretenden evitar para garantizar su suficiente y su sostenibilidad futura.
Garantizar ya el poder adquisitivo de las pensiones
El país sufre una pandemia que ha dejado tiritando las arcas públicas y Bruselas observa con atención los movimientos del Gobierno para chequear que sus reformas - entre las que siempre se menciona con especial interés la del sistema de pensiones - responden a la hoja de ruta marcada por quienes van a sufragar los 140.000 millones de euros que España recibirá en los próximos años para superar los devastadores efectos de la Covid-19 sobre la economía, pero el Gobierno no ha cambiado un ápice su relato sobre el sistema de Seguridad Social. Escrivá mantiene que el sistema es sostenible con el nivel de protección que presta a día de hoy e incluso eliminando las medidas de reducción de gasto introducidas por la reforma de 2013, como el Índice de Revalorización de las Pensiones; descarta cualquier reforma profunda en el sistema y entiende que es suficiente con corregir algún desajuste como el mencionado; y sigue comprometido con reformar la ley de Seguridad Social para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, algo que ayer deslizó que activarían ya en 2021 si tienen la oportunidad.
El plan de Escrivá para reducir el desequilibrio endémico de la Seguridad Social no pasa de hecho por implantar medidas de generación de nuevos ingresos o contención del gasto para enjugar los más de 16.000 millones de euros de números rojos que tuvo el sistema en 2019 y que este año, con todas las medidas excepcionales implantadas, se irá por encima de los 23.000 millones de euros; sino por endosar esa pesada mochila al Estado.
El ministro informó este miércoles a los diputados del Pacto de Toledo de que en su departamento han estado echando cuentas y lo que les sale es que el sistema de Seguridad Social soporta unos gastos impropios de más de 26.000 millones de euros, que superan con creces el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que si la Comisión tuviera a bien recomendar al Gobierno que esos gastos cayeran en la cuenta del Estado y no en la de la Seguridad Social el déficit del sistema de pensiones desaparecería. La maniobra implicaría que el Estado se hiciera cargo en un periodo razonable de tiempo de las políticas de empleo que se financian con exoneraciones de cuota a la Seguridad Social (11.300 millones de euros), de determinados incentivos al empleo como la tarifa plana de autónomos o las reducciones en los regímenes especiales de trabajadores del mar o empleadas del hogar (2.000 millones), de las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (3.000 millones) y los complementos por maternidad (1.000 millones); de otras subvenciones implícitas en regímenes especiales por valor de otros 1.000 millones; el coste de complementar algunas lagunas de cotización (800 millones); y de los gastos de funcionamiento del sistema (cerca de 4.000 millones). Libre de esas cargas el sistema, ha subrayado Escrivá, estaría en equilibrio y el ministro entiende que debería poder hacerse en el curso de esta legislatura.
El ministro entiende que una vez configurado ese escenario la sostenibilidad futura del sistema solo requeriría de algunos ajustes, incluso aún cuando la pensión aumentara con el IPC, como mejorar los incentivos a la prolongación de la vida laboral para retrasar la edad real a la que se jubilan los españoles sin medidas traumáticas como elevar más allá de los 67 años la edad legal, penalizar mejor la jubilación anticipada o impulsar la previsión social complementaria a través de la negociación colectiva, y no a través de los incentivos fiscales, que una vez más ha abogado por replantear.
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