Fue uno de los elementos novedosos del Pacto por el Saneamiento de la Economía que propuso este martes el candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención inicial en el debate de investidura. El líder del PP apostó por abordar la reforma del modelo de financiación autonómica -el vigente expiró en 2014- en el primer semestre del año que viene. Pese a que, salvo sorpresa de última hora, el responsable del principal partido de la oposición no cuenta con los apoyos necesarios para poder gobernar, sí que aprovechó su discurso para lanzar este órdago a Pedro Sánchez. Y lo hizo en un momento clave, dado que el ámbito fiscal se ha convertido en un polvorín entre las distintas administraciones públicas que propicia desencuentros de las comunidades entre sí -independientemente de su signo político- y de estas con el Ejecutivo Central, algunos incluso con los tribunales de por medio.
Feijóo lanzaba este dardo a Sánchez, que se comprometió como sus antecesores a reformar el modelo de reparto territorial y finalmente no llegó a abrir ese melón, para recordarle inmediatamente después que su partido no sólo es la primera fuerza política en el Congreso por número de escaños, sino que también cuenta con la mayoría absoluta en el Senado, gobierna en doce comunidades y en las dos Ciudades Autónomas, es decir, para "más de dos terceras partes de la población española". El PP, que cuenta con la Presidencia de la FEMP, gobierna en más de 3.200 municipios, entre ellos 30 de las 50 capitales de provincia y 27 diputaciones provinciales, le recordó el líder popular.
"No menciono estas cifras para vanagloriarme de nada, sino para formular una simple pregunta: ¿Puede nadie aspirar a gobernar España desconociendo y dando la espalda al partido que sostiene toda esta presencia territorial?", zanjó. Fuentes próximas al Gobierno sostienen a este diario que la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de situar la financiación entre las políticas prioritarias de cara a la próxima legislatura no tiene ninguna relevancia en tanto que el candidato no cuenta con opciones para ser investido Presidente. "Son palabras vacías, dado que ese escenario es implanteable por el momento", sostienen. Y ponen en duda que el propio Núñez Feijóo fuese capaz de poner de acuerdo, a la vez, a Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Galicia.
La autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso tiene presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas, al igual que Andalucía y Galicia -las tres autonomías que cuentan con bonificaciones al Impuesto sobre el Patrimonio-. El tributo, con el que el Gobierno central trataba de evitar el 'dumping fiscal' de estos territorios a otras autonomías, fue respaldado por el Congreso en diciembre y si el Alto Tribunal no se pronuncia en contra, seguirá en vigor para 2024. Las diferentes reacciones han dado lugar a una "conflictividad institucional" que para el Consejo General de Economistas (CGE) hace que la situación sea "insostenible".
La discrepancia entre territorios que trasciende las líneas políticas de izquierda y derecha se hará evidente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que tienen representación los gobiernos autonómicos y el central y en el que es preciso cerrar un acuerdo antes de elaborar el proyecto de reforma del sistema de financiación, de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (8/1980). Sin embargo, el Ejecutivo central cuenta con la mitad de los votos por lo que podría sortear los inconvenientes planteados por alguna de estas comunidades autónomas.
Clave en las negociaciones del PSOE
La actual configuración del Congreso, en el que han entrado nuevos partidos de corte regionalista -principalmente integrados en Sumar- y la necesidad de sustentar el nuevo gobierno encabezado por el PSOE en PNV, EH Bildu, ERC y Junts hacen que esta cuestión también vaya a ser clave en las negociaciones para reeditar el gobierno de coalición. De hecho, esta fue la primera exigencia reivindicada desde el sector catalán para conceder sus apoyos a Pedro Sánchez, aunque los independentistas pusieron el foco en la condonación de la "deuda histórica" antes que en la reforma del sistema. Junts la cifró en 450.000 euros y además, demandó el perdón de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
La misma exigencia se vertió a los pocos días desde la coalición liderada por Yolanda Díaz. La dirigente de Compromís, Àgueda Micó, advirtió apenas una semana después de las elecciones generales que no estaba dispuesta a investir a Pedro Sánchez si no condonaba la "deuda histórica" de la Comunidad Valenciana, que entienden que asciende a 40.000 millones por la sucesiva "infrafinanciación autonómica". Una línea que también defendió el diputado por Més per Mallorca, Vicenç Vidal, que se mostró dispuesto a "marcar la diferencia" y "ser decisivos" en materia de financiación a la hora de recoger su acta de diputado. "Queremos avanzar hacia un modelo de financiación similar al concierto económico del País Vasco" en el que las Islas Baleares recaudarían y gestionarían los impuestos para "poner fin al expolio fiscal".
En las últimas semanas, el PSOE ha querido guardar silencio, a la espera de que se votase la investidura del líder 'popular' que todo apunta a que no prosperará. La financiación ha pasado a un segundo plano frente a la amnistía, sin embargo, el candidato socialista se había comprometido en su programa a impulsar "la aprobación en el plazo máximo de un año de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad". Por tanto, el dardo lanzado por Feijóo no choca con el planteamiento del PSOE, pero le invita a acelerar sus tiempos. Los socialistas buscan introducir la "corresponsabilidad fiscal como elemento imprescindible de gobernanza" con el fin de evitar "paradojas de propiciar renuncias a la capacidad fiscal propia, al tiempo que se reclaman más recursos al sistema", según reflejaron en su programa, lo que constituye una crítica velada al PP.
Este miércoles, minutos antes de entrar en el hemiciclo para asistir a la votación de la investidura, la ministra de Hacienda y Función Pública recogía el guante lanzado por Feijóo asegurando que su departamento "ya ha comenzado estos trabajos" después de una legislatura en la que entiende que primero la pandemia y después la guerra han impedido la reforma del sistema autonómico de financiación. María Jesús Montero ha apuntado a la necesidad de avanzar hacia un modelo que garantice la suficiencia de recursos de todas las comunidades para que los ciudadanos puedan acceder en igualdad a la Educación o la Sanidad y ha rebajado la reclamación de la "deuda histórica" con Cataluña con el argumento de que "todas las comunidades autónomas consideran que el modelo de financiación autonómica no les aporta la suficiencia de recursos" para atender las competencias que tienen asignadas.
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