El alza continuada de los precios tendrá consecuencias para el consumo privado y para el mercado laboral. Con una inflación que rondará el 8%, según las previsiones del Gobierno, la tasa de paro se reducirá en 2023 menos de lo que calculaba Moncloa el pasado mes de abril. En concreto, la de este año será del 12,8%, pero en 2023, la reducción será hasta el 12% y no hasta el 11,7% que incluía el cuadro macro anterior. Esta mayor tasa supone que en España habrá casi 70.000 puestos de trabajo menos de los que estimaba inicialmente el Gobierno y, según fuentes gubernamentales, la razón de este incremento en la previsión del paro es la inflación.
Tomando como referencia la tasa de paro que el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó en el primer trimestre de este año, del 13,65% y la cifra de desempleados, 3,1 millones de personas, La Información ha calculado en cuántos puestos de trabajo difiere la previsión del Gobierno en abril de la actual. Las tres décimas que el Ejecutivo ha corregido la tasa de paro que espera para 2023, supone un cambio de 69.774 parados más el año que viene. Para entonces, se espera que los precios empiecen a moderarse, aunque podrían no volver a niveles previos a la pandemia hasta 2024, según el último Observatorio económico mundial (World Economic Outlook) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras la subida de los tipos de interés llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), los empresarios españoles ya han alertado de que en otoño se producirá una "tormenta perfecta" de inflación y mayores costes de financiación. Tal como publicó este periódico, desde la patronal ya advierten que tras el verano habrá grandes ajustes. El último informe de coyuntura económica publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank vinculado a la CEOE, recogía que el 83,4% de la variación del deflactor del PIB -variable que mide las variaciones de precios en la economía-se explica por los costes laborales, mientras que solo un 11,7% vendría derivado de los beneficios empresariales.
En este sentido, desde el sector empresarial señalan que la situación ya es muy tensa y que las empresas están asumiendo un alza de los costes que no se está trasladando al completo a los consumidores. En este sentido, si el índice de precios al consumo (IPC) mantiene una senda alcista puede terminar repercutiendo en la creación de empleo. El mismo informe del IEE cifraba en 72.000 los puestos de trabajo que se perderían si entran en vigor los nuevos impuestos anunciados por el Ejecutivo, destinados a gravar los beneficios extraordinarios de la banca y de las compañías energéticas.
En los últimos meses, la evolución del mercado laboral ha sido el dato económico que más alegrías ha dado al Gobierno. "El trabajo mantiene en el primer semestre un excelente comportamiento gracias a la actividad económica y a la reforma laboral", reconoció Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La cifra de parados bajó en mayo de los tres millones de desempleados, por primera vez desde 2008. En cuanto a la afiliación, superó los 20 millones de afiliados por primera en toda la serie histórica. No obstante, tras la recuperación por completo de la actividad empresarial, es de prever que el ritmo de contratación sufra una desaceleración. El próximo jueves, el INE publicará la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre del año.
Desde el Gobierno insisten en que una de sus prioridades es la de lograr un pacto de rentas que evite efectos de segunda ronda y que permita "repartir" el coste de la crisis inflacionista. "Nuestra voluntad sería el poder impulsar ese pacto de rentas que el Gobierno está pidiendo a los agentes sociales para dar estabilidad y certidumbre a la economía del país", insistió la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Montero se ha mostrado abierta a incluir a los funcionarios en ese pacto de rentas si primero hay acuerdo en el diálogo social entre patronal y sindicatos.
Nuevo cuadro macroeconómico
El Ejecutivo actualizó este martes el cuadro macroeconómico que el Ministerio de Hacienda tendrá en cuenta para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Pese a mantener el crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año, en el 4,3%, Moncloa ha recortado hasta el 2,7% el avance de 2023. La vicepresidenta de Asuntos Económicos destacó que "la economía española mantendrá un crecimiento económico superior a la media de la zona euro", aunque "se verá afectada por el mantenimiento de los altos precios de la energía, que provocarán una normalización de la política monetaria más rápida y el consiguiente aumento de tipos de interés reales que impactarán negativamente en las decisiones de inversión y consumo". En cuanto al déficit público, el Gobierno lo mantiene en el 5%, pese a las medidas aprobadas para paliar el impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Estos indicadores son los que ha incluido el Ministerio de Asuntos Económicos en el Informe sobre la Situación de la Economía Española que ha remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública y que se toma en consideración para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. El Consejo de Ministros también aprobó el techo de gasto para las próximas cuentas públicas. Se trata de una cifra récord, de 198.221 millones de euros. Además, ha elevado dos décimas la tasa de referencia de déficit de las CCAA (del 0,1 al 0,3%), unas cifras que serán asumidas por la Administración Central (que pasa del 3,4 al 3,2%).
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios