Dos meses después de la puesta en marcha del celebrado 'escudo social' del Gobierno para proteger a los trabajadores de los efectos de la parálisis económica desencadenada por las medidas de confinamiento decretadas por las autoridades sanitarias, alrededor de una quinta parte de los potenciales beneficiarios de esas coberturas continúan esperando a cobrar la prestación que les corresponde por ley. La persistencia de esta disfunción y la percepción de caos en la gestión que se ha generado en todas estas semanas ha empezado a generar un clima de tensión entre los afectados, que ha dado lugar a los primeros episodios de hostilidad hacia funcionarios de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), con amenazas verbales, situaciones de acoso e incluso intentos de agresión.
La situación ha adquirido tal tono en los últimos días que en la última reunión de la Mesa Delegada del SEPE -celebrada este lunes- una parte mayoritaria de la representación sindical instó encarecidamente al Departamento de Recursos Humanos del organismo público a retrasar la reapertura general de las oficinas de atención al público del organismo -prevista para el próximo lunes 25 de mayo, cuando se espera la transición a la fase 2 de la desescalada de buena parte del territorio- en tanto no se resuelva el problema del pago de las prestaciones pendientes a los cientos de miles de trabajadores que no han logrado cobrar su subsidio público y no se estabilice el flujo normal del pago de estas prestaciones.
En un acta de la reunión, a la que ha tenido acceso La Información, se da cuenta de la preocupación por el asunto manifestada tanto por el sindicato CSIF - mayoritario en el SEPE- como por UGT y de la petición expresa a la Dirección del SEPE de no proceder a la reapertura del servicio de atención al público "en tanto no pueda garantizarse el abono del total de las prestaciones pendientes, habida cuenta de lo que está sucediendo y de lo que pudiera llegar a ocurrir si se diese el caso". Los sindicatos recuerdan, asimismo, que en muchas oficinas no está garantizada la presencia de vigilantes de seguridad, ya que la misma depende de las comunidades autónomas -en la mayoría de las oficinas el servicio estatal comparte dependencias como los servicios autonómicos- y éstas no la tienen contratada.
El sindicato CSIF ya ha avanzado que de no cumplirse estas premisas considerará inadmisible cualquier plan de reapertura de la atención al público en el SEPE y se opondrá al mismo con "todos los medios a su alcance". El sindicato UGT también ha manifestado que considera esencial que se garantice la seguridad de los empleados dentro de cualquier plan que prevea la apertura al público de las oficinas. Ambas fuerzas sindicales entienden que abrir en este contexto y sin un sistema de cita previa muy estricto provocaría una avalancha de público que no solo desbordaría las oficinas sino que podría contribuir a una situación ya de por sí tensa, como han podido comprobar ya los trabajadores del SEPE por el tono de algunas de las llamadas telefónicas atendidas.
Según se refleja en el acta de la reunión, el SEPE continúa con su intención de abrir sus oficinas de atención al público el próximo día 25 de mayo, a pesar de que además de los problemas de seguridad las dificultades para garantizar el mínimo de personal necesario para dar esa atención pueden ser elevadas, tanto por la obligación del organismo de garantizar el teletrabajo a aquellos trabajadores que así lo deseen por sus circunstancias personales como por su obligación de respetar el permiso retribuido por fuerza mayor a los empleados con personas vulnerables a su cargo, cuya vigencia se ha prorrogado hasta el próximo mes de septiembre.
Caos administrativo y falta de recursos
La crisis del coronavirus y las medidas adoptadas para paliar sus efectos han empujado a los funcionarios de los Servicios Públicos de Empleo hacia el ojo de una especie de tormenta perfecta. El catálogo de nuevas prestaciones activadas por el Ejecutivo para dar cobertura a la pérdida de rentas de segmentos como los trabajadores cubiertos por un ERTE, la prestación de cese de actividad de los autónomos o los subsidios especiales para determinados colectivos sin derecho a prestación en el marco legal ordinario pero que se habían visto afectados por las consecuencias de la Covid-19 (compromisos laborales suspendidos por la pandemia o fijos discontinuos cuyo periodo de actividad se iniciaba durante el confinamiento), ha disparado la carga de trabajo para los trabajadores del organismo, que según un informe realizado por CSIF a partir de datos proporcionados por SEPE tramitan hoy de media seis veces más prestaciones que les que gestionaban antes de la crisis.
La disposición de dobles turnos de jornada, el trabajo en fines de semana, los refuerzos coyunturales dispuestos desde el Ministerio de Trabajo -a la fecha se han incorporado 780 de los 1.000 trabajadores de refuerzo prometidos- y hasta la ayuda externa de Tragsatec no han sido suficientes frente a los problemas en los primeros compases para habilitar el teletrabajo, el colapso generado en los primeros días por la intención del departamento de Yolanda Díaz de dar autorización previa a todos los expedientes presentados - a la que acabó por renunciar días después -, la demora de la Seguridad Social en habilitar los códigos necesarios para la tramitación de las prestaciones y también los errores en la cumplimentación de los formularios de las empresas, alimentados también por los constantes cambios dispuestos desde el Gobierno.
A mediados de abril prácticamente nadie había percibido su prestación y a día de hoy, después de un esfuerzo titánico por parte de los empleados del SEPE, hay un 20% de potenciales beneficiarios que aún esperan su subsidio. A la situación tampoco ha ayudado que cerca de una quinta parte de la plantilla del SEPE estuviera en el dique seco, por estar contagiados, estar en cuarentena o estar dispensados de sus obligaciones laborales por algunas de las situaciones de cuidado de hijos, familiares mayores de 65 años o con situación de discapacidad previstas en el esquema de emergencia habilitado por el Gobierno para los funcionarios en los primeros días de la crisis del coronavirus.
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