El Consejo de Ministros ha aprobado durante un año la prórroga del impuesto energético sin introducir ninguna modificación tras las discrepancias con Sumar en los últimos días. No obstante, el Ejecutivo abre una vía para modificarlo dentro la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 introduciendo un incentivo que resultará de aplicación para las inversiones estratégicas realizadas desde el 1 de enero del año que viene.
Así lo avanzaron a La Información fuentes conocedoras y lo confirmó posteriormente en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo que facturasen más de 1.000 millones en 2019. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.
Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy lo han recurrido y entre todas han reservado más de 1.500 millones para hacer frente al impuesto extraordinario. La más afectada ha sido Repsol, que por su tamaño en España registró contablemente como gasto el pasado 1 de enero 444 millones, de los que ahora tendrá que pagar la mitad. Le sigue Cepsa, con 323 millones, y Naturgy, que ha calculado unos 300 millones -150 millones por año-, mientras que Iberdrola, con 216 millones, y Endesa, con 208 millones, han sido las menos perjudicadas.
Por su parte, desde la formación que lidera Yolanda Díaz han asegurado que el impuesto a la banca se queda como está. Este grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019 y el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España. Además, el Ejecutivo ha acordado con el EAJ-PNV integrar los gravámenes a la banca y a las energéticas en el régimen tributario de País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra. Se trata de una petición que la formación vasca ya hizo antes de la investidura de Pedro Sánchez. Además del traspaso de estos tributos.
Ocho años de tramitación de proyectos renovables
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a una ampliación de los hitos administrativos que deben cumplir miles de proyectos renovables con el fin de 'salvar' hasta 68.000 millones de inversiones y que estos no pierdan el permiso de acceso y conexión a la red eléctrica. Por lo tanto, el plazo para obtener la autorización administrativa de construcción del proyecto se incrementa seis meses, hasta el 25 de junio de 2024. Además, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años en total el plazo para obtener el último hito, hasta el 25 de junio de 2028, y que consiste en la autorización administrativa de explotación.
Según ha informado Transición Ecológica, los promotores sólo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante. El plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años. A finales de junio, la cartera que dirige Teresa Ribera ya dio seis meses más para la acreditación de la obtención de la autorización de construcción -la fecha límite era el 25 de julio- a los titulares de proyectos renovables y almacenamiento con permisos de acceso posteriores al 1 de enero de 2018.
En enero se aprobaron declaraciones de impacto ambiental para 45 GW, de los cuales 25 GW los tramitó la cartera de Ribera y otros 20 GW, las comunidades autónomas. Además, según los números del sector, hay otros 23 GW de potencia que cuentan con autorizaciones previas, lo que da como resultado 68 GW conectados a red. El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 MW o afecta a dos o más comunidades autónomas, mientras que esta últimas se encargan cuando la capacidad es inferior.
Desde la cartera que dirige Teresa Ribera destacan que con esta modificación también se propicia una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de la senda para cumplir los objetivos nacionales de producción de energía limpia fijados para 2030 y beneficiar más a toda la economía en un contexto de creciente electrificación. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha sido la primera asociación del sector en aplaudir la medida. En un comunicado, su presidente, Rafael Benjumea, ha señalado que el sector veía las fechas de consecución anteriores "como un riesgo para la viabilidad de proyectos clave para culminar la transición energética en nuestro país".
Más capacidad para el autoconsumo
El 10% de la capacidad de todos los nudos de la red de transporte de electricidad reservada para celebrar concursos de acceso, queda a su vez reservado para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo. El objetivo es favorecer a las instalaciones de gran escala, ligadas a la actividad industrial. Asimismo, se facilitará el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, habilitando a las comunidades autónomas -encargadas del reparto de fondos territorializados- a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación.
En cuanto a las subastas para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables, podrán incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%, como la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto u otros aspectos que mejoren la integración de las renovables en el sistema eléctrico. La última se celebró en noviembre de 2022 quedó desierta con apenas 50 megavatios (MW) adjudicados y con el plantón de las grandes eléctricas.
Por otro lado, se ha actualizado la retribución de la cogeneración, biomasa y tratamiento de residuos. La retribución a la operación que percibirán estas de instalaciones durante el primer semestre de 2024 asciende a 685 millones para la cogeneración y el tratamiento de residuos, y 2,23 millones para la biomasa. "Estas cifras no implican sobrecoste con relación a las estimaciones de la propuesta de metodología para actualizar la retribución a la operación que inició su tramitación en noviembre", ha matizado el Ejecutivo. También se extiende seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva, así como la flexibilización para modificar la potencia eléctrica contratada y los contratos de suministro de gas.
Al objeto de compensar en el sistema eléctrico la reducción de ingresos como consecuencia de la medida, en la ley de PGE que se apruebe para 2024 se dotará un crédito en la sección presupuestaria del Ministerio para la Transición Ecológica.
El Gobierno también pretende impulsar el almacenamiento hidroeléctrico de energía y lo ha integrado entre los usos del agua, ubicándolo en tercer lugar en el orden de preferencia establecido, por detrás del abastecimiento a poblaciones y el uso agrario, y por delante de la producción de energía eléctrica y de otros usos industriales. Igualmente, se adaptarán las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo para que se consideren como almacenamientos hidráulicos de energía y se propicie su repotenciación. La norma aprobada en el último Consejo de Ministros del año también incluye dos tipos de medidas para afrontar la sequía, de exención tributaria y de tipo administrativo, para corregir o mitigar la situación.
Así, durante 2024 se concederán exenciones sobre el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para las explotaciones agrarias beneficiarias de las obras hidráulicas en las siguientes cuantías: el 50% de reducción de la cuota si se ha producido una bajada de la dotación de agua superior al 40% e inferior al 60%. Y del 100% de reducción de la cuota si la bajada de la dotación de agua es igual o superior al 60%. También se habilita a las confederaciones hidrográficas a reducir suministros y modificar criterios de prioridad en el uso del agua para distribuir los recursos, al tiempo que se refuerza el régimen sancionador
