La 'excepción ibérica' llega a su fin y con ello un nuevo cambio en la factura de la luz. Entró en vigor el 15 de junio de 2022 y el mecanismo produjo ciertas discrepancias entre el Gobierno y las comercializadoras sobre cómo se debía reflejar en el recibo. Tras casi seis meses desde su puesta en marcha, el Ejecutivo zanjó cualquier discusión e impuso a las compañías un modelo estándar. Ahora, tras el último Consejo de Ministros, celebrado el 27 de diciembre de 2023, el Gobierno ha anunciado cambios en el IVA de la electricidad en 2024. El 5% aplicado durante los últimos meses pasará al 10% a partir del 1 de enero de 2024.
El lío vino por quién debía sufragar la compensación que reciben las compañías eléctricas por el ‘cap’ al precio del gas para la generación de electricidad. Según la normativa, se reparte entre todos los usuarios del mercado eléctrico, menos en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla y en los contratos con un precio fijo -mercado libre- que sean anteriores al 26 de abril de 2022, pues al tener cliente y empresa una tarifa pactada no se estarían beneficiando de la medida. Dicho de otro modo, sufragan el coste de la compensación los contratos con tarifa regulada, y a los contratos con precio fijo se les empezó repercutir en el momento que les tocó renovar. Ahí es cuando las eléctricas subieron el precio del mismo en la parte proporcional que les corresponda.
En las facturas del mercado regulado, este cargo va incorporado dentro del precio de la energía, mientras que en los recibos del mercado libre se muestra en una línea aparte. En ambos casos, el importe por cada kWh consumido es el mismo. Hay que tener en cuenta que el coste del tope es variable y depende del día, por lo que no se puede calcular cuál es el precio final de la factura o tarifa total incluyendo este importe. Endesa pidió que quedaran exentos de la compensación los contratos del mercado libre que se revisaran conforme al IPC. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazó el recurso, como publicó La Información.
Más transparencia en las facturas
El Ministerio para la Transición Ecológica fue tajante y, desde diciembre de 2022, las comercializadoras están obligadas a informar con claridad sobre la compensación que reciben las eléctricas por la 'excepción ibérica'. La factura debe incluir así una nomenclatura estandarizada y transparente sobre el precio medio de ajuste. También un enlace y un código QR que derive al comparador de ofertas de la CNMC así como recomendaciones de ahorro y eficiencia energética.
Desde el Ejecutivo querían que quedara claro que son las empresas las que deciden trasladar al consumidor el coste del tope y obligó a que se introdujera en el recibo "de forma clara e inequívoca", en un apartado independiente dentro de la factura de electricidad, la siguiente redacción: "Las comercializadoras en mercado libre pueden elegir voluntariamente repercutir el importe de la energía asociada a la compensación del mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, dentro de sus costes de aprovisionamiento, o bien trasladarlo de forma diferenciada a sus consumidores. En este caso, su comercializadora ha optado por esta última opción".
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó incluso a decir que las eléctricas estaban tirando de "calificativos creativos" para incluir en la factura el tope y que así pareciera que era una tasa que había creado el Gobierno. La 'excepción ibérica' lleva inactiva desde febrero por los menores precios del gas, por lo que desde entonces el precio de ajuste ha sido cero.
Las compañías denuncian que el mecanismo ha implicado que unos 20 millones de clientes que habían firmado sus contratos con precio a tipo fijo en el mercado libre hayan pagado un coste extra de unos 2.000 millones de euros en sus facturas de la luz por la exportación de electricidad 'barata' a Francia, Portugal y Marruecos. Por el contrario, desde el Gobierno defienden que ha permitido ahorrar más de 5.000 millones a las familias.
Gran lío con la nueva tarifa por tramos de consumo
Fuentes del sector consultadas por este medio señalan que eliminar la 'excepción ibérica' no supondrá ninguna dificultad técnica en el proceso de facturación y que, por tanto, no se esperan problemas como cuando se aprobó -en junio de 2021- la tarifa eléctrica con la que los consumidores pasaron a tener precios diferenciados por tramos horarios, para la potencia y el consumo.
