Francia no está dispuesta a dar su brazo a torcer en la reforma de las reglas fiscales europeas, actualmente en negociación. París ha reclamado que el texto sobre el que trabajan los Veintisiete suavice el ajuste de déficit a aquellos países que se comprometen a realizar inversiones y reformas estructurales. De hecho, advierte de que esta será una "línea roja" para que dé luz verde a un acuerdo, sobre el que España está trabajando de forma intensa, al tocarle coordinar las negociaciones como país que asume este semestre la presidencia de turno del Consejo Europeo.
"Hay una línea roja que Francia no cruzará (...): queremos que se conserve en todo momento una incitación a invertir y a hacer reformas estructurales para todos los Estados miembros, cualquier que sea su situación financiera", dijo el ministro de Finanzas del país, Bruno Le Maire, en un encuentro telemático con medios de comunicación recogido por la agencia EFE.
Según París, este es el único punto de fricción que persiste entre Alemania y Francia en la recta final de la negociación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sobre el que los ministros de Economía y Finanzas de la UE buscarán un acuerdo durante una cena esta noche en Bruselas que podría prolongarse hasta el viernes. España y otros países del Sur de Europa están alineados con la posición gala.
Reducir el ajuste estructural anual al 0,3%
Francia pide en concreto que los países sujetos a un expediente por exceso de déficit (superior al 3% del PIB) puedan reducir el ajuste estructural anual del 0,5% del PIB que les exigen las normas en dos décimas (hasta un 0,3%) si se comprometen a llevar a cabo inversiones y reformas estructurales durante los cuatro años que dura dicho periodo de ajuste.
Le Maire ha incidido en que París acepta el ajuste del 0,5% estructural, pero reivindica este margen de "flexibilidad" para que el ajuste sea "limitado" y los Gobiernos puedan seguir invirtiendo ya que impedírselo "sería totalmente contraproducente, un error económico y un fallo político". El objetivo es evitar a toda costa que unos ajustes demasiado intensos puedan comprometer el proceso de recuperación, como ya sucedió tras la pasada crisis financiera.
El ministro galo defendió que se trata de una propuesta "razonable" y que "Francia ha dado pasos significativos" hacia la posición alemana, aceptando las cláusulas de salvaguarda que exigirán una reducción anual media mínima de la deuda para los países cuyos ratios rebasen el 60% del PIB y que los países con un déficit incluso inferior al tope del 3% del PIB tenga que conducirlo al 1,5%.
La clave, el indicador con el que se mida el esfuerzo fiscal
Francia quiere reglas "claras, firmes y creíbles" que puedan ser aplicadas, pero no unas normas "irrealistas" que no lleguen a aplicarse nunca, insistió Le Maire, subrayando que su país seguirá negociando "de buena fe" para lograr un acuerdo antes de que termine 2023.
Pese a que París llegará a la cita con esta nueva línea roja, el debate más acuciante entre los Veintisiete de cara a las próximas horas de negociación está relacionado con el indicador que se empleará para medir el esfuerzo fiscal requerido a los países con un déficit superior al 3% del PIB y a los que se ha abierto un expediente por ello.
La discusión gira en torno a si el ajuste debe realizarse sobre el déficit estructural o el déficit estructural primario: la diferencia entre estos dos es que el primero incluye el pago de los intereses de la deuda y el segundo no lo tiene en cuenta, por lo que este último conllevaría una suavización del ajuste sobre todo en épocas con altos tipos de interés, como la actual -y toda vez que el Banco Central Europeo ha incidido en que estos permanecerán así por más tiempo del previsto-.
Italia lidera el grupo de países que abogan por utilizar el déficit primario para cuantificar el ajuste exigido, pero otros como Alemania o Países Bajos lo rechazan porque consideran que esto derivaría en correcciones "demasiado lentas" del desfase entre ingresos y gastos públicos.
La reforma de las reglas fiscales está compuesta de tres reglamentos distintos y estas dos cuestiones abiertas forman parte de una normativa que debe ser aprobada por unanimidad, lo que en la práctica significa que cualquier país puede vetarlo si considera que el texto no está a la altura de sus exigencias.
