Los planes de pensiones de empleo, un mecanismo asentado en Europa y eficaz, como se ha demostrado en País Vasco, donde la mitad de los trabajadores están cubiertos por Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), se han convertido en un eje fundamental de la reforma de pensiones impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, el macrofondo público que busca impulsar el ministro José Luis Escrivá, que deberá pasar el examen del Congreso de los Diputados en unos días para no frenar la llegada de los millonarios fondos europeos, ha provocado serias discrepancias entre los partidos políticos y, también, entre los agentes sociales, básicamente por los incentivos que debe incluir y su modelo de gestión.
El ambicioso proyecto del ministro, que aspira a que el nuevo fondo, promovido por el Estado, pero gestionado por empresas privadas, maneje hasta 120.000 millones en diez años y que uno de cada dos trabajadores participe en él, fundamentalmente autónomos y trabajadores de pequeñas empresas, busca complementar las pensiones futuras a través de las aportaciones de trabajadores y empresas y la supervisión pública. El pacto del Gobierno con EH-Bildu para subir un 15% las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre de 2022 a cambio de no votar en contra del fondo parece suficiente para que el texto salga adelante, aunque será por la mínima y con el voto en contra, en principio, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciudadanos y Partido Popular.
Mientras, la decidida apuesta fiscal del Gobierno por los planes de empleo, en detrimento de los individuales, que supuestamente benefician a las grandes rentas, no ha servido para reactivar los primeros y ha hundido los segundos. La decisión está basada en buena medida en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que dirigió Escrivá, que se publicó hace dos años y dejaba patente el carácter regresivo del diseño de los planes individuales. En 2022, según recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la desgravación en el IRPF de estos productos a quedado reducida a 1.500 euros en la base imponible frente a los 10.500 euros en los planes colectivos, para trasladar los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas.
El patrimonio de fondos ha sufrido un importante retroceso en lo que va de año. Mientras, el número de planes individuales cae a niveles de 2003
La determinación del Ejecutivo ha tenido efectos negativos en estos productos de ahorro y la estadística periódica que elabora la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) muestra que apenas en 12 meses se han perdido casi 140.000 partícipes, 71.600 en los individuales, 60.600 en los de empresa y hasta 7.500 en los asociados, que son aquellos impulsados por asociaciones, gremios o sindicatos. El número de partícipes -9.393.236- es ya el menor desde hace 17 años.
En cuanto a las aportaciones, comparando el primer trimestre de 2022 -último dato disponible- con el último de 2020, el último año con importantes incentivos fiscales para los individuales y teniendo en cuenta que buena parte de los ingresos se realizan en los últimos meses del año las contribuciones se han reducido en 1.790 millones de euros. Comparado con el primer trimestre de 2020, la diferencia supera los 300 millones. Solo en lo que va de año el patrimonio de los fondos ha disminuido en 4.300 millones, 3.200 de ellos de planes individuales, la mayor caída desde el inicio de la crisis en 2008. Mientras, apenas hay 877 planes individuales a fecha de marzo y hay que remontarse a 2003 para encontrar un cifra más baja. La rentabilidad media anual de estos mecanismos es del 2,8% y, en el medio plazo (10 y 15 años), del 3,7% y 2,2% respectivamente.
Los actuales planes de empresa apenas benefician al 10% de los trabajadores y son las administraciones públicas y las grandes compañías la que se han volcado en mayor medida en estos productos de ahorro, que suponen un colchón de cara a la jubilación. El Gobierno quiere potenciar los planes de pensiones de empleo mejorando sus beneficios fiscales, agilizando los procedimientos e impulsando su uso, también a través de la negociación de los convenios colectivos sectoriales. Es el objetivo del anteproyecto de la ley reguladora para el impulso de los planes de pensiones de empleo aprobado por el Consejo de Ministros este martes, que ahora está en negociación con los agentes sociales.
Una de las principales ventajas con las que contarán los planes de empleo será que tendrán cargos muy inferiores a los individuales. Escrivá se ha comprometido ha reducir los trámites y la burocracia para poner en marcha los planes colectivos, que según el ministro frenaban su desarrollo. La extensión de estos planes pretende garantizar las pensiones de la numerosa generación del 'baby boom', el reforzamiento de la negociación colectiva y la mejora progresiva de la fiscalidad de los planes de empleo. Los nacidos entre 1958 y 1977 serán los más afectados por la reforma de pensiones y deberán afrontar, aumentos de sus cotizaciones, recortes importantes por retiro anticipado y el factor de equidad intergeneracional vinculado al envejecimiento. El macrofondo supondrá una ayuda añadida a la pensión, que se ha demostrado útil en Europa, pero su eficacia solo podrá verse en el largo plazo.
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