La nueva estructura tarifaria nació con el objetivo de que el consumidor pudiera obtener ahorros trasladando el uso de electrodomésticos hacia periodos más baratos. Con los cambios, Competencia aconsejó a hogares y empresas que redujeran el consumo en el periodo punta -el más caro- y lo trasladaran a periodos llanos y valle. Esto creó un gran desconcierto entre los consumidores e incluso fueron muchos los que plantearon poner la lavadora o el lavavajillas durante la madrugada. Con el fuerte despliegue de potencia solar fotovoltaica en los dos últimos años, el coste de las horas se han invertido y ahora es más barato enchufar los electrodomésticos de día en vez de por la noche.
Hasta este punto todo son ventajas, ya que incluso a los consumidores domésticos se les dio la opción de contratar dos potencias diferentes. Sin embargo, la nueva tarifa trajo consigo un enorme lío y muchas distribuidoras dejaron de pasar las lecturas de los contadores a las comercializadoras -que son las que preparan y emiten el recibo- debido a que los sistemas informáticos no estaban adaptados a la manera a la que pasaron a facturarse los peajes y los cargos. Las distribuidoras denunciaron que no se dio el plazo suficiente para la implantación de tanto cambio y que el sector se vio empujado a hacer múltiples ajustes que derivaron en los retrasos de emisión de facturas. Ante tremendo desajuste, con clientes que sumaban facturas de más de 1.000 euros, las comercializadoras se vieron obligadas a fraccionar el pago si así lo solicitaba el consumidor.
Los cargos de la electricidad se mantienen
Sin embargo, los cambios normativos más importantes que atañen en la actualidad en la factura de la luz son los relacionados con el 'escudo social', ya que sí tendrán impacto en el bolsillo del consumidor. El Gobierno mantendrá el IVA de la electricidad en el 10% durante todo el 2024, frente al 5% actual. La rebaja se aplica para consumidores domésticos con una potencia eléctrica que no supere los 10 kW y si el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista supera los 45 euros megavatio hora (MWh), algo que sucede sistemáticamente desde el verano de 2021. Si no, la rebaja solo es para los consumidores vulnerables severos.
Por su parte, el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) estará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio. Además, los cargos de la electricidad se mantendrán en el mismo nivel que ahora durante todo 2024, esto es, alrededor de un 55% por debajo del nivel que tenían en 2021, antes del estallido del conflicto en Ucrania.
Hasta 48 euros más al año en la factura
Fue a partir de mediados de 2021 cuando el Ejecutivo comenzó a adoptar medidas para paliar los efectos de la crisis energética. Según el comparador Kelisto, bajo un escenario en el que se recuperara el 5,11% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la subida del IVA queda limitada al 10%, la factura de la luz subirá alrededor de un 9,5% al año, lo que supone unos 48 euros. Según los cálculos de la compañía, basados en las tarifas más baratas del mercado libre de electricidad durante diciembre de 2023 en la modalidad de precio fijo (la más contratada), la factura promedio se sitúa en los 42,03 euros al mes.
Así queda la cobertura del bono social
Entre las disposiciones que se mantendrán hasta el 30 de junio de 2024 figuran la prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, así como los descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos.
El bono social eléctrico solo se aplica para los domicilios habituales de personas físicas (no vale para empresas o sociedades) y siempre que tengan una potencia contratada igual o inferior a 10 kW. Para poder solicitarlo, hay que tener contratada la tarifa regulada, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), y además cumplir alguno de los requisitos personales, familiares o de renta, recogidos en el Real Decreto 897/2017, y con efecto temporal, en el Real Decreto-ley 18/2022.
La solicitud hay que tramitarla a través de cualquiera de las ocho comercializadoras de referencia (COR) que hay en España: seis actúan en la Península Ibérica, Canarias y Baleares -y hay dos específicas para Ceuta y Melilla-. En concreto, son Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser COR (EDP), Régsiti (Repsol), CHC COR (CHC), Teramelcor (Gaselec Diversificación) y Energía Ceuta XXI (Endesa).